El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) han reafirmado su papel crucial como garantes de la seguridad jurídica en el inminente proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en España. Ambas instituciones han insistido en la necesidad de una participación activa y cualificada de la abogacía, destacando su formación jurídica de alto nivel y su sujeción a estrictas normas deontológicas profesionales.
La defensa de este papel se materializó en una reunión celebrada en la sede de la Abogacía Española, donde representantes del CGAE y el ICAB se reunieron con altos cargos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El encuentro tuvo como objetivo coordinar esfuerzos y asegurar que el proceso de regularización se desarrolle con las máximas garantías legales y de protección de los derechos de los ciudadanos.
Durante la reunión, se subrayó la importancia de la formación especializada y el respeto a los principios deontológicos en el ejercicio de la abogacía como elementos fundamentales para la defensa de los derechos de los extranjeros en situación irregular. Se reconoció que un asesoramiento jurídico adecuado es esencial para asegurar la correcta interpretación y aplicación de la normativa, prevenir situaciones de indefensión y fomentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Como resultado de este acuerdo, se ha establecido un marco de cooperación que se traducirá en una serie de acciones conjuntas destinadas a informar y orientar a la ciudadanía sobre el proceso de regularización. Estas acciones incluirán la divulgación del proceso a través de diversos canales, la organización de jornadas informativas, mesas redondas y campañas de sensibilización, con el objetivo de ofrecer información clara y accesible a todos los interesados. La primera de estas jornadas está prevista para el mes de abril y marcará el inicio de una serie de actividades coordinadas que se extenderán a lo largo de los próximos meses.
La reunión de trabajo fue presidida por Cristina Vallejo, decana del ICAB, acompañada por Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, y Borja Vargues, secretario general técnico de la institución. Por parte de los ministerios, asistieron Santiago Hierba, director general de la Gestión Migratoria; Aitor Juara, director del Gabinete de la ministra de Inclusión; Eva Martínez Montero, directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones; y Samuel Meilán, asesor del Gabinete del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, participó en el cierre de la reunión, donde se compartieron las principales conclusiones alcanzadas.
Salvador González, presidente del CGAE, enfatizó que en esta nueva regulación, que afectará a miles de personas en situación de vulnerabilidad, es fundamental contar con asesoramiento jurídico cualificado para asegurar la correcta interpretación y aplicación de la normativa, prevenir situaciones de indefensión y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Cristina Vallejo, decana del ICAB, añadió que la participación de la abogacía es una garantía esencial para la ciudadanía, ya que les protege frente al intrusismo y las prácticas engañosas. Subrayó que los abogados, como profesionales cualificados y sometidos a un estricto código deontológico, son los más capacitados para ofrecer un asesoramiento jurídico fiable y de calidad.
Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, hizo un llamamiento a las Administraciones Públicas para que respeten y hagan respetar la participación efectiva de los profesionales de la abogacía en el desarrollo del proceso de regularización. Asimismo, instó a reforzar los mecanismos de asistencia jurídica, especialmente para los colectivos más vulnerables, y a combatir de forma activa cualquier forma de abuso que no respete el marco jurídico.
El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, concluyó recordando que la regularización extraordinaria debe construirse sobre bases sólidas de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales. En este contexto, afirmó que la abogacía no solo es necesaria, sino imprescindible para garantizar que el proceso se desarrolle de manera justa y equitativa. Sin abogacía, no hay garantías , sentenció.
La colaboración entre la Abogacía Española, el ICAB y los ministerios involucrados se presenta como un pilar fundamental para el éxito del proceso de regularización, asegurando que los derechos de los extranjeros en situación irregular sean protegidos y que el proceso se desarrolle con transparencia y seguridad jurídica. La Abogacía se compromete a poner a disposición de la ciudadanía sus conocimientos y experiencia para facilitar el acceso a la información y el asesoramiento jurídico necesario, contribuyendo así a una regularización justa y eficaz.
