El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) llevó a cabo una reunión estratégica durante este pasado fin de semana con el objetivo fundamental de reforzar los procesos de evaluación técnica en las edificaciones de la ciudad de Caracas. Esta medida surge como respuesta directa a los daños ocasionados en diversas estructuras tras los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio, buscando garantizar que los diagnósticos sean precisos y orientados a la seguridad ciudadana.
El encuentro contó con la presencia de las máximas autoridades del gremio, encabezadas por el presidente del CIV, Enzo Betancourt, quien estuvo acompañado por los miembros de la Junta Directiva Nacional: José Gregorio Chacón, Daribel Ávila y Rafael Argotti. La importancia técnica de la jornada se vio respaldada por la participación de Alfredo Urich, presidente de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación (Alconpat-Venezuela), junto a otros directivos de dicha entidad, además de la asistencia de más de 200 líderes de brigadas y representantes oficiales de Protección Civil.
Durante su intervención, Betancourt reafirmó el compromiso del gremio con la contingencia actual, subrayando los valores de credibilidad, transparencia y entrega que han caracterizado la actuación de los profesionales de la ingeniería. El presidente del CIV destacó que se están aplicando correctivos de manera continua para afinar la atención técnica, asegurando que la respuesta institucional se adapte a las necesidades reales de la coyuntura actual, según se detalla en la nota de prensa emitida por la institución.
Desde el ámbito operativo, el ingeniero Jesús Vásquez, integrante de la Comisión del CIV para la Evaluación Técnica de Estructuras, brindó detalles exhaustivos sobre la logística del despliegue en la capital. Vásquez informó que en la reunión participaron los líderes de los más de 200 grupos de brigadas conformados específicamente para realizar las inspecciones en Caracas. El propósito central de este despliegue es lograr una coordinación superior que permita cubrir el territorio de manera eficiente y sistemática.
Vásquez enfatizó que el encuentro sirvió para despejar dudas técnicas y organizativas con los coordinadores de campo. Asimismo, subrayó que la comunicación permanente entre los ingenieros brigadistas voluntarios es un factor crítico para el éxito de la operación, ya que permite un mejor desenvolvimiento de las actividades y una resolución inmediata de cualquier interrogante que surja durante las evaluaciones en sitio.
En cuanto al flujo de trabajo, se ha establecido un proceso de coordinación riguroso. Las brigadas tienen la instrucción de notificar directamente a Protección Civil una vez que hayan culminado las inspecciones en una zona determinada. Este mecanismo de reporte es esencial para proceder al pegado de las etiquetas de riesgo, una acción coordinada que evita la duplicidad de trabajos y elimina la necesidad de realizar reinspecciones innecesarias, optimizando así el tiempo y los recursos humanos disponibles. Las labores se mantendrán concentradas prioritariamente en el Área Metropolitana de Caracas, debido a su alta densidad poblacional y el nivel de afectación observado.
Respecto a la fuerza laboral voluntaria, surgió la interrogante sobre una posible tercera convocatoria para continuar con el proceso de inducción de nuevos profesionales. Al respecto, el ingeniero Vásquez señaló que la institución se encuentra actualmente en un proceso de reingeniería y que están en vías de cumplir la meta propuesta inicialmente. Aunque aclaró que cuentan con personal suficiente y eficiente que ha respondido a los llamados, indicó que, si bien no hay una nueva convocatoria prevista por el momento, esta posibilidad no está descartada del todo.
Uno de los puntos más relevantes de la reunión fue la aclaratoria sobre la señalética de riesgo. El CIV fue enfático al señalar que la colocación de una etiqueta roja no debe interpretarse automáticamente como una orden de demolición del inmueble. La institución explicó que la etiqueta roja funciona como un aviso preventivo que alerta sobre condiciones de peligro inminente, sugiriendo la desocupación preventiva de la estructura para salvaguardar vidas, pero no decreta la pérdida total del edificio.
Para llegar a una decisión final sobre el destino de una edificación marcada en rojo, el CIV estableció que la estructura afectada será sometida a un análisis exhaustivo y un diagnóstico profundo realizado por especialistas en patología estructural. Este proceso se desarrollará en una segunda fase, donde ingenieros estructuralistas y patólogos reevaluarán los inmuebles. Gracias a este análisis detallado, aquellos edificios que presenten daños reparables podrán experimentar un cambio en su estatus, pasando a etiqueta amarilla o verde, dependiendo de las condiciones técnicas reales y las correcciones aplicadas.
