El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, defendió este 30 de marzo de 2026 la modificación de la fecha de las elecciones seccionales, negando que se trate de un proceso anticipado. La decisión, según Pita, busca garantizar la participación ciudadana en condiciones adecuadas ante la posible afectación del fenómeno de El Niño. La medida ha generado controversia y ya enfrenta acciones legales ante la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En una entrevista en el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas, Pita explicó que la decisión del CNE se basa en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos que advierte sobre potenciales impactos del El Niño que podrían impedir el voto de hasta 1,5 millones de ecuatorianos y obligar a miles a desplazarse a albergues temporales. Se tiende a confundir a la ciudadanía como que esto es una elección anticipada. No, en lo absoluto. Lo que buscamos es garantizar que todos los ecuatorianos puedan participar en condiciones adecuadas , afirmó.
Pita minimizó la importancia de si el CNE solicitó formalmente el informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos. No es un asunto que yo me preocupe cómo llega a mis manos , respondió, añadiendo que no recuerda si el organismo electoral requiere anualmente pronósticos climáticos previos a la organización de comicios. El informe en cuestión señala que, si bien la ocurrencia del fenómeno no está confirmada, se evidencian señales oceánicas y atmosféricas que justifican mantener un enfoque preventivo .
El vicepresidente del CNE insistió en que no existen antecedentes similares en el país, pero argumentó que el organismo tiene la obligación de actuar de manera preventiva. Reconoció que el cambio de fecha implica una reducción del periodo de campaña de un mes a 14 días , pero lo consideró una medida necesaria en el contexto actual. Es lo que hay y es lo que tiene que suceder , sostuvo.
Durante la entrevista, Pita manifestó su desacuerdo con la presidenta del CNE, Diana Atamaint, respecto a la posibilidad de que la Corte Constitucional revise la constitucionalidad de la decisión. Yo discrepo respecto a que en algún momento dado la Corte Constitucional pudiera establecer el hecho de que una decisión tomada no sea constitucional y eso sí es una alerta importante , declaró.
La decisión del CNE ha sido objeto de críticas desde diversos sectores. Incluso el embajador de Ecuador en Suecia, Inty Gr nneberg, expresó su preocupación a través de la red social X (antes Twitter). Entiendo la necesidad de anticipar riesgos. Pero en democracia, la previsión no puede reemplazar la institucionalidad. Principio elemental: Las reglas deben ser estables precisamente cuando más incertidumbre hay , escribió Gr nneberg.
La modificación del calendario electoral ha generado interrogantes sobre la transparencia y la estabilidad de las reglas del juego democrático. La reducción del periodo de campaña podría afectar la capacidad de los candidatos para presentar sus propuestas y movilizar a sus bases. Además, la incertidumbre generada por la posible afectación del El Niño podría desincentivar la participación ciudadana.
El CNE se enfrenta ahora al desafío de garantizar la transparencia y la equidad del proceso electoral en un contexto de incertidumbre climática y controversia política. La Corte Constitucional y el TCE deberán analizar la legalidad y la constitucionalidad de la decisión del organismo electoral, mientras que los candidatos y la ciudadanía deberán adaptarse a las nuevas condiciones.
La situación plantea un debate sobre la necesidad de equilibrar la prevención de riesgos con el respeto a los principios democráticos y la estabilidad de las instituciones. La respuesta del CNE y de las autoridades competentes será crucial para preservar la confianza en el proceso electoral y garantizar la legitimidad de los resultados.
El informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que sirvió de base para la decisión del CNE, detalla las posibles consecuencias del El Niño en diferentes regiones del país. Se prevén lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos de tierra y otros fenómenos meteorológicos que podrían afectar la infraestructura electoral y dificultar el acceso a los centros de votación.
El CNE ha anunciado que tomará medidas para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de los votantes y de los funcionarios electorales. Se establecerán protocolos de emergencia, se habilitarán albergues temporales y se coordinará con las autoridades locales para asegurar la continuidad del proceso electoral.
Sin embargo, la oposición ha cuestionado la falta de transparencia en la toma de decisiones y ha denunciado la posibilidad de que el cambio de fecha tenga fines políticos. Se argumenta que la reducción del periodo de campaña podría favorecer a los candidatos que ya cuentan con mayor reconocimiento y recursos.
La Corte Constitucional y el TCE deberán evaluar estas acusaciones y determinar si la decisión del CNE se ajusta a la Constitución y a la ley. La resolución de estos recursos legales podría tener un impacto significativo en el desarrollo del proceso electoral y en la estabilidad política del país.
El debate sobre la modificación de la fecha de las elecciones seccionales pone de manifiesto la complejidad de la gestión de riesgos en un contexto de incertidumbre climática y política. La necesidad de proteger el derecho al voto y garantizar la participación ciudadana debe equilibrarse con la prevención de desastres y la preservación de la institucionalidad democrática.
