La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), podría enfrentar la pérdida de su escaño en la Cámara de Diputados debido a la acumulación de ausencias injustificadas, según advirtieron la senadora de Libre, Elena Pachacute, y la diputada Claudia Bilbao. La controversia surge a raíz de un reciente viaje de la legisladora a México para presenciar el partido de repechaje de la selección boliviana, lo que ha generado un debate sobre el cumplimiento de las obligaciones parlamentarias.
Pachacute explicó a Urgente.bo que el reglamento de la Cámara de Diputados es claro en cuanto a las licencias permitidas. Estas se limitan a temas de salud o a la participación en foros, talleres y otras actividades relacionadas con la agenda parlamentaria de la Asamblea Legislativa. La senadora enfatizó que el reglamento no contempla licencias para asistir a eventos deportivos, como el partido al que asistió la diputada Romero.
El reglamento es muy claro, solo permite licencias por temas de salud, y por temas de foros, talleres, cualquier situación que tenga que ver con una agenda parlamentaria de la Asamblea Legislativa , reiteró Pachacute. No permite licencia para ver un partido de futbol , añadió, haciendo una referencia directa al viaje de la diputada.
La senadora aclaró que la responsabilidad de revisar las licencias, justificativos y permisos presentados por la diputada del PDC recae en la comisión correspondiente, la cual determinará si las ausencias constituyen una violación del reglamento y si corresponde aplicar sanciones. Pachacute recordó que las obligaciones de un parlamentario no se limitan a la asistencia a las sesiones plenarias, sino que también incluyen la participación activa en comisiones, comités, brigadas parlamentarias y reuniones de bancada. Por lo tanto, las ausencias pueden ser acumulativas y tener consecuencias significativas.
Según la normativa vigente, las sanciones por incumplimiento del reglamento pueden variar desde sanciones económicas hasta la destitución del cargo, dependiendo de la gravedad de las faltas y del análisis realizado por la comisión encargada. Esta normativa establece las sanciones de acuerdo a la gravedad y de acuerdo al análisis que hace la comisión , explicó Pachacute.
Por su parte, la diputada Claudia Bilbao señaló que el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la acumulación de ocho faltas injustificadas puede resultar en la pérdida del curul. Bilbao añadió que, si se comprueba que las ausencias no fueron justificadas ni autorizadas, el procedimiento para aplicar la sanción podría ser administrativo en lugar de disciplinario.
El reglamento de la Cámara de Diputados establece que si existen ocho faltas simplemente ya no sería diputada , afirmó Bilbao. Si se comprueba que esas faltas no fueron justificadas ni autorizadas, el procedimiento podría ser administrativo más que disciplinario , añadió.
La posible destitución de la diputada Romero ha generado un debate sobre la responsabilidad de los legisladores y la importancia de cumplir con las obligaciones parlamentarias. Algunos sectores han criticado el viaje de la diputada a México, argumentando que sus responsabilidades como representante del pueblo deben prevalecer sobre sus intereses personales. Otros, sin embargo, han defendido el derecho de la diputada a disfrutar de su tiempo libre y a apoyar a la selección nacional.
La comisión encargada de revisar las licencias y justificativos de la diputada Romero deberá analizar cuidadosamente las pruebas y determinar si las ausencias fueron justificadas o no. La decisión de la comisión tendrá un impacto significativo en la carrera política de la diputada y podría sentar un precedente importante en cuanto al cumplimiento del reglamento por parte de los legisladores.
El caso de la diputada Romero también ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia en cuanto a las licencias y permisos otorgados a los parlamentarios. Algunos sectores han propuesto la creación de un registro público de las licencias y permisos, para que los ciudadanos puedan conocer las ausencias de sus representantes y evaluar si estas están justificadas.
La situación actual plantea interrogantes sobre la ética y la responsabilidad de los representantes del pueblo. La ciudadanía espera que los legisladores cumplan con sus obligaciones y que prioricen el interés público sobre sus intereses personales. La decisión que tome la comisión encargada de revisar el caso de la diputada Romero será un claro mensaje sobre el compromiso de la Asamblea Legislativa con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento del reglamento.
Se espera que la comisión emita su dictamen en las próximas semanas, lo que podría desencadenar un debate aún más amplio sobre la ética parlamentaria y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de las actividades de los legisladores. La atención pública está centrada en este caso, y la resolución final tendrá un impacto significativo en la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
