El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció un cambio de estrategia frente a la problemática de los campamentos y las tomas ilegales de terrenos, priorizando a las familias que han esperado por una vivienda a través de los canales formales. La decisión, según el secretario de Estado, busca evitar incentivar nuevas ocupaciones irregulares y dar una respuesta justa a quienes han seguido el camino institucional.
En declaraciones a Radio 13C, Poduje criticó el alto costo del terreno de la megatoma en San Antonio, estimado en 11 mil millones de pesos, a pesar de carecer de urbanización y factibilidad básica. Apoyó las gestiones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para reducir el precio a cerca de 4 mil millones, en el marco del litigio en curso. Todos están ilegales , enfatizó, cuestionando la falta de control que permitió la expansión de la toma, evidenciada por el uso de maquinaria pesada y levantamientos topográficos.
El ministro reveló detalles sobre la planificación de la toma, señalando que se hizo con mucho tiempo. Acá hubo topógrafo, levantamiento. Nosotros vimos las fotos; alguien se tomó la molestia de tizar, de intervenir en el predio, de llevar maquinaria, niveladora . Esta información sugiere una organización previa y una posible complicidad en la ocupación ilegal.
Poduje también criticó la gestión anterior, acusando que se generaron expectativas inviables para las familias a través de un sistema de cooperativas que, según su opinión, nunca iba a funcionar . Además, cuestionó la asignación de recursos de distintas regiones para financiar la compra del terreno, calificándola como altamente cuestionable .
Respecto al futuro de la megatoma en San Antonio, el ministro fue categórico: las construcciones existentes serán removidas para dar paso a un proyecto habitacional que beneficiará a cerca de 4 mil familias. Sin embargo, el acceso a estas viviendas estará condicionado a la antig edad en los comités de vivienda. Si están en la fila, se van a quedar; si no, no , resumió, dejando claro que la prioridad será para quienes han esperado pacientemente su turno.
La decisión de priorizar a quienes han seguido el camino formal busca, según Poduje, evitar una señal de inequidad frente a quienes han esperado años por una vivienda. ¿Qué señal estamos dando? ¿Que el más choro gana? No , afirmó, reconociendo el malestar de las familias que han optado por la vía legal.
En paralelo a la estrategia frente a las tomas, el gobierno avanzará en la regularización de campamentos consolidados, especialmente aquellos con décadas de antig edad y ubicados en terrenos del Serviu. En estos casos, se contempla la entrega de títulos de dominio para facilitar el acceso a subsidios habitacionales.
Como ejemplo, Poduje mencionó la colaboración con el municipio de Viña del Mar en campamentos como Manuel Bustos, Monte Sinaí y Loma Latorre, donde se busca formalizar la situación de familias que han sido afectadas por incendios y que, debido a la falta de regularización, no pueden acceder a beneficios estatales. Tenemos campamentos de 20 o 30 años que deben ser radicados. Ahí la prioridad es regularizar, entregar títulos y permitir que accedan a subsidios , explicó.
El ministro diferenció estos casos de asentamientos más recientes o con problemas de seguridad, donde se evaluarán otras medidas. De esta forma, el Ministerio de Vivienda busca implementar una estrategia dual: regularizar y dar certezas a los campamentos históricos, y reforzar el criterio de acceso formal a la vivienda, priorizando a quienes han esperado su turno dentro del sistema.
La nueva política habitacional del gobierno busca, en definitiva, establecer un orden y una justicia en el acceso a la vivienda, evitando incentivar la ocupación ilegal de terrenos y reconociendo el esfuerzo de quienes han seguido el camino institucional. La remoción de construcciones en la megatoma de San Antonio, aunque controversial, se presenta como una medida necesaria para liberar el terreno y construir viviendas sociales para quienes realmente las necesitan, respetando el orden de prioridades establecido. La gestión del CDE para reducir el precio del terreno también es vista como un paso importante para asegurar que el proyecto habitacional sea viable y beneficioso para la comunidad. El gobierno espera que esta nueva estrategia contribuya a reducir la desigualdad y a mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables, promoviendo un acceso justo y equitativo a la vivienda digna. La implementación de esta política será clave para determinar si el gobierno logra cumplir sus objetivos y generar un impacto positivo en la problemática habitacional del país.
