El fallecimiento de una inspectora escolar tras un ataque ocurrido el pasado viernes en un establecimiento educativo de Calama ha generado profunda consternación y ha reabierto el debate sobre la seguridad y convivencia escolar en Chile. La noticia, lamentada por la directora ejecutiva de Elige Educar, Verónica Cabezas, pone de manifiesto una problemática que afecta a todo el sistema educativo, independientemente de su dependencia o proyecto educativo.
Cabezas enfatiza que la violencia en las escuelas no puede ser normalizada y que la sociedad no puede esperar a que ocurran nuevas tragedias para tomar medidas. La urgencia radica en avanzar con la implementación efectiva de la Política Nacional de Convivencia Educativa y en la pronta publicación y reglamentación del nuevo marco legal sobre convivencia, buen trato y bienestar. Sin embargo, la directora de Elige Educar subraya que la mera existencia de estas políticas y leyes no es suficiente.
Es crucial, según Cabezas, que estas herramientas sean bajadas a las comunidades escolares, proporcionando protocolos claros y aplicables, apoyos oportunos y herramientas concretas para prevenir, abordar y acompañar a las comunidades educativas en su diversidad de contextos. La necesidad de una respuesta integral y adaptada a las realidades específicas de cada establecimiento es un punto central en su declaración.
La preocupación expresada por Cabezas se centra también en el bienestar y la seguridad de los equipos escolares. Plantea una pregunta fundamental: ¿cómo se puede hablar de aprendizajes si quienes cuidan, educan y enseñan no cuentan con condiciones básicas de bienestar y seguridad? Esta interrogante pone en evidencia la importancia de priorizar el cuidado de los docentes y directivos, quienes son la base del sistema educativo.
El fallecimiento de la inspectora en Calama no es un hecho aislado, sino un síntoma de una problemática más profunda que requiere una atención inmediata y sostenida. La violencia en las escuelas se manifiesta de diversas formas, desde el acoso escolar hasta agresiones físicas y verbales, y afecta tanto a estudiantes como a docentes. Esta situación genera un clima de inseguridad y miedo que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje y perjudica el desarrollo integral de los estudiantes.
La implementación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y el nuevo marco legal son pasos importantes, pero deben ir acompañados de una inversión significativa en recursos humanos y materiales. Es necesario contar con equipos de apoyo especializados en cada establecimiento educativo, que puedan brindar atención psicológica y social a estudiantes y docentes, así como implementar programas de prevención de la violencia y promoción de la convivencia pacífica.
Además, es fundamental fortalecer la colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad. La participación activa de los padres y apoderados en la vida escolar es clave para crear un ambiente de confianza y respeto mutuo. Asimismo, es importante establecer alianzas con organizaciones sociales y comunitarias que puedan contribuir a la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia pacífica.
La tragedia en Calama debe servir como un llamado de atención para toda la sociedad. No se puede seguir postergando la solución de este problema, ya que está en juego el futuro de nuestros niños y jóvenes. Es hora de actuar con decisión y compromiso para garantizar que todas las escuelas sean espacios seguros y acogedores, donde se promueva el respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica. La seguridad de los equipos escolares debe ser una prioridad nacional, y se deben destinar los recursos necesarios para proteger a quienes cuidan y educan a nuestros hijos. La prevención es fundamental, y se deben implementar programas efectivos para identificar y abordar los factores de riesgo que pueden conducir a la violencia en las escuelas.
