Las Fuerzas Armadas de Ecuador asestaron un duro golpe al crimen organizado este fin de semana al desmantelar una sofisticada estructura financiera criminal en el sector Salinas de Montenuevo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La operación, denominada Impacto Final , neutralizó activos por un valor estimado de tres millones de dólares, pertenecientes al grupo armado organizado Los Lobos.
El operativo, resultado de semanas de seguimiento e inteligencia militar coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia, se centró en un complejo minero de gran escala que, según las investigaciones, funcionaba como la principal caja chica del grupo criminal. La zona, caracterizada por su difícil acceso y control ejercido por Los Lobos, estaba liderada por un individuo conocido como Uruguayo , quien, presuntamente, mantenía a la población local bajo amenaza para facilitar las actividades de extracción ilegal.
Las autoridades enfatizan que lo descubierto en Salinas de Montenuevo no se trataba de una operación minera artesanal, sino de un sistema industrializado para la obtención de oro. La magnitud de la infraestructura y la sofisticación de los equipos empleados revelan la capacidad financiera y logística de Los Lobos, así como su intención de consolidar una fuente de ingresos estable y a largo plazo.
La orden dada por las autoridades fue contundente: neutralizar por completo los recursos encontrados en el lugar para impedir cualquier intento de reactivación inmediata de la actividad minera ilegal. Esto incluyó la destrucción de maquinaria pesada, equipos de procesamiento de minerales y la incautación de grandes cantidades de oro extraído ilegalmente.
Este operativo se enmarca en una tendencia que las autoridades ecuatorianas han advertido a lo largo del 2026: ante la creciente presión sobre los puertos para el tráfico de drogas, las bandas criminales, como Los Lobos, han redirigido sus esfuerzos hacia la minería ilegal como una alternativa para financiar sus operaciones. La extracción ilegal de oro se ha convertido en una fuente de ingresos cada vez más atractiva para estas organizaciones, debido a la alta rentabilidad del metal precioso y a la relativa facilidad para lavar el dinero obtenido.
Un vocero del Ministerio de Defensa explicó que esta actividad no solo causa un grave daño al ecosistema, sino que también proporciona los fondos necesarios para adquirir armamento y financiar la logística con la que estos grupos criminales aterrorizan a las ciudades. La minería ilegal, por lo tanto, se ha convertido en un factor clave en el aumento de la violencia y la inseguridad en el país.
El desmantelamiento de esta estructura financiera criminal representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Sin embargo, las autoridades reconocen que la tarea es compleja y requiere de un esfuerzo coordinado y sostenido para desarticular por completo las redes de apoyo y financiamiento de estas organizaciones.
La operación Impacto Final envía un mensaje claro a los grupos criminales: el gobierno ecuatoriano no tolerará la impunidad y utilizará todos los recursos a su alcance para combatir la delincuencia y proteger a sus ciudadanos. Se espera que este golpe a Los Lobos debilite su capacidad operativa y contribuya a mejorar la seguridad en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y en todo el país.
Las investigaciones continúan para identificar y capturar a todos los responsables de esta actividad ilegal, incluyendo a Uruguayo y a sus cómplices. Las autoridades también están trabajando en el rastreo de los fondos obtenidos a través de la minería ilegal para determinar su destino final y desmantelar las redes de lavado de dinero asociadas a Los Lobos.
El gobierno ecuatoriano ha reafirmado su compromiso de fortalecer la inteligencia militar y la cooperación con otros países para combatir el crimen organizado a nivel regional e internacional. La lucha contra la minería ilegal y el financiamiento del terrorismo son prioridades estratégicas para el país, y se seguirán implementando operativos de este tipo para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.
