La Policía Federal brasileña llevó a cabo la segunda fase de la Operación Compliance Zero, investigando crímenes de organización criminal, gestión fraudulenta de instituciones financieras y lavado de dinero. La operación, que incluyó 42 mandatos de allanamiento en cinco estados, se vio obstaculizada por indicios de que los investigados, incluyendo a Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, habían sido alertados con anticipación sobre las acciones policiales.
Agentes de la PF llegaron al domicilio de Vorcaro a las 6 de la mañana, encontrándose con la presencia de un abogado en el exterior de la propiedad, lo que generó sospechas de una filtración de información. Este hecho, según la PF, no fue aislado, ya que en otros puntos de la operación, en São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Bahía, se constató que los investigados habían abandonado los lugares allanados de forma apresurada.
Los informes policiales detallan escenas de desorden y apresuramiento en las residencias allanadas. Se encontraron camas deshechas, apartamentos vacíos y la ausencia de teléfonos celulares, lo que dificultó la incautación de pruebas relevantes. La PF atribuyó estas dificultades a la falta de actualización de las direcciones de los investigados, lo que generó problemas operativos para su localización.
En Trancoso, Bahía, la casa de Felipe Vorcaro, primo de Daniel, fue encontrada revuelta, con señales de una salida precipitada. Los agentes no pudieron incautar los dispositivos electrónicos y otros elementos previstos en el mandato judicial, ya que Felipe y su esposa no se encontraban en el lugar.
De manera similar, en São Paulo, el apartamento de Nelson Tanure, asociado de Vorcaro, estaba siendo vaciado en el momento del allanamiento, sin que se encontraran bienes de interés para la investigación. En Belo Horizonte, la residencia de André Beraldo de Morais presentaba una situación similar, con ropa dispersa por las habitaciones, pero sin objetos relevantes para el caso.
La situación se tornó más tensa en Nova Lima, Minas Gerais, donde la PF se enfrentó a la resistencia de policías militares de paisano que se identificaron como personal de seguridad de la familia Vieira. La PF no pudo determinar a qué unidad de la Policía Militar pertenecían estos agentes, lo que derivó en una investigación paralela. En el lugar, se incautaron diversas armas y municiones, pero el incidente evidenció las dificultades operativas de la operación en algunos puntos.
El caso también tuvo repercusiones en el ámbito judicial. La PF había solicitado al Supremo Tribunal Federal (STF) un plazo adicional para confirmar las direcciones actualizadas de los investigados, pero la solicitud fue denegada. Esta decisión, según la PF, tuvo un impacto negativo en las búsquedas y en la recolección de pruebas. La falta de acceso a dispositivos digitales y otros elementos clave comprometió la investigación.
Sin embargo, no todos los objetivos de la operación parecieron estar al tanto de la inminente llegada de la PF. En el caso de Silvio Barreto da Silva, director de Lormont Participações, los agentes lo encontraron durmiendo en su cama, a pesar de las dificultades para acceder a su apartamento. La falta de respuesta a los toques de campana se justificó por problemas de audición del investigado. La entrada al apartamento se realizó con la ayuda de un cerrajero, y el allanamiento no resultó en incautaciones significativas.
La defensa de Daniel Vorcaro refutó la versión de la PF sobre lo ocurrido en su residencia, afirmando que los agentes de seguridad no impidieron el acceso de los agentes policiales, como se informó. La defensa alegó que la PF disparó contra las cerraduras sin esperar a que se abriera la puerta. En relación con la presencia del abogado en el exterior de la propiedad antes de la llegada de la PF, la defensa explicó que, en la víspera de la operación, el cuñado de Vorcaro, Fabiano Zettel, fue arrestado al intentar embarcarse hacia Dubái, lo que motivó la anticipación de una posible operación policial.
La Operación Compliance Zero continúa en curso, y la PF investiga las posibles filtraciones de información que permitieron a los investigados anticiparse a los allanamientos. La dificultad para asegurar pruebas y la resistencia encontrada en algunos puntos de la operación plantean interrogantes sobre la eficacia de la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en la investigación. La PF busca determinar el origen de las filtraciones y las responsabilidades de quienes pudieron haberlas facilitado, con el objetivo de garantizar la integridad de la investigación y la correcta aplicación de la ley.
