La Subsecretaría de Derechos Humanos, un puesto clave dentro del Ministerio de Justicia, ha experimentado un cambio de mando significativo. El ministro Juan Bautista Mahiques decidió designar a Leonardo Szuchet en el cargo, reemplazando a Joaquín Mogaburu, quien se referenciaba en el entorno de Santiago Caputo. La decisión se tomó en el contexto de la conmemoración del 50 aniversario del último golpe militar y las discusiones sobre una posible reubicación de la subsecretaría.
Szuchet ya había desempeñado funciones en la misma área durante la administración de Juntos por el Cambio, específicamente como jefe de gabinete del entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, quien actualmente ocupa un cargo en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo la administración de Javier Milei. Su conocimiento del predio de la ex ESMA y de las políticas implementadas durante ese período, que buscaban minimizar la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura, ha generado atención.
Mogaburu, por su parte, ocupó el cargo durante apenas tres meses, asumiendo en diciembre de 2023 en reemplazo de Alberto Baños, un ex juez designado por el anterior ministro Mariano Cúneo Libarona. El saliente funcionario intentó mantener su posición en medio de la interna entre Caputo y Karina Milei, pero finalmente Mahiques optó por incorporar a un dirigente más alineado con sus objetivos.
La asunción de Szuchet está prevista para el próximo miércoles, aunque tanto él como Mogaburu ya fueron informados sobre la decisión. Este cambio de mando se suma a la incertidumbre sobre la posible reubicación de la subsecretaría, una idea que había ganado fuerza en febrero pasado.
La propuesta original contemplaba trasladar la subsecretaría a un edificio en Cochabamba 54, que había sido destinado a albergar el primer Ministerio de la Mujer de Argentina en 2020. Si bien se iniciaron obras de remodelación, en 2022 algunas secretarías de la cartera ya comenzaron a funcionar allí de forma paralela. Sin embargo, en noviembre de 2023 se solicitó un informe técnico que determinó que la continuación de las obras representaba un riesgo para los trabajadores, lo que llevó a su interrupción.
En febrero de 2024, el gobierno libertario ordenó el desalojo del edificio y evaluó su venta a través de una subasta de la AABE. Finalmente, el complejo fue transferido a la órbita del Ministerio de Justicia.
Este cambio en la cúpula de la Subsecretaría de Derechos Humanos se enmarca en la política de "Memoria Completa" impulsada por el gobierno de Milei, que busca ampliar el enfoque del debate sobre la última dictadura más allá de la exigencia de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad. Esta postura se reflejó en el video conmemorativo difundido por la Casa Rosada en el Día de la Memoria, donde se buscó diversificar la narrativa sobre el período.
La designación de Szuchet, con su experiencia en la administración anterior, sugiere un posible cambio en el abordaje de las políticas de derechos humanos por parte del gobierno actual. Su conocimiento del funcionamiento de la ex ESMA y de las estrategias implementadas durante el gobierno de Macri podrían influir en la gestión de la subsecretaría y en la implementación de la política de "Memoria Completa".
El rápido recambio de funcionarios en la Subsecretaría de Derechos Humanos, con Mogaburu durando apenas tres meses en el cargo, evidencia las tensiones internas dentro del gobierno y la búsqueda de un alineamiento más claro con los objetivos de la administración Milei. La decisión de Mahiques de designar a Szuchet, un ex funcionario de Cambiemos, refleja una apuesta por un perfil más experimentado y afín a las políticas que se pretenden implementar.
La incertidumbre sobre la reubicación de la subsecretaría y el futuro del edificio en Cochabamba 54 también plantean interrogantes sobre las prioridades del gobierno en materia de infraestructura y políticas de género. La decisión de transferir el complejo al Ministerio de Justicia podría indicar un cambio en la estrategia del gobierno para abordar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la memoria histórica.
En definitiva, el cambio de mando en la Subsecretaría de Derechos Humanos y las discusiones sobre su posible reubicación son indicativos de una reconfiguración en el abordaje de las políticas de derechos humanos por parte del gobierno de Javier Milei, en el marco de su política de "Memoria Completa" y su búsqueda de un tono disruptivo en todas sus acciones.
