Purral de Goicoechea fue escenario de una violenta irrupción policial en una vivienda familiar el pasado martes 24 de marzo, dejando a una mujer y sus hijos traumatizados y con denuncias de abuso de autoridad. El incidente, registrado en una videollamada a la abogada de la afectada, ha generado indignación y cuestionamientos sobre los protocolos de la Fuerza Pública.
Según el relato de la vecina, de apellidos Sáenz, todo comenzó cuando escuchó golpes en el portón de su casa en la comunidad de Los Cuadros alrededor de las 5:30 de la tarde. Al asomarse, se encontró con un grupo de oficiales de la Fuerza Pública que exigían acceso a la propiedad sin presentar una orden de allanamiento. La mujer, consciente de sus derechos, solicitó la orden judicial, pero según su testimonio, los agentes se burlaron de ella, la amenazaron con denunciarla al PANI y le aseguraron que su reclamo no prosperaría.
Ante la negativa de la vecina a abrir el portón, los oficiales, identificados como miembros de las unidades Lince y GAO, y presuntamente portando capuchas, tomaron medidas drásticas. Escalaron el techo de la vivienda, abrieron un hueco en el cielorraso y lanzaron gas pimienta al interior, donde se encontraban Sáenz, sus dos hijos menores (uno de aproximadamente dos años y otro en edad escolar) y otros familiares.
“Empezaron a golpear el cielorraso que se caía a pedacitos. Nos gritaban que les abriéramos, porque si no, nos iba a ir peor”, relató la mujer a La Nación, visiblemente afectada por lo sucedido. Cuatro agentes ingresaron a la vivienda apuntando con armas de fuego y láseres, mientras que otro abría el portón desde adentro para permitir la entrada de más oficiales.
La denuncia, formalizada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bajo el expediente penal 26-007906-0042-PE, detalla que durante la intervención, la pareja sentimental de Sáenz, de apellidos Morales Thomas, fue agredida físicamente con una macana, golpes con las manos y un arma de fuego. Además, se alega la sustracción de cuatro teléfonos celulares, dos de los cuales fueron destruidos, y daños a muebles, electrodomésticos, una pantalla, una consola de videojuegos y las paredes de la casa.
La situación se agravó cuando, según el relato de la mujer, los oficiales desconectaron la electricidad y cerraron la llave del agua durante la operación. En medio del caos, Sáenz intentaba proteger a sus hijos del gas pimienta, pero asegura que un oficial le cerró la llave del medidor al percatarse de que estaba utilizando agua para aliviar la irritación de los menores.
La denuncia también incluye una acusación de presunto abuso sexual. Sáenz afirma que un oficial le tocó las partes íntimas mientras le buscaba el teléfono celular, un hecho que inicialmente omitió en su declaración al OIJ “por vergüenza”.
Morales Thomas fue trasladado a la delegación de Calle Blancos, donde permaneció aproximadamente una hora antes de ser liberado sin cargos aparentes. Sin embargo, pudo identificar el número de la unidad policial involucrada: 3778.
La abogada de Sáenz, Mariela Villalobos, recibió una videollamada de su clienta en los momentos previos a la irrupción policial. Al escuchar la escalada de la tensión, le solicitó que activaran la videollamada y ordenó a su asistente que grabara la transmisión desde Purral. La grabación, que dura 25 minutos, captó el momento en que los oficiales cortaron la electricidad y, posteriormente, cuando presuntamente descendieron del techo. Villalobos afirma haber visto en la pantalla del celular la imagen de un oficial con casco azul.
“Ellos entraron y le quebraron los teléfonos sin darse cuenta de que el teléfono no tenía una grabación, sino una videollamada que se estaba realizando”, explicó Villalobos. La abogada anunció que solicitará respuestas a las autoridades competentes y presentará una ampliación de la denuncia para incluir la acusación de abuso sexual.
“Esto es un allanamiento ilegal, donde se está pasando por encima la Constitución y todo lo que de eso nos respalda como costarricenses”, afirmó Villalobos. La abogada indicó que los daños acreditados son de naturaleza psicológica, moral, física y material, y están siendo evaluados por un equipo de profesionales. Morales Thomas fue sometido a una evaluación en medicatura forense. La familia, según Villalobos, está considerando abandonar la zona por temor a represalias.
El incidente ha generado preocupación en el ámbito legal y político. Apenas el 17 de marzo, el diputado electo Nogui Acosta, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), planteó la posibilidad de eliminar la exigencia de orden judicial para allanar recintos de ciudadanos en caso de que el Congreso apruebe una suspensión de garantías y libertades individuales.
Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Seguridad Pública no había emitido una respuesta a las consultas de La Nación sobre los hechos denunciados. La investigación del OIJ está en curso y se espera que arroje luz sobre las circunstancias de esta polémica irrupción policial y las posibles responsabilidades de los agentes involucrados. La familia Sáenz espera justicia y que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
