La región de Cantabria se enfrenta a una grave crisis medioambiental tras detectarse un vertido de purines procedentes de una explotación ganadera que ha provocado una mortandad masiva de fauna acuática. Los agentes del medio natural de la comunidad autónoma han procedido a la recogida de más de 2.100 peces en los cauces de los ríos Pisueña y Llerana, en un suceso que ha dejado una huella devastadora en la biodiversidad local.
El origen del desastre ecológico se localizó en el municipio de Saro, donde la Guardia Civil detectó el pasado viernes un vertido de residuos ganaderos. Según los datos proporcionados por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, la contaminación se extendió a lo largo de 6.000 metros de cauce. Específicamente, el impacto alcanzó 4.500 metros del río Pisueña, prolongándose hasta llegar al puente colgante de Ruda, situado en Santa María de Cayón, y 1.500 metros del río Llerana, lugar donde se ha identificado el punto exacto de inicio del problema.
La alerta fue activada gracias a la intervención de vecinos y pescadores de la zona, quienes percibieron un intenso olor a alcantarilla en las inmediaciones de la ribera, lo que motivó el aviso inmediato a las autoridades. Ante la gravedad de los hechos, efectivos del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) y agentes del medio natural se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones pertinentes y evaluar el alcance de los daños.
El recuento detallado de las víctimas ambientales es alarmante. La Consejería de Desarrollo Rural informó a la agencia EFE que entre los peces recogidos se encuentran 1.998 ejemplares de trucha y 49 anguilas. A estas cifras se suma una cantidad indeterminado de ejemplares más pequeños, como alevines y piscardos, cuya cuantificación resulta imposible debido a su tamaño y estado.
El impacto ha sido dispar dependiendo del cauce. En el río Llerana, la situación es crítica; Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad, ha calificado el tramo afectado como “completamente arrasado, sin vida”, confirmando que no queda rastro de vida acuática en dicha sección. Por el contrario, en el río Pisueña el daño ha sido comparativamente menor. Esto se debe a que su mayor anchura y caudal permitieron que la contaminación se disipara hacia las orillas, evitando que la mancha tóxica alcanzara el río Pas, un escenario que representaba el mayor temor de las autoridades en las primeras horas tras el siniestro.
En el plano legal, las autoridades ya han puesto en marcha un expediente administrativo contra la persona o entidad responsable del vertido. Basándose en el régimen sancionador de la Ley de Pesca, la multa podría oscilar entre los 3.000 y los 60.000 euros. Sin embargo, esto es solo una parte de la responsabilidad económica, ya que se estima que la indemnización por daños ambientales podría superar los 300.000 euros. Es importante señalar que, paralelamente, se está llevando a cabo una investigación penal por un posible delito ecológico. Si esta vía judicial prospera, el expediente administrativo quedará suspendido hasta que se dicte sentencia.
Como medida preventiva y para asegurar la cadena de custodia de las pruebas, los agentes han procedido a la recogida y congelación de muestras tanto de agua contaminada como de peces muertos, quedando estas a disposición de cualquier requerimiento judicial. Mientras tanto, el operativo de limpieza y vigilancia continúa activo en la zona para retirar los ejemplares que sigan apareciendo en la superficie.
Este episodio ha reavivado el recuerdo de uno de los peores desastres ambientales de la región: el vertido de 2008 en el río Besaya. En aquella ocasión, la empresa Froxá vertió amoniaco, provocando la muerte de 40.000 peces y culminando en condenas judiciales que incluyeron indemnizaciones superiores a los 276.000 euros y penas de prisión, que finalmente fueron conmutadas por multas.
De cara al futuro, la Consejería de Desarrollo Rural ha anunciado la implementación de un programa específico de recuperación y regeneración para los tramos afectados, los cuales se integran en la Zona de Especial Conservación Pas-Pisueña. Ángel Serdio ha adelantado que se analizará si la contaminación retenida, especialmente en la presa del Pisueña, puede seguir siendo perjudicial si el nivel del río aumenta, estudiando la viabilidad de extraer el agua contaminada. Se prevé que el proceso de recuperación ecológica sea prolongado y que la vuelta a la normalidad en las zonas más críticas pueda tardar varios años.
