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Una tragedia sacudió a la tranquila localidad de Arazatí, en San José, el fin de semana del 15 de marzo de 2026, cuando un vehículo se precipitó desde una barranca de 12 metros, cobrándose la vida de dos hermanas y dejando al conductor como único sobreviviente. El incidente ha desatado una ola de críticas y reclamos hacia la Intendencia de San José, cuestionando el estado de la vía pública y la falta de mantenimiento preventivo.
Mabel Guerra y su hermana viajaban en un Hyundai i10 junto a la pareja de Mabel, quien conducía. Según las primeras investigaciones, el vehículo perdió el control al quedar parte del tren trasero en el aire debido al mal estado del pavimento de las barrancas de Arazatí, una de las principales características del balneario. El conductor, al intentar estabilizar el auto, giró bruscamente el volante, provocando que el vehículo se precipitara al vacío y cayera de techo.
El impacto fue devastador. Mabel y su hermana sufrieron heridas gravísimas, con cortes profundos en el cráneo y múltiples fracturas, falleciendo poco después en el lugar del accidente. El conductor, afortunadamente, se salvó de lesiones fatales gracias a que las chapas del vehículo no impactaron directamente en su cabeza.
Martín, hijo de Mabel, relató a Montevideo Portal que su madre le había escrito el miércoles 11 de marzo, y él le había respondido que luego pasaría a visitarla, pero que ese día estaba ocupado con el trabajo. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. Recibió la noticia del accidente a través de un llamado telefónico, sumido en la confusión inicial. “El hecho de que haya fallecido así, de pronto, es complicado, porque uno nunca se pudo preparar”, expresó con profunda tristeza.
Ahora, Martín, junto a sus abogados Marcos Pacheco y Rafael Franca, evalúa acciones legales para esclarecer las causas del accidente y determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades. “Estamos evaluando qué acciones llevar adelante junto a mis abogados, los penalistas Marcos Pacheco y Rafael Franca”, afirmó.
La investigación policial se centra en dos hipótesis principales: una falla mecánica del vehículo o el precario estado de la vía pública. Vecinos de Arazatí han denunciado durante años el mal estado del pavimento de las barrancas, señalando la presencia de numerosos pozos que representan un peligro constante para los conductores, especialmente para los motociclistas.
Claudia, una vecina de la zona, relató a Montevideo Portal que ha sufrido tres caídas de su moto debido a los agujeros en la calle. “Cuando llueve, todo queda cubierto de agua y no ves dónde están los agujeros. Las motos acá se caen a cada rato. Pero hasta ahora nadie se había lastimado en serio o muerto”, afirmó.
El estado de la calle cobró especial relevancia el día del accidente, cuando el Hyundai i10 comenzó a quedar con parte del tren trasero en el aire. La Policía estima que esto provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.
Gerardo, otro vecino, señaló que ha visto personal de la comuna realizando reparaciones en el tramo donde ocurrió el accidente, pero advirtió que las reparaciones no son iguales que en una calle de ciudad, ya que no hay contención en un lado de la vía, lo que hace que la tierra sea menos firme.
La Intendencia de Ecilda Paullier, municipio al que pertenece Arazatí, se ha mostrado cautelosa y ha indicado que esperará el resultado de la investigación judicial antes de hacer comentarios. Reconocieron haber recibido reclamos por el estado de la avenida, pero aseguraron que fueron atendidos y que las obras de mayor magnitud dependen de la Intendencia de San José.
La intendenta de San José, Ana Bentaberry, no respondió a los llamados ni a los mensajes enviados por Montevideo Portal.
Los abogados de la familia, Pacheco y Franca, han sido contundentes en sus declaraciones, calificando el accidente como una “tragedia anunciada”. “No se está ante un simple accidente, sino ante una tragedia anunciada”, afirmaron. Señalaron la falta de señalización, las advertencias previas ignoradas y el estado deplorable de la vía como factores que contribuyeron al fatal desenlace.
“La omisión puede tener relevancia penal, así como la correspondiente responsabilidad civil del Estado”, sostuvieron los penalistas. Pacheco fue aún más directo: “En este país, primero se deja que el camino se caiga, después que la gente se mate, y recién ahí se preguntan si había que poner un cartel. Lo grave no es solo la muerte: es el nivel de abandono previo y el silencio posterior”.
Martín, visiblemente afectado, lamentó no haber podido ver por última vez a su madre y recordó su último mensaje: “No te preocupes, nos vemos esta semana”. La tragedia en Arazatí ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de invertir en el mantenimiento de la infraestructura vial y de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades correspondientes y evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. El caso se presenta como un llamado de atención sobre la importancia de la prevención y la atención a las demandas de la comunidad en materia de seguridad vial.
