Nicaragua ha entregado en los últimos tres años más de 1.3 millones de hectáreas –cerca de 10,000 kilómetros cuadrados, el 10% de su territorio– a 16 compañías chinas, en concesiones otorgadas sin estudios de impacto ambiental y en aparente violación de las leyes que protegen a las comunidades indígenas. La situación recuerda a la época de las dictaduras centroamericanas, cuando empresas extranjeras operaban con un estatus privilegiado y explotaban los recursos naturales con impunidad.
La historia se remonta a octubre de 1979, cuando la revolución sandinista nacionalizó las minas en Siuna, un pueblo en la región del Caribe. En ese entonces, la Rosario Mining Company era una de las empresas más grandes del llamado “triángulo minero”, junto con Rosita y Bonanza. Las empresas mineras, al igual que las bananeras, gozaban de un poder considerable bajo la dictadura de Somoza, operando con corrupción y explotación. Documentos de la Rosario Mining revelaron prácticas inhumanas, como el despido de un minero misquito, José Villarreina, incluso después de su muerte en un accidente laboral. La empresa le envió una carta de despido argumentando faltas al contrato. También se encontraron comprobantes de sobornos pagados al general Anastasio Somoza Garcia, fundador de la dinastía, por cada kilo de oro embarcado, alcanzando los 135,000 dólares cada seis meses (en valores actuales).
Tras la expropiación de 1979, las minas volvieron a ser privatizadas con el tiempo. Ahora, el gobierno actual las está entregando a compañías chinas. Un ejemplo reciente es la confiscación de BHMB Mining, de capital estadounidense, y su entrega a Zhong Fu Development, que ahora controla un área de 1,800 kilómetros cuadrados.
El oro se ha convertido en el principal producto de exportación de Nicaragua, con proyecciones de alcanzar los 2,000 millones de dólares en 2025, siendo Estados Unidos su principal mercado. Sin embargo, la explotación no se limita al oro y la plata. Las compañías chinas también están interesadas en otros minerales como cobre, plomo, cobalto, uranio, litio, molibdeno, tungsteno, zinc, cromo y níquel, muchos de ellos considerados estratégicos en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.
Además de la explotación directa de los yacimientos, las empresas chinas compran oro extraído ilegalmente en Las Crucitas, Costa Rica, una zona donde la minería a cielo abierto está prohibida por sentencia judicial. Las autoridades costarricenses estiman que el contrabando de oro a Nicaragua genera pérdidas de 125 millones de dólares anuales.
Gran parte de las concesiones chinas se encuentran en áreas protegidas, reservas de la biosfera y territorios habitados por comunidades ancestrales. La situación evoca el mito de El Dorado, que los conquistadores buscaban en las selvas del Amazonas, obsesionados con el oro, descrito por el poeta Ernesto Cardenal como “el excremento de los dioses”.
China, según el análisis, ha encontrado su El Dorado no en el Amazonas, sino en Nicaragua. Las empresas chinas que operan en el país son en su mayoría de reciente creación, sin historial bursátil ni presencia en línea, y algunas están representadas legalmente por personas sin experiencia en el sector minero, como un médico herbolario llamado Fulishu. La entrega masiva de tierras y recursos a estas compañías plantea serias preocupaciones sobre la soberanía nacional, la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas en Nicaragua. La repetición de patrones de explotación, similares a los observados durante la dictadura de Somoza, sugiere una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos naturales del país.
