La ONU ha estimado que más de 10.000 ciudadanos colombianos han sido reclutados como mercenarios para participar en conflictos armados y operaciones de seguridad en diversas partes del mundo, incluyendo la República Democrática del Congo, Ucrania y Sudán. La alarmante cifra fue revelada este viernes por el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios del organismo internacional, destacando un fenómeno en aumento que presenta desafíos significativos para las autoridades a nivel global.
Michelle Small, presidenta del Grupo de Trabajo, explicó en una rueda de prensa que la tendencia de colombianos que buscan empleo militar en el extranjero está creciendo. “El fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades”, afirmó. Los exmilitares y exintegrantes de las fuerzas de seguridad colombianas son particularmente demandados por su experiencia en combate y seguridad.
El informe de la ONU detalla que estos mercenarios colombianos se encuentran desplegados en una amplia gama de escenarios conflictivos y operaciones de seguridad. Además de los países ya mencionados, se han identificado presencias en la Federación de Rusia, Somalia, Yemen, México, Brasil, Ecuador, Perú y Haití. En México y Brasil, su participación se centra en el crimen organizado, mientras que en los países vecinos de Sudamérica ofrecen servicios de seguridad privada.
La investigación, que abarcó un período de 11 años y culminó con reuniones entre el 16 y el 27 de marzo en Bogotá, Cali y Medellín, fue realizada por invitación del presidente Gustavo Petro. El objetivo fue recabar información de primera mano sobre este creciente fenómeno y sus causas subyacentes. Los datos recopilados revelan una combinación de factores que impulsan a los colombianos a buscar oportunidades en el extranjero, incluyendo atractivas ofertas salariales, vulnerabilidad económica, y la facilidad de reclutamiento a través de redes sociales.
Los incentivos económicos son un factor clave, con ofertas que oscilan entre los 2.000 y los 6.000 dólares mensuales. Esta suma es significativamente mayor que los ingresos disponibles para muchos militares y policías en retiro en Colombia, quienes a menudo enfrentan dificultades para reintegrarse a la vida civil y encontrar un empleo digno. La falta de oportunidades laborales y las dificultades de reintegración social contribuyen a la vulnerabilidad de estos individuos, haciéndolos susceptibles a las ofertas de reclutamiento.
El Grupo de Trabajo de la ONU también ha identificado un aumento preocupante en el reclutamiento en línea, utilizando plataformas como Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y WhatsApp. Los reclutadores operan a través de empresas de seguridad privada, agencias de viajes, agencias de contratación y, en algunos casos, como individuos particulares. Esta facilidad de acceso al reclutamiento ha facilitado la expansión del fenómeno a nivel global.
Sin embargo, la experta Small alertó sobre el aumento de casos de reclutamiento engañoso o predatorio. En estas situaciones, los colombianos son enviados a zonas de conflicto bajo falsas promesas, terminando en condiciones que pueden constituir explotación laboral o incluso trata de personas. A menudo, se les ofrecen contratos poco claros o en idiomas que no comprenden, sin especificar las funciones reales que deberán desempeñar. Al llegar a su destino, pueden ver restringida su libertad de movimiento, ser obligados a realizar tareas de combate distintas a las prometidas, o incluso ser retenidos sin posibilidad de regresar a Colombia.
“A muchos colombianos se les ofrecen contratos poco claros o en idiomas que no comprenden, en los que no se especifican las funciones reales, y que en ocasiones solo reciben al llegar al país de destino”, explicó Small. “Una vez allí pueden ver restringida su libertad de movimiento, ser obligados a desempeñar funciones de combate distintas a las prometidas o incluso ser retenidos sin posibilidad de regresar.”
A pesar de este panorama preocupante, el Grupo de Trabajo elogió la reciente firma por parte del presidente Petro de la ley que ratifica la Convención Internacional contra el mercenarismo de 1989. No obstante, instó a acelerar su revisión por la Corte Constitucional y su implementación efectiva para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos colombianos y prevenir futuras situaciones de explotación.
Colombia, con más de seis décadas de conflicto armado interno, cuenta con una amplia reserva de personal con entrenamiento militar, lo que la convierte en una fuente atractiva para el reclutamiento de mercenarios. Esta situación, combinada con los factores económicos y sociales mencionados, ha contribuido al aumento del fenómeno.
El Grupo de Trabajo presentará su informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026, con el objetivo de generar conciencia sobre esta problemática y promover acciones concretas para proteger a los ciudadanos colombianos y prevenir el reclutamiento de mercenarios a nivel global. La situación exige una respuesta coordinada a nivel nacional e internacional para abordar las causas subyacentes del fenómeno y garantizar el respeto de los derechos humanos.
