El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes 26 de marzo de 2026 una orden ejecutiva que prohíbe las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en empresas contratadas por el gobierno federal. La norma entrará en vigor en 30 días y representa una ampliación de la ofensiva del gobierno contra las iniciativas destinadas a combatir el racismo y el sexismo en el ámbito corporativo.
La nueva orden ejecutiva obliga a las empresas interesadas en firmar contratos con el gobierno federal a incluir una cláusula específica de 7 párrafos. Esta cláusula determina que el contratista no participará en actividades de DEI consideradas discriminatorias por motivos raciales. La medida afecta a todas las empresas con contratos federales, independientemente de su sector o tamaño, y también impacta a los trabajadores de estas compañías, incluyendo aquellos que podrían beneficiarse de las políticas de diversidad.
Según la administración Trump, estas políticas de DEI perjudican a profesionales al favorecer la contratación de minorías. El presidente Trump y sus aliados argumentan que estas prácticas aumentan los costos de las empresas, los cuales son luego trasladados al gobierno a través de los contratos. La administración defiende que la eliminación de las políticas de diversidad generará ahorros en recursos públicos y una mayor eficiencia en la gestión gubernamental.
“Mi administración ha logrado un progreso significativo para acabar con la discriminación racial en la sociedad estadounidense, incluyendo las llamadas actividades de ‘diversidad, equidad e inclusión’”, escribió Trump en la orden ejecutiva. Esta declaración refleja la postura del gobierno de considerar que las políticas DEI son inherentemente discriminatorias y contrarias a los principios de igualdad de oportunidades.
El gobierno federal mantiene actualmente acuerdos con miles de compañías en áreas clave como defensa, tecnología, construcción y servicios. No se ha informado el número exacto de empresas que se verán afectadas por la nueva orden ejecutiva, ni el volumen total de contratos que deberán ser adaptados para cumplir con la nueva normativa. Sin embargo, se espera que el impacto sea significativo en el sector privado que colabora con el gobierno federal.
Esta orden ejecutiva representa una extensión de las políticas ya implementadas por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Anteriormente, el gobierno había puesto en licencia a funcionarios ligados a programas de diversidad y había determinado el cierre de estas iniciativas dentro de la administración pública. Ahora, la nueva orden extiende esta política al sector privado, a través de la imposición de requisitos contractuales.
La cláusula de 7 párrafos que deberán incluir las empresas en sus contratos federales detalla las prohibiciones específicas relacionadas con las actividades de DEI. Se espera que esta cláusula incluya definiciones claras de lo que se considera discriminación racial en el contexto de las políticas de diversidad, así como las consecuencias para las empresas que no cumplan con la normativa.
La administración Trump ha defendido su postura argumentando que las políticas de DEI pueden llevar a decisiones de contratación basadas en criterios distintos al mérito y la calificación profesional. Según esta perspectiva, la eliminación de estas políticas permitirá a las empresas contratar al personal más calificado, independientemente de su raza, género u origen étnico.
La orden ejecutiva ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y empresarial. Los defensores de las políticas de DEI han criticado la medida, argumentando que socava los esfuerzos para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión en el lugar de trabajo. Consideran que las políticas de diversidad son esenciales para crear un ambiente laboral más justo y equitativo para todos los empleados.
Por otro lado, los partidarios de la orden ejecutiva han elogiado la decisión de Trump, argumentando que las políticas de DEI son ineficientes y pueden generar discriminación inversa. Afirman que la eliminación de estas políticas permitirá a las empresas centrarse en la contratación basada en el mérito y la calificación profesional, lo que conducirá a una mayor productividad y eficiencia.
La implementación de la orden ejecutiva se espera que genere desafíos legales y administrativos. Es probable que las empresas afectadas busquen asesoramiento legal para determinar cómo cumplir con la nueva normativa y evitar posibles sanciones. Además, es posible que se presenten demandas judiciales impugnando la legalidad de la orden ejecutiva, argumentando que viola los derechos constitucionales de los empleados y las empresas.
El gobierno federal ha indicado que proporcionará orientación y asistencia a las empresas para facilitar la transición a la nueva normativa. Sin embargo, se espera que el proceso de adaptación sea complejo y costoso para muchas empresas, especialmente aquellas que han invertido significativamente en programas de DEI.
La orden ejecutiva de Trump sobre las políticas de DEI representa un cambio significativo en la política gubernamental en materia de diversidad e inclusión. La medida refleja la postura del gobierno de priorizar la igualdad de oportunidades y la contratación basada en el mérito, en detrimento de las políticas de acción afirmativa y las iniciativas de DEI. El impacto de la orden ejecutiva se sentirá en el sector privado que colabora con el gobierno federal, y es probable que genere debates y controversias en los próximos meses.
