El Salvador aprobó reformas penales que permiten la cadena perpetua para menores de 18 años acusados de asesinato, violación o terrorismo, como parte de la estrategia del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas criminales del país. La Asamblea Legislativa aprobó el paquete de reformas el jueves, incorporando la prisión perpetua como una pena excepcional para jóvenes en conflicto con la ley.
El artículo 8 de la ley establece que un menor que cometa un delito o falta, según la legislación penal, podrá ser sometido únicamente a las siguientes medidas y penas: prisión perpetua. La reforma elimina el procedimiento especial para menores en casos graves, pero incluye revisiones periódicas de las sentencias de cadena perpetua para evaluar la rehabilitación y el riesgo de liberación condicional.
La ley también estipula que la incorporación de la cadena perpetua al sistema de justicia juvenil es compatible con los estándares constitucionales internacionales relativos a los derechos del niño, al establecer la revisión obligatoria de la pena de acuerdo con las disposiciones del Código Penal, garantizando una evaluación periódica.
La aprobación de la cadena perpetua se produjo el 17 de marzo, por sugerencia de Bukele, después de que organizaciones de derechos humanos lo acusaran de cometer crímenes contra la humanidad en su lucha contra las pandillas, conocidas como "maras". La ratificación de la reforma constitucional significa que la cadena perpetua se aplicará únicamente a asesinos, violadores y terroristas (miembros de pandillas), según el texto aprobado por 58 de los 60 miembros del Congreso unicameral dominado por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI).
La votación se produjo una semana después de la aprobación de una iniciativa, respaldada por una enmienda constitucional, que permite modificaciones aceleradas a la Constitución en una sola sesión legislativa. La reforma entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, afirmó que con esta medida se da a las familias salvadoreñas la tranquilidad de saber que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del día. El diputado Francisco Lira, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de derecha, expresó su preocupación por el hecho de que miles de salvadoreños sin vínculos con las pandillas sigan esperando un juicio justo, y lamentó que "personas de bien estén pagando por algo que no han hecho".
La reforma del Código Penal establece que los Tribunales Penales tendrán "jurisdicción exclusiva" en casos contra adultos y menores que cometan delitos punibles con cadena perpetua. Estos mismos tribunales realizarán la "revisión obligatoria" de las penas de cadena perpetua y podrán conceder un "régimen de libertad supervisada" en casos de delitos cometidos por menores que hayan cumplido 25 años de prisión. En el caso de los adultos, la revisión se realizará después de cumplir entre 30 y 40 años de prisión.
La legislación salvadoreña establecía anteriormente una pena máxima de 60 años, con mecanismos de reducción de pena por buen comportamiento o servicio comunitario.
El Parlamento también prorrogó por 30 días más el estado de emergencia que permite las detenciones sin orden judicial, en vísperas de la fecha que marca cuatro años de la implementación de esta medida. Hasta el momento, según fuentes oficiales, se han detenido a 91.650 presuntos miembros de pandillas. Alrededor de 8.000 fueron liberados después de ser considerados inocentes.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que un gran número de inocentes permanecen tras las rejas. La reforma ha generado controversia y críticas por parte de defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que la cadena perpetua para menores es una violación de los derechos fundamentales y que podría conducir a la encarcelación de jóvenes que no son culpables o que podrían ser rehabilitados. La medida también ha sido cuestionada por su posible impacto en el sistema judicial y en la capacidad del país para garantizar un juicio justo para todos los acusados.
