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La Justicia avanza en la investigación sobre el viaje a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia, con una nueva medida apuntada al periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio. Durante la tarde del jueves, la Policía de Seguridad Aeroportuaria recibió una orden para presentarse este viernes en los estudios de la Televisión Pública y llevarse los contratos que Grandio mantiene con la señal. La medida busca determinar si existe alguna irregularidad en la contratación del periodista o si se configuró una presunta dádiva, considerando que fue Grandio quien costeó los vuelos de Adorni a la ciudad balneario uruguaya.
El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, ya había solicitado este material a la Casa Rosada, pero no recibió respuesta. Ante esta situación, la Justicia recurrió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para acceder directamente a los contratos de Grandio en la TV Pública. La investigación se centra en establecer si la relación de amistad entre Grandio y Adorni influyó en la contratación del periodista y si el pago de los vuelos constituye un beneficio indebido.
La jornada del jueves también fue marcada por la declaración de Agustín Issin, el piloto que facturó el vuelo privado que Adorni realizó junto a su familia desde Punta del Este. Issin, de 46 años y con una amplia trayectoria en aviación comercial y privada, compareció ante el juez Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa, en los tribunales federales de Comodoro Py. La declaración del piloto se extendió por casi cuatro horas y, según fuentes judiciales, Issin ratificó que el viaje fue íntegramente pagado por Marcelo Grandio.
Esta confirmación ha intensificado el escrutinio sobre Grandio y su vínculo con Adorni, teniendo en cuenta que el jefe de Gabinete tiene bajo su órbita a la TV Pública. La investigación busca determinar si existió algún tipo de acuerdo o beneficio mutuo entre ambos, que pudiera haber influido en la contratación del periodista o en la utilización de recursos públicos.
Manuel Adorni se defendió de las acusaciones en una conferencia de prensa ofrecida el miércoles pasado. El jefe de Gabinete afirmó: No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado . Estas declaraciones fueron realizadas luego de que su esposa, Bettina Angeletti, utilizara el avión presidencial en un vuelo a Nueva York y después del viaje en un avión privado a Punta del Este.
Adorni también aclaró que su sueldo está congelado desde hace dos años y justificó su silencio sobre las investigaciones en curso. Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso , explicó. Sin embargo, estas explicaciones no han logrado disipar las dudas sobre la transparencia de sus acciones y las de su familia.
La investigación judicial se inició a raíz de denuncias sobre el uso del avión presidencial por parte de Angeletti y del vuelo privado a Punta del Este. La oposición ha exigido una explicación detallada sobre los gastos y las razones por las que se utilizaron estos medios de transporte en lugar de opciones más económicas.
El fiscal Pollicita está analizando toda la documentación relacionada con los viajes de Adorni y su familia, así como los contratos de Grandio en la TV Pública. También se están investigando posibles vínculos entre otros funcionarios del gobierno y empresas o personas que pudieron haber facilitado los viajes o proporcionado beneficios a Adorni.
La medida de allanamiento en la TV Pública y el secuestro de los contratos de Grandio representan un avance significativo en la investigación. La Justicia busca reunir todas las pruebas necesarias para determinar si se han cometido irregularidades o delitos, y si corresponde iniciar acciones legales contra los responsables.
El caso ha generado un fuerte debate público sobre la ética y la transparencia en la gestión pública. La oposición ha acusado al gobierno de Adorni de utilizar recursos públicos para fines personales y de encubrir actos de corrupción. El gobierno, por su parte, ha defendido la legalidad de sus acciones y ha acusado a la oposición de realizar una campaña de desprestigio.
La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos días se produzcan nuevos testimonios y medidas judiciales. La Justicia busca esclarecer todos los aspectos del caso y determinar si se han violado las leyes o los principios éticos que rigen la función pública. La sociedad observa con atención el desarrollo de la investigación, esperando que se haga justicia y que se sancione a los responsables de cualquier irregularidad.
