Guatemala cuenta con un Plan Maestro de Movilidad, una Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y una Dirección de Proyectos Viales Prioritarios establecida por ley. Sin embargo, la ejecución de estas iniciativas brilla por su ausencia, una realidad evidenciada de manera contundente ayer con la silla vacía del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIV) en el República Summit Infraestructura 2026.
La ausencia no fue un descuido, sino una declaración. El MICIV no declinó la invitación, no ofreció justificación alguna y no envió representante alguno. Esta indiferencia, manifestada ante un evento que congregó a alcaldes, diputados, empresarios, gremiales, embajadores, medios de comunicación, activistas y funcionarios de diversas entidades estatales, trasciende un simple fallo administrativo. Se interpreta como una señal clara: la movilidad de las personas no es una prioridad para la administración de Bernardo Arévalo.
El costo de esta inacción es significativo. El país pierde hasta el 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) debido a la inmovilidad. Familias en áreas rurales enfrentan retrasos de 121 minutos para acceder a servicios de salud. Un trayecto de quince kilómetros entre Villa Nueva y la Ciudad de Guatemala puede consumir dos horas, tiempo irrecuperable para los ciudadanos. Mientras tanto, la red vial ha crecido solo un 1.6%, contrastando con un aumento del 10.8% en el parque vehicular, exacerbando el colapso vial. A pesar de esta situación crítica, el ministerio responsable no consideró necesario participar en un espacio de diálogo y búsqueda de soluciones.
La silla vacía también expone una hipocresía en la gestión gubernamental. El gobierno ha recurrido a la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria cuando le ha resultado conveniente políticamente, adjudicando proyectos a COVIAL mediante mecanismos de emergencia a empresas que previamente fueron señaladas de corrupción por los actuales gobernantes. La ley, por lo tanto, se aplica selectivamente, sirviendo a los intereses políticos del momento.
La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, creada para desbloquear proyectos cruciales como circunvalaciones y radiales, se ha convertido en un ejemplo paradigmático de negligencia. A pesar de contar con mandato legal, proyectos identificados y una gerente designada, carece de un reglamento aprobado, debido a la falta de voluntad del Ejecutivo para emitirlo. Los funcionarios del gobierno central se abstienen sistemáticamente de asistir a las sesiones del directorio, paralizando su funcionamiento.
El Ministerio de Finanzas mantiene desfinanciada la Dirección, y su gerente lleva más de seis meses trabajando sin remuneración, debido a la negativa de funcionarios de la Presidencia a fijar un salario conforme a la ley. Esta situación no se atribuye a ineficiencia burocrática, sino a un sabotaje institucional y a la comisión flagrante de delitos.
La inacción del presidente Arévalo ante esta situación no se interpreta como ejercicio de autoridad, sino como una convalidación del delito y el desmantelamiento de una herramienta que podría mitigar el colapso vial que él mismo prometió abordar.
Este gobierno llegó al poder con el mandato de corregir la herencia recibida, no de utilizarla como excusa permanente. Prometió capacidad, voluntad y seriedad para lograr lo que otros no pudieron. Sin embargo, hasta el momento, predominan las explicaciones, el victimismo y un discurso anticorrupción que sirve para todo menos para construir carreteras.
El 14 de enero de 2028 se acerca, y si la situación persiste, el informe de infraestructura vial del gobierno se resumirá en unas pocas líneas, similar a lo ocurrido en el informe de gobierno de 2025.
Gobernar implica ejecutar, liderar implica priorizar y servir al país exige tomar decisiones difíciles que, aunque no generen aplausos inmediatos, construyan el futuro que los guatemaltecos merecen. La silla vacía del República Summit Infraestructura 2026 es un retrato elocuente de un gobierno que aún no comprende, o no quiere comprender, esta realidad fundamental.
