El Ejecutivo oficializó la Política General de Gobierno 2026, centrada en tres ejes fundamentales: Seguridad Ciudadana, Continuidad Económica y Transición Democrática. La piedra angular de esta política es garantizar una transición democrática ordenada y elecciones sin contratiempos , según lo establecido en el Decreto Supremo N. 043-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano y aprobado por el Consejo de Ministros.
Esta política representa el compromiso del gobierno actual con la estabilidad democrática y la correcta realización del proceso electoral del 2026, reconociendo su carácter de transición. Las acciones delineadas en el decreto se orientarán a resultados inmediatos y medibles, siempre dentro del marco del respeto a las reglas democráticas y asegurando el normal desarrollo del proceso electoral hasta el cambio de mando previsto para julio de 2026.
El decreto especifica una serie de compromisos destinados a asegurar el éxito del proceso electoral. Entre ellos, se destaca el financiamiento y el soporte logístico a los organismos que conforman el sistema electoral, garantizando que cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente. Además, se priorizará la protección de los candidatos, los locales de votación y el traslado seguro del material electoral en todo el territorio nacional, con el objetivo de prevenir cualquier incidente que pueda afectar la integridad del proceso.
Un aspecto crucial de la política es la promoción de espacios de diálogo político con las fuerzas representadas en el Congreso de la República. El objetivo de estas conversaciones es prevenir escenarios de confrontación que puedan poner en riesgo los comicios, fomentando un ambiente de colaboración y consenso entre los diferentes actores políticos. Se busca, en esencia, construir un escenario político estable que permita la celebración de elecciones libres, justas y transparentes.
Más allá de la transición democrática, la Política General de Gobierno 2026 también aborda la problemática de la seguridad ciudadana. Se plantea reforzar la lucha contra la criminalidad a través de operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, buscando una mayor coordinación y eficacia en la respuesta a los delitos. Asimismo, se fortalecerá la inteligencia operativa para anticiparse a las amenazas y desarticular las redes criminales.
En este ámbito, se prestará especial atención a la lucha contra las economías ilegales, como la minería ilegal y la extorsión, que representan un grave problema para la seguridad y el desarrollo del país. Se implementarán acciones dirigidas a combatir estas actividades ilícitas, buscando desmantelar las estructuras que las financian y sancionar a los responsables.
En el ámbito económico, la política busca sostener la actividad productiva a través del impulso de proyectos de inversión, tanto públicos como privados. Se promoverá la mejora en la ejecución del gasto público, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente. Además, se trabajará en la reducción de trabas burocráticas en las asociaciones público-privadas, facilitando la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura y otros sectores estratégicos.
La política también contempla acciones para atender las emergencias causadas por las lluvias, que suelen generar graves daños en diversas regiones del país. Se fortalecerán los mecanismos de prevención y respuesta ante desastres naturales, garantizando la asistencia a las poblaciones afectadas y la reconstrucción de las áreas dañadas.
Asimismo, se buscará dinamizar las economías regionales, promoviendo el desarrollo de actividades productivas locales y mejorando la infraestructura de transporte y comunicaciones. Se reconoce la importancia de las regiones como motores del crecimiento económico y se buscará fortalecer su capacidad para generar empleo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
En resumen, la Política General de Gobierno 2026 representa un esfuerzo integral para garantizar la estabilidad democrática, la seguridad ciudadana y el desarrollo económico del país durante el período de transición. La prioridad es asegurar elecciones sin contratiempos en 2026, al tiempo que se abordan los desafíos más urgentes que enfrenta la sociedad peruana. El gobierno se compromete a trabajar en estrecha colaboración con todos los actores políticos y sociales para lograr estos objetivos, priorizando siempre el respeto a las reglas democráticas y el bienestar de la población. La implementación efectiva de esta política será clave para asegurar un futuro próspero y estable para el Perú.
