Buenos Aires, 25 de marzo de 2026 La Cámara de Diputados de Argentina inició este miércoles la primera audiencia pública para tratar la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada previamente por el Senado, en un contexto de fuerte controversia debido a las severas restricciones impuestas a la participación ciudadana. Más del 90% de los más de 101.000 inscriptos para exponer fueron excluidos de la intervención directa, limitando su participación al envío de presentaciones escritas o grabaciones en video.
La jornada se desarrolló con apenas 200 oradores presenciales y otros 200 de forma virtual, generando críticas generalizadas por considerarse una instancia con escaso margen real de debate. Imágenes compartidas en redes sociales muestran un recinto con numerosas sillas vacías, contrastando con la masiva cantidad de personas inhabilitadas para participar oralmente.
El proceso se encuentra atravesado por una intensa tensión política, con cuestionamientos dirigidos tanto a la organización del debate como a las condiciones impuestas por el oficialismo, liderado por La Libertad Avanza. Este definió un formato mixto que concentra las exposiciones en dos días 25 y 26 de marzo priorizando a los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones, lo que en la práctica impide que la gran mayoría de los interesados puedan expresar sus opiniones.
Organizaciones socioambientales han denunciado el carácter exprés de las audiencias, señalando que el mecanismo adoptado parece más enfocado en cumplir con un requisito formal que en promover un debate amplio y transparente. La exclusión masiva de inscriptos ha sido calificada como una censura y una falta de respeto a la ciudadanía.
En paralelo, continúan las disputas judiciales relacionadas con la reforma. Si bien un juzgado rechazó una medida cautelar que buscaba suspender las audiencias, aún está pendiente la resolución de otra presentación impulsada por entidades ambientalistas que buscan garantizar una mayor participación ciudadana.
Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, confirmaron que solo podrán ingresar al recinto quienes hayan sido previamente notificados, y que la actividad será transmitida por los canales oficiales de la Cámara. También solicitaron a los bloques políticos limitar la presencia de asesores por cuestiones de espacio.
La oposición ha reclamado sin éxito la extensión de la duración de las audiencias, manteniendo el oficialismo el cronograma original. Ante esta situación, organizaciones ambientalistas y comunidades originarias convocaron a una movilización para la tarde del miércoles, con el objetivo de exigir mayor participación y alertar sobre los posibles impactos negativos de una eventual flexibilización de la normativa vigente en materia de protección de glaciares.
La movilización contó con la participación de representantes de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto con integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural. Los convocantes buscan visibilizar los posibles impactos ambientales, sociales y culturales que podría generar una modificación de la legislación actual sobre glaciares.
Diversas organizaciones ambientales y de la sociedad civil, incluyendo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace, han solicitado formalmente que se garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública , con el fin de asegurar que todas las opiniones sean consideradas en la reforma de la Ley de Glaciares.
La situación ha generado un amplio debate sobre la transparencia y la legitimidad del proceso legislativo, así como sobre la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente y los recursos naturales del país. La movilización y las acciones judiciales en curso reflejan la creciente preocupación de la sociedad civil por la protección de los glaciares y el futuro de los recursos hídricos en Argentina. La controversia en torno a la reforma de la Ley de Glaciares continúa escalando, poniendo en evidencia las tensiones entre el gobierno, los sectores ambientalistas y las comunidades originarias. El desenlace de este debate tendrá implicaciones significativas para la política ambiental y el desarrollo sostenible del país.
