Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, regresará a Tegucigalpa el próximo domingo 26 de julio para enfrentar un proceso judicial por presunto fraude y lavado de dinero. El retorno del exmandatario se produce en un contexto radicalmente distinto al de abril de 2022, cuando fue detenido por la policía de su país para ser extraditado a Estados Unidos. En esta ocasión, Hernández acudirá ante los tribunales como un hombre libre, tras haber recibido un indulto presidencial por parte de Donald Trump, y gracias a que la Corte Suprema hondureña desactivó la alerta roja de Interpol que pesaba sobre él.
Este escenario parecía imposible hasta hace poco tiempo. En el año 2024, un jurado federal en Manhattan declaró a Hernández culpable de conspirar para introducir cientos de toneladas de cocaína en territorio estadounidense. La fiscalía de Estados Unidos lo señaló como el responsable de una de las operaciones de narcotráfico patrocinado por el Estado más grandes jamás procesadas. Las evidencias presentadas en el caso incluyeron testimonios de narcotraficantes cooperantes, libros contables con registros de pagos destinados a "JOH y su gente" y la revelación de un soborno de un millón de dólares entregado personalmente por Joaquín "El Chapo" Guzmán. Debido a la solidez del expediente, el Departamento de Justicia logró una sentencia de 45 años de prisión, lo que representaba una virtual cadena perpetua.
Sin embargo, la situación cambió en diciembre de 2025, cuando el presidente Donald Trump firmó un indulto que dejó sin efecto la sentencia. Hernández salió el mismo día de la prisión de máxima seguridad en West Virginia. El mandatario estadounidense justificó su decisión afirmando que, según personas a quienes respeta profundamente, el hondureño había sido tratado con "gran dureza e injusticia".
Detrás de este perdón judicial hubo una serie de gestiones estratégicas. Cinco semanas antes del indulto, Hernández envió una carta a Trump, refiriéndose a él como "su excelencia" y alegando ser una víctima de persecución política por parte del gobierno de Joe Biden. Asimismo, influyó la presión de Roger Stone, consultor político y cabildero cercano a Trump. Stone sostuvo que Hernández era víctima de un "lawfare" orquestado por la izquierda hondureña y argumentó que perdonar al expresidente revitalizaría las posibilidades de triunfo de Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, en las elecciones presidenciales.
Este caso ha puesto de relieve que la política antidrogas de Washington responde a intereses geopolíticos selectivos. Mientras Hernández recibía el indulto, la administración de Trump ordenaba ataques con drones contra narcolanchas en el Mar Caribe, dejando más de 100 muertos, y desplegaba una operación militar en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Rebecca Bill Chavez, presidenta del Diálogo Interamericano, señaló a la BBC que estas acciones hacen que la misión antinarcóticos parezca motivada por razones políticas.
El giro en la estrategia estadounidense se consolidó en enero de 2025, cuando Trump designó a organizaciones criminales de México, Colombia y Venezuela —como el Cartel de Sinaloa, el de Jalisco (CJNG) y el de los Soles— como organizaciones terroristas extranjeras. Según Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), este cambio jurídico permite combatir a estos grupos con fuerzas armadas en lugar de vías judiciales, situando la eliminación de los cárteles americanos como prioridad de seguridad nacional, por encima del yihadismo.
Isacson puntualizó que no existe la misma energía para combatir el narcotráfico cuando este tiene conexiones políticas con movimientos apoyados por Trump. Ejemplos de esto son los casos del general mexicano Salvador Cienfuegos, quien fue liberado tras presiones diplomáticas, y el levantamiento de sanciones contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes y la funcionaria venezolana Delcy Rodríguez.
En contraste, el caso de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas, parece no tener espacio para el perdón debido a la postura de Marco Rubio y la importancia de la estabilidad en Venezuela. Por otro lado, la liberación de los "narcosobrinos" de Maduro en 2022 bajo el gobierno de Joe Biden fue calificada por WOLA como un canje humanitario, distinto al indulto sin condiciones otorgado a Hernández.
El impacto de estas decisiones recae sobre el sistema judicial estadounidense, cuyas resoluciones quedan supeditadas a intereses políticos. Esto podría desincentivar a los gobiernos regionales a extraditar figuras delictivas de alto perfil, al no haber garantías de que las sentencias se cumplan. El caso de Juan Orlando Hernández demuestra que, mediante el uso de lobistas y alianzas políticas, la aplicación de la ley puede convertirse en un instrumento negociable.
