El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua está liderando una ofensiva regional para desmantelar el tejido social a través de la implementación de leyes restrictivas, según un documento titulado Rompiendo el tejido social . El informe detalla cómo estas leyes, incluyendo la Ley de Agentes Extranjeros, han sido utilizadas para justificar el cierre masivo de miles de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país.
La estrategia implementada por el gobierno nicarag ense se centra en la aplicación de regulaciones que dificultan la operación de las ONG, limitando su acceso a financiamiento y exigiendo un cumplimiento burocrático excesivo. Estas medidas han resultado en la cancelación de la personería jurídica de numerosas organizaciones, dejándolas imposibilitadas de continuar con sus actividades.
El documento señala que esta ofensiva no se limita a Nicaragua, sino que representa un modelo que podría ser replicado en otros países de la región. La Ley de Agentes Extranjeros, en particular, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión, quienes la consideran una herramienta para silenciar a la sociedad civil y restringir el espacio para la disidencia.
El cierre masivo de ONG tiene consecuencias directas en la prestación de servicios esenciales a la población, incluyendo asistencia humanitaria, promoción de los derechos humanos, y fomento del desarrollo económico y social. La desaparición de estas organizaciones debilita la capacidad de la sociedad civil para participar en la vida pública y controlar al gobierno. La situación plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua y en la región.
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