La Contraloría General de la República (CGR) reveló un preocupante informe que expone las apuestas ilegales en casinos de juego realizadas por 910 funcionarios públicos y municipales de 371 entidades estatales entre enero de 2024 y junio de 2025. Las transacciones, que suman un total de 11.490 millones de pesos, contravienen la Ley N° 19.995, que prohíbe a los funcionarios que administran o custodian fondos públicos realizar este tipo de apuestas.
El informe, basado en el cruce de información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y el registro de funcionarios con deber de rendir caución, revela que 181 funcionarios concentran el 96,8% del monto total apostado, alcanzando los 11.118 millones de pesos. Lo más alarmante es que las sumas apostadas por estos individuos no se condicen con sus niveles de remuneración, levantando sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.
Entre las instituciones con mayor número de funcionarios involucrados se encuentran Carabineros, la Fuerza Aérea (FACh), la Policía de Investigaciones (PDI), la Tesorería General de la República (TGR) y diversas municipalidades. En algunos casos, las cifras superan los mil millones de pesos, generando una profunda preocupación en el ente fiscalizador. Los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, pertenecientes a funcionarios que ocupan cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.
La Contraloría ha remitido el listado completo de los 910 funcionarios involucrados a la SCJ para que inicie las investigaciones y aplique las sanciones correspondientes. Asimismo, ha enviado los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que evalúen las implicaciones legales y tomen las medidas que consideren pertinentes.
El Ministerio de Defensa ya ha oficiado a la Fuerza Aérea y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitando un informe detallado sobre las acciones y sumarios que se llevarán a cabo en relación con los funcionarios involucrados en estas prácticas irregulares, con un plazo de cinco días para responder.
La reacción política no se ha hecho esperar. El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, acusó una falta a la probidad y sugirió la posible comisión de delitos, anunciando que remitirá los antecedentes al Ministerio Público. Por su parte, el diputado socialista Marcos Ilabaca calificó los hallazgos como un “escándalo” y exigió una investigación exhaustiva sobre el origen de los fondos apostados, cuestionando cómo funcionarios públicos pudieron transgredir la ley y justificar gastos millonarios con sus ingresos.
El impacto del informe se extiende a diversas municipalidades del país. Los alcaldes de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, y de Valdivia, Carla Amtmann, han expresado su preocupación y anunciado medidas contundentes. Wainraihgt reveló que en su comuna hay cerca de 16 funcionarios con cargos directivos que habrían realizado apuestas en casinos, incluyendo uno que gastó cerca de 280 millones de pesos, una suma incompatible con su remuneración. Amtmann, por su parte, agradeció a la Contraloría por la investigación y anunció que los tres funcionarios involucrados en Valdivia serán sometidos a procedimientos disciplinarios inmediatos, recordando que ya han destituido a nueve funcionarios por faltas a la probidad en su gestión.
La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, también se pronunció al respecto, manifestando su satisfacción por la divulgación de estos consolidados y esperando recibir a la brevedad los nombres de los involucrados en su comuna, ya que sus acciones “empañan el trabajo” que se está realizando.
El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Tomás Valenzuela, explicó que la prohibición de apostar en casinos para los empleados fiscales busca “resguardar el buen uso de los fondos públicos, entendiendo que se puede confundir de dónde provienen estos fondos que ocupan en los casinos”.
La Contraloría también advirtió sobre “eventuales deficiencias” en la información proporcionada por los operadores de casino, lo que sugiere la posibilidad de que el número real de funcionarios involucrados y el monto total apostado sean aún mayores. Este informe representa un duro golpe a la transparencia y la confianza en las instituciones públicas, y exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables. La ciudadanía espera que se esclarezcan las circunstancias de estas apuestas ilegales y se garantice que los fondos públicos sean utilizados de manera responsable y ética.
