El Juzgado de Letras y Garantía de Cochrane ha emitido un fallo judicial que impacta significativamente a la administración pública de la zona, al acoger parcialmente una demanda subsidiaria de indemnización de perjuicios. La acción legal fue interpuesta por la empresa Icafal Ingeniería y Construcción S.A., entidad que estuvo a cargo de la ejecución de la obra fiscal denominada "Construcción Red de Alcantarillado y Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas de Caleta Tortel".
A través de la causa rol C-30-2023, la magistrada Luisa Cornejo Jara analizó las pretensiones de la empresa constructora frente a los organismos públicos involucrados en la gestión del proyecto. En su resolución, la jueza determinó rechazar la demanda principal, la cual solicitaba el cumplimiento forzado del contrato. No obstante, el tribunal acogió de manera parcial la acción subsidiaria referida a la indemnización de perjuicios, lo que derivó en condenas económicas directas para dos entidades estatales.
El fallo establece que la Municipalidad de Tortel deberá hacer frente a un pago de $670.179.863, mientras que el Gobierno Regional de Aysén ha sido condenado al pago de $35.029.629. Ambas sumas corresponden a los perjuicios económicos asociados al desarrollo y ejecución del proyecto de saneamiento en la localidad.
Para llegar a esta determinación, el tribunal llevó a cabo una exhaustiva valoración de los antecedentes presentados durante el proceso judicial. La magistrada Cornejo Jara se basó especialmente en el análisis de pruebas técnicas, documentales y testimoniales. Estos elementos permitieron acreditar que la empresa constructora se vio obligada a ejecutar obras extraordinarias, las cuales surgieron como consecuencia directa de observaciones y errores detectados en el diseño original del proyecto.
Un punto clave en la argumentación del tribunal fue la validación de dichas obras adicionales. El fallo destaca que las intervenciones extraordinarias realizadas por Icafal Ingeniería y Construcción S.A. contaban con la aprobación explícita de la Inspección Técnica de Obras (ITO) y de la Asesoría Técnica. A pesar de contar con este respaldo técnico y la autorización correspondiente, el tribunal determinó que estas labores no fueron pagadas en su totalidad, generando así un perjuicio económico para la contratista.
Además de los errores de diseño y la falta de pago de las obras extraordinarias, la sentencia aborda otras fallas administrativas y contractuales. En el caso del Gobierno Regional de Aysén, el tribunal consideró que existieron retrasos injustificados en los pagos de los estados de avance, lo que afectó el flujo financiero de la ejecución de la obra.
Por su parte, la Municipalidad de Tortel fue señalada por el incumplimiento de obligaciones contractuales fundamentales. Entre las omisiones más destacadas por el juzgado se encuentra la falta de provisión de energía eléctrica, insumo que era estrictamente necesario para llevar a cabo la puesta en marcha de la obra de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
La combinación de estos factores —errores de diseño, falta de pago de obras aprobadas, retrasos en los estados de avance y la carencia de suministro eléctrico— fue corroborada mediante la documentación contractual y las declaraciones de los testigos presentados en el juicio. Esta evidencia permitió al tribunal concluir que los incumplimientos atribuibles a las demandadas provocaron daños económicos reales a la empresa constructora, justificando así la procedencia parcial de la demanda indemnizatoria.
Es importante destacar que, más allá de la disputa legal y financiera, el proyecto de construcción de la red de alcantarillado y el sistema de tratamiento de aguas servidas es calificado como una iniciativa estratégica. El objetivo final de esta obra es mejorar sustancialmente las condiciones sanitarias y elevar la calidad de vida de los habitantes de Caleta Tortel, quienes dependen de la correcta implementación de este sistema para su bienestar.
