La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia ha provocado el cierre de los pasos fronterizos formales de Tufiño, Rumichaca y El Carmelo, pero no ha logrado detener el flujo de mercancías, simplemente lo ha desviado hacia rutas ilegales. El comercio binacional, vital para la economía de la provincia de Carchi y regiones aledañas, ha encontrado una nueva vida en las “trochas”, caminos de tierra y pasos ocultos que serpentean a lo largo de la frontera, impulsados por la desesperación de comerciantes y la falta de alternativas laborales.
En Tulcán, Ecuador, y Ipiales, Colombia, el susurro es constante: “las cosas pasan por las trochas”. Jóvenes, muchos de ellos desempleados tras el deterioro del comercio formal, se han convertido en los principales actores de este contrabando improvisado. La imposición de tasas de seguridad del 50% por parte de Ecuador y del 30% por parte de Colombia ha hecho inviable el comercio legal para muchos, empujándolos a buscar ingresos en la informalidad.
El cierre de los pasos formales ha exacerbado la situación. Inicialmente, el gobierno del presidente Daniel Noboa cerró Tufiño y El Carmelo, dejando habilitado solo Rumichaca. Sin embargo, desde el 3 de marzo, incluso este último puente internacional está bloqueado por contenedores del lado colombiano, impidiendo el paso de camiones y automóviles. A pesar del cierre oficial, la actividad ilegal continúa a plena vista. Testigos describen cómo hombres cargan costales al hombro, cruzando la frontera repetidamente, mientras que en las fincas colindantes, el cruce se realiza por potreros, principalmente de noche.
El Ejército ecuatoriano ha identificado más de 70 pasos ilegales en la provincia de Carchi, la mayoría ubicados en propiedades privadas. Los dueños de estas fincas cobran una tarifa por permitir el paso de la mercancía, creando un nuevo negocio ilícito. La situación es tan grave que, según comerciantes locales, incluso la leche se transporta a través de mangueras sobre el río, con tanqueros de ambos lados coordinando el flujo.
El impacto económico de esta crisis es devastador. La Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración (Camecol) estima que el comercio bilateral ha perdido $340 millones solo entre febrero y marzo. Las importaciones por Tulcán han caído un 66,8%, y las declaraciones aduaneras se han reducido drásticamente, de 1.996 a 684. La carga tributaria, con el arancel del 50%, alcanza el 57,5%, haciendo que el comercio formal sea prácticamente inviable.
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) estima que unas 2.000 empresas en Ecuador están afectadas y que 200.000 empleos están en riesgo. El golpe es particularmente duro en el Carchi, donde la informalidad laboral ya era la más alta del país, alcanzando el 63% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Camecol indica que entre 4.847 y 6.513 empleos en la provincia están directamente amenazados, afectando a más de 5.600 familias que dependen del transporte de carga y el comercio fronterizo.
Del lado colombiano, la situación no es mejor. Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), seccional Ipiales, calcula que las exportaciones han caído más del 85%. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirma esta cifra: en marzo de 2026 salieron 432 vehículos con carga, frente a los 3.069 del año anterior. Antes de la crisis, $5,5 millones circulaban diariamente por la frontera Ipiales-Tulcán. Mena advierte que “no permitir el trabajo legal es abrir la puerta al ilegal”.
Iván Flores, presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales, describe que la actividad económica en la ciudad se ha reducido a apenas el 10% de lo que era antes. El centro comercial Gran Plaza, el santuario de Las Lajas y el terminal de transportes, indicadores clave de la actividad económica, muestran una disminución drástica en el flujo de personas.
Mientras las cifras económicas se desploman, el contrabando florece. Comerciantes del sector transporte relatan que en Tulcán, automóviles pequeños circulan con los asientos retirados para cargar arroz, manteca y aceites. En Chiles, a pocos metros del puente, existen entradas a fincas que conectan con Colombia, donde se cruza la frontera a pie o incluso a través del río.
A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno ecuatoriano defiende la aplicación de la tasa de seguridad, argumentando que ha mejorado la balanza comercial del país. El presidente Noboa informó que, entre el 1 de febrero y el 15 de marzo, Ecuador tuvo un superávit comercial de $62,8 millones, con exportaciones por $155 millones e importaciones por $92,8 millones. Sin embargo, esta mejora se produce a costa del comercio formal y a expensas del crecimiento del contrabando.
Ante esta crisis, la Comunidad Andina (CAN) ha intervenido, enviando una delegación a Rumichaca para evaluar la situación. Además, se ha programado una reunión entre los viceministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y Colombia en Lima, los días 25 y 26 de marzo, con el objetivo de destrabar la situación y encontrar una solución que permita retomar el intercambio comercial formal.
El gobernador de Nariño (Colombia), Luis Alfonso Escobar, advierte que si el comercio legal no tiene posibilidades, el ilegal seguirá creciendo, lo que perjudicará a ambos países. La situación actual es insostenible y requiere una solución urgente que permita restablecer la confianza entre los dos países y garantizar el bienestar de las comunidades fronterizas. La "tasa de seguridad", según algunos comerciantes, se ha convertido en una "tasa de inseguridad", alimentando la informalidad y el contrabando, y poniendo en riesgo miles de empleos y empresas en ambos lados de la frontera.
