Lima y Callao viven bajo la sombra del miedo. La extorsión y el sicariato se han convertido en la cruda realidad diaria de miles de peruanos, trascendiendo la tradicional victimización de los transportistas para alcanzar a ciudadanos comunes que simplemente buscan ganarse el pan de cada día. La escalada de violencia, evidenciada en ataques a unidades de transporte público con gasolina y el uso indiscriminado de armas de fuego, ha generado una profunda crisis de seguridad que exige respuestas urgentes y efectivas.
Desde enero de este año, los distritos del norte de Lima, así como Ate, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, se han convertido en focos de estos ataques. Los delincuentes, operando en moto lineal, exigen sumas exorbitantes – hasta 15 mil soles por unidad – a los transportistas, sumiendo a sus familias en la desesperación. El caso del 17 de marzo en San Juan de Miraflores, donde un chofer y dos pasajeras perdieron la vida, es un doloroso recordatorio de la brutalidad que se desata en las calles y la demanda de justicia que clama la ciudadanía.
El temor a denunciar estos crímenes es palpable. Las víctimas, atemorizadas por represalias, prefieren guardar silencio, lo que dificulta la labor de las autoridades y perpetúa el ciclo de violencia. A esto se suma la preocupante sospecha de que los establecimientos penales se han transformado en centros de coordinación y dirección de estas actividades ilícitas, convirtiéndose en verdaderas “salas de guerra” desde donde se planifican los ataques y se imparten órdenes.
Ante esta alarmante situación, el gobierno ha respondido con medidas legislativas destinadas a fortalecer la lucha contra la criminalidad. La reciente exención de responsabilidad penal para los efectivos policiales que utilicen sus armas de forma legítima en defensa propia o de terceros, así como la restitución de la función preliminar de investigación a la Policía Nacional, son pasos en la dirección correcta.
El Decreto Legislativo 1735, publicado en febrero, representa un esfuerzo significativo por crear un sistema especializado contra la extorsión y sus delitos conexos (SEEDC). Esta iniciativa articula a jueces, fiscales, policías y defensores públicos, buscando un enfoque integral y coordinado para combatir este flagelo. Se plantea, además, una revisión del sistema penitenciario con el objetivo de establecer medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, especialmente en el sector del transporte público y de mercancías.
Los candidatos a cargos públicos también han tomado nota de la creciente preocupación ciudadana. Diversos aspirantes a la Presidencia, así como a cargos de diputados y senadores, han manifestado su compromiso de apoyar a la Policía Nacional y fortalecer las medidas de seguridad. Entre las propuestas más recurrentes se encuentran el estricto control de las fronteras, el control total de los penales, la creación de comandos especiales con capacidad de inteligencia operativa y la recuperación de las calles y los barrios.
Sin embargo, las leyes y las promesas políticas no son suficientes. La Policía Nacional, que se encuentra en la primera línea de batalla contra la criminalidad, necesita un apoyo real y tangible. Los agentes de policía arriesgan sus vidas diariamente en defensa de la sociedad, a menudo enfrentando condiciones precarias y falta de recursos. Es fundamental abordar sus necesidades en materia de salud, beneficios, pensiones y vivienda (a través del programa Fovipol), garantizando que tengan la capacidad de responder de manera rápida y efectiva ante las amenazas.
La falta de medios logísticos en zonas alejadas del país es un problema grave que debe ser resuelto. Los policías que operan en estas áreas se enfrentan a desafíos adicionales, como la falta de acceso a servicios básicos y la dificultad para movilizarse. Invertir en su equipamiento y capacitación es esencial para mejorar su desempeño y proteger su integridad física.
La situación actual exige un compromiso firme y sostenido por parte de todos los actores involucrados: el gobierno, el Poder Legislativo, la Policía Nacional, el Poder Judicial y la sociedad civil. Es necesario fortalecer la coordinación entre las instituciones, mejorar la inteligencia policial, aumentar la presencia policial en las calles y promover la denuncia ciudadana.
Además, es crucial abordar las causas subyacentes de la criminalidad, como la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades. La inversión en educación, empleo y programas sociales puede contribuir a reducir la vulnerabilidad de los jóvenes y alejarlos del camino de la delincuencia.
La ola de crimen que azota a Lima y Callao es un desafío complejo que requiere una respuesta integral y coordinada. No se trata solo de aumentar la represión, sino de construir una sociedad más justa, equitativa y segura para todos los peruanos. El silencio y la indiferencia no son opciones. Es hora de actuar con determinación y valentía para recuperar las calles y proteger a nuestros ciudadanos. La memoria de las víctimas, como el chofer y las pasajeras de San Juan de Miraflores, nos exige no rendirnos y luchar por un futuro mejor.
