El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, presentó su renuncia este domingo, sumido en una profunda crisis tras la denuncia pública de agresión sexual en su contra realizada por Jennifer Canani Panduro, quien afirma haber sido víctima cuando era una adolescente de 16 años. La Presidencia aceptó la dimisión, agradeciendo los servicios prestados, pero el caso ha desatado una tormenta política y moral en el país.
La renuncia de Alfaro se produce apenas una semana después de ser ratificado en su cargo por el presidente interino José María Balcázar, en medio de una reestructuración ministerial que incluyó la salida de la exjefa de Gabinete, Denisse Miralles. Balcázar, inicialmente, había defendido al ministro, declarando que solo lo removería si existía una sentencia condenatoria en su contra, una postura que ahora se ve cuestionada ante la gravedad de las acusaciones y la presión pública.
Jennifer Canani Panduro, en una entrevista con el programa Beto a Saber de Willax, relató con detalles escalofriantes el presunto abuso ocurrido en el año 2000 en la ciudad de Pucallpa. Según su testimonio, Alfaro, en ese entonces un gerente de la empresa Electro Ucayali, aprovechó su vulnerabilidad y la agredió sexualmente en su propia habitación. “Yo estaba con una ropa que no era mía, desnuda en la cama del señor. Él llegó y le pregunté qué hacía ahí. Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. (...) Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, declaró Canani Panduro, visiblemente afectada.
La denunciante relató que, tras el incidente, intentó denunciar el hecho en la comisaría de Coronel Portillo de Pucallpa, pero su denuncia no fue aceptada. Como consecuencia de la agresión, Canani Panduro quedó embarazada y dio a luz a un hijo, quien fue legalmente reconocido por el ministro. Actualmente, el joven tiene 25 años y reside en Australia desde hace una década.
Ante la contundencia de la denuncia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha solicitado a la Fiscalía iniciar una investigación exhaustiva del caso. Sin embargo, Alfaro no ha tardado en reaccionar, anunciando que presentará una denuncia por difamación y chantaje contra Canani Panduro. En un comunicado público, el exministro niega categóricamente las acusaciones y afirma tener pruebas que demuestran su inocencia.
“Ante la insistencia de querer mostrarme como autor de un acto de violación, sin ninguna prueba real, rechazo categóricamente tal acusación”, señala el comunicado. Alfaro asegura que la denuncia es parte de una campaña orquestada con “otros intereses” y que posee evidencias de que la denunciante admitió, a través de un chat con su hermana, haber recibido dinero y un departamento en alquiler a cambio de dañar su imagen.
El exministro también se refiere a la situación de su hijo, afirmando que fue él quien “decidió irse” del Perú a Australia siendo mayor de edad, y que los motivos de su distanciamiento con la madre son personales y de su exclusiva competencia. “Es potestad de él decirlo”, añadió.
La defensa inicial del presidente Balcázar, basada en la necesidad de una sentencia firme para remover a Alfaro, ha sido ampliamente criticada por sectores de la oposición y la sociedad civil, quienes consideran que la gravedad de las acusaciones amerita una acción inmediata. La postura del mandatario ha sido interpretada como una falta de sensibilidad ante una denuncia de agresión sexual y una protección a su ministro a toda costa.
El caso Alfaro se suma a una serie de crisis que han afectado al sector energético en las últimas semanas. La fuga y deflagración en el ducto del yacimiento de gas natural de Camisea, cuyas causas aún no han sido esclarecidas por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), generaron preocupación por la seguridad energética nacional y pusieron en entredicho la gestión del ministerio.
La renuncia de Alfaro deja un vacío importante en un sector estratégico para el desarrollo del país, en un momento en que el Perú enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad energética y transición hacia fuentes de energía más limpias. El presidente Balcázar deberá nombrar un nuevo ministro que pueda restaurar la confianza en el sector y abordar los problemas pendientes.
La investigación fiscal será crucial para determinar la verdad de lo sucedido y esclarecer las responsabilidades penales correspondientes. La sociedad peruana espera que se haga justicia y que se proteja a las víctimas de agresión sexual. El caso Alfaro ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a las víctimas, así como de promover una cultura de respeto y tolerancia cero hacia la violencia de género. La sombra de esta acusación planea sobre el gobierno interino y plantea serias interrogantes sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. El futuro del sector energético y la credibilidad del gobierno están en juego.
