Santiago, Chile – Un informe del Plan Nacional de Búsqueda ha desatado una ola de reacciones encontradas en el Congreso Nacional, al señalar la posible existencia de restos de al menos 30 detenidos desaparecidos en un ex vertedero ubicado en la comuna de Macul, Región Metropolitana. El documento, de 33 páginas y revelado por el Centro de Investigación Periodística (CIPER), fue entregado a la ministra en visita Paola Plaza, quien lidera la investigación judicial sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
El informe se basa en una serie de testimonios que describen el presunto traslado y entierro ilegal de cuerpos durante los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Los relatos apuntan a un terreno específico, situado en la intersección de las calles Departamental con Macul, como el lugar donde se habrían realizado estas inhumaciones clandestinas. La información contenida en el documento ha reabierto viejas heridas y ha generado un intenso debate sobre la necesidad de avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia para las familias de las víctimas.
Desde la oposición, el diputado Carlos Cuadrado (PPD) ha valorado positivamente el informe, destacando su relevancia como un componente fundamental de una política pública orientada a esclarecer las violaciones a los derechos humanos. “Este informe demuestra que ningún poder está por sobre la verdad, y ninguna herida se cierra en la negación”, afirmó el parlamentario, enfatizando la importancia de reconocer el pasado para construir un futuro más justo y democrático.
Cuadrado también hizo un llamado a la celeridad de la justicia, instando a los tribunales a actuar con la rapidez que exige la conciencia pública. “Los tribunales deben actuar con la celeridad que exige la conciencia pública, y la ministra Paola Plaza debe ordenar las excavaciones sin dilaciones”, sostuvo, subrayando la necesidad de avanzar en la búsqueda de los restos de las víctimas y entregar respuestas a sus familiares.
La diputada Lorena Pizarro (Partido Comunista) se sumó a las demandas de investigación, recordando que durante mucho tiempo se han recibido relatos de personas que afirman haber presenciado el traslado de cuerpos asesinados al sector de Departamental durante los primeros dos años de la dictadura. “Hace mucho tiempo la gente relata que durante los dos primeros años de la dictadura civil militar se tiraban cuerpos asesinados en departamental. Luego se señaló que era donde estaba la antigua rotonda departamental”, explicó Pizarro.
La parlamentaria destacó la importancia de que exista una presentación judicial formal, como la que representa el informe del Plan Nacional de Búsqueda, para impulsar una investigación exhaustiva del lugar. “A mí, lo que me parece importante de esto es que aquí hay una presentación judicial, y yo espero de verdad, que de una vez por todas se investigue ese espacio, porque genera mucha expectativa”, afirmó.
Pizarro también enfatizó la obligación del Estado de buscar a las víctimas de desaparición forzada, recordando que esta es una responsabilidad fundamental en un Estado de Derecho. “Y, por lo tanto, espero que próximamente se decreten diligencias, hay testimonios que señalan el lugar donde se hicieron estas inhumaciones ilegales. Por lo tanto, yo espero que pronto podamos ver avances en este sentido”, agregó.
Sin embargo, no todas las reacciones han sido unánimes. La diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) expresó dudas respecto de los antecedentes conocidos, cuestionando por qué estos hechos no habrían sido investigados con anterioridad. “Me imagino que con lo antigua de esta denuncia se habrá investigado… me parecería raro que en tantos años no se hubiera hecho”, señaló Naveillán, apuntando a la falta de claridad sobre las razones por las que el caso no habría sido abordado en el pasado.
El informe del Plan Nacional de Búsqueda identifica una zona prioritaria de excavación de 0,75 hectáreas, donde se presume que podrían encontrarse los restos de víctimas detenidas entre septiembre de 1973 y comienzos de 1974. Entre las posibles víctimas se incluyen militantes políticos, ciudadanos extranjeros e incluso un menor de edad, lo que añade una dimensión aún más dramática a la investigación.
La ministra en visita Paola Plaza, quien tiene la responsabilidad de liderar la investigación judicial, aún no ha emitido una declaración oficial sobre el informe. Sin embargo, se espera que en los próximos días se pronuncie al respecto y determine los próximos pasos a seguir en la investigación. La decisión de ordenar o no las excavaciones en el terreno de Macul será crucial para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia para las familias de las víctimas.
El caso ha generado una gran expectación en la sociedad chilena, que sigue con atención los avances en la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La posibilidad de encontrar los restos de las víctimas en Macul representa una oportunidad para cerrar heridas y avanzar en la construcción de una memoria colectiva que permita evitar que estos hechos se repitan en el futuro. La presión social y política sobre la justicia para que actúe con rapidez y determinación es cada vez mayor, y se espera que en los próximos días se produzcan importantes avances en este caso. La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura sigue siendo una tarea pendiente para la sociedad chilena.
