Quito, Ecuador – Tras siete días de implementación del toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, el gobierno ecuatoriano presenta un balance operativo que busca demostrar avances significativos en la lucha contra el crimen organizado. Desde el 15 hasta el 22 de marzo de 2026, las fuerzas de seguridad han reportado un total de 897 aprehendidos por incumplimiento de la medida restrictiva, además de 1.166 personas registradas y cuatro detenidos por delitos distintos al quebrantamiento del toque de queda. Sin embargo, la efectividad de la estrategia y su impacto en las libertades civiles continúan siendo objeto de debate.
El Ministerio del Interior ha destacado la incautación de 52 armas, tanto blancas como de fuego, como uno de los logros más relevantes de la operación. A esto se suma la retención de 76 automóviles y 150 motocicletas, vehículos que, según las autoridades, podrían estar vinculados a actividades ilícitas. La captura de Rubén Z., un objetivo criminal prioritizado, también ha sido celebrada como un golpe importante contra las estructuras delictivas.
Pero el operativo va más allá del control de la movilidad y la aprehensión de sospechosos. Las Fuerzas Armadas han informado sobre la destrucción de 129 campamentos utilizados por grupos criminales, la inhabilitación de una pista clandestina de aterrizaje y la intervención de espacios utilizados para el tráfico de drogas. Estas acciones, según el gobierno, buscan cortar las rutas y capacidades operativas del narcotráfico, uno de los principales motores de la violencia en el país.
El Ministro de Defensa ha asegurado que se acatará el dictamen de la Corte Constitucional con respecto al toque de queda, garantizando la movilidad de la prensa y de los servidores judiciales. Esta declaración busca disipar las preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de expresión y al debido proceso legal, temas que han generado controversia desde el anuncio de la medida.
El sistema ECU911 registró un total de 4.726 reportes de emergencias durante el período de aplicación del toque de queda, lo que evidencia la alta demanda de servicios de seguridad y asistencia ciudadana en las provincias afectadas. Este número, aunque no especifica la naturaleza de las emergencias, sugiere que la situación de inseguridad persiste a pesar de los esfuerzos del gobierno.
El toque de queda, establecido a través del Decreto 329, rige diariamente entre las 23:00 y las 05:00, y se extenderá hasta fines de marzo. La medida forma parte de una política de seguridad más amplia adoptada por el Estado ecuatoriano en respuesta a las crecientes operaciones del crimen organizado, que incluyen el narcotráfico, la extorsión y la violencia urbana.
Sin embargo, la implementación del toque de queda no ha estado exenta de críticas. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de la medida en las libertades civiles y el derecho a la libre circulación. Argumentan que el toque de queda puede afectar desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población y generar un clima de miedo e inseguridad.
Además, algunos expertos en seguridad cuestionan la efectividad del toque de queda como estrategia a largo plazo para combatir el crimen organizado. Señalan que la medida puede tener un efecto disuasorio temporal, pero no aborda las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
El gobierno, por su parte, defiende la medida argumentando que es necesaria para restablecer el orden público y proteger a la ciudadanía. Afirman que el toque de queda permite a las fuerzas de seguridad llevar a cabo operaciones más efectivas contra el crimen organizado y recuperar el control territorial.
El debate sobre el toque de queda en Ecuador refleja la complejidad de la situación de seguridad que atraviesa el país. La lucha contra el crimen organizado requiere de una estrategia integral que combine medidas represivas con políticas sociales y económicas que aborden las causas profundas de la violencia. La efectividad del toque de queda dependerá, en última instancia, de su capacidad para contribuir a esta estrategia integral y garantizar el respeto de los derechos humanos.
La situación en las provincias afectadas continúa siendo monitoreada de cerca por las autoridades y la sociedad civil. Se espera que en los próximos días se evalúen los resultados del toque de queda y se tomen decisiones sobre su continuidad o modificación. La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para garantizar la legitimidad de la medida y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
