El ministro de Relaciones Exteriores, José Francisco Pérez Mackenna, figura clave en la administración actual y ex mano derecha del grupo Luksic, aparece como propietario de un coto de caza privado en la Región de Los Lagos, revelando una faceta poco conocida de su patrimonio personal. La propiedad, denominada “La Brama”, se encuentra en el predio Puente Alto, en la comuna de Puerto Octay, y fue adquirida en 2008 a través de la sociedad Agrícola Manantiales Limitada, constituida junto a su esposa, María Ojeda. La revelación ha generado interrogantes sobre la compatibilidad de sus actividades privadas con su rol de representante diplomático del país y la posible influencia de sus conexiones empresariales en decisiones gubernamentales.
Según documentos a los que accedió la prensa, Pérez Mackenna detenta el 10% de la sociedad, mientras que su esposa controla el 90% restante. No obstante, el ministro fue el representante legal de la empresa en todos los trámites relacionados con la adquisición y desarrollo del predio. La compra se realizó por $200 millones a Agrícola Santa Rosa Limitada, y actualmente el avalúo fiscal de la propiedad asciende a $1.504 millones, con contribuciones anuales que superan el millón de pesos.
El proyecto de coto de caza, aprobado en 2013 a través de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), se extiende sobre 103 hectáreas dentro del predio de 438 hectáreas. El objetivo principal es la caza selectiva de ciervos rojos (cervus elaphus), una especie exótica introducida en la zona. El proyecto contempla la eliminación de ejemplares considerados “débiles” o que no cumplen con los estándares para ser considerados “buenos trofeos de caza”, y su posterior traslado a una planta de faenamiento.
La presentación del proyecto ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) destaca que el predio posee “pocas condiciones agrícolas” debido a la erosión del suelo y la presencia de quebradas abruptas. Sin embargo, la existencia de un coto de caza privado en una zona con potencial agrícola plantea interrogantes sobre el uso del suelo y la posible priorización de actividades recreativas sobre la producción de alimentos.
El coto de caza se abastecerá de ciervos que migren naturalmente hacia el predio, pero en caso de ser necesario, se adquirirán ejemplares en criaderos certificados. La población inicial de ciervos en el coto se estimó en 30 hembras y 10 machos, pero el proyecto busca mantener una población mínima de 100 ciervos, con 50 machos y 50 hembras, a través de un estricto control poblacional basado en la caza selectiva.
La afición de Pérez Mackenna por la caza es conocida entre sus amigos más cercanos, incluyendo al empresario Juan Bilbao. El ministro suele utilizar el fundo como destino de vacaciones, lo que ha generado críticas por la posible incompatibilidad entre su rol público y sus actividades privadas.
La revelación del coto de caza ha desatado un debate sobre la transparencia y la ética en la función pública. Algunos sectores han cuestionado si el ministro ha utilizado sus conexiones empresariales para obtener beneficios personales, y si su participación en actividades de caza privada podría afectar su capacidad para representar los intereses del país en el ámbito internacional.
La atención ahora se centra en la declaración patrimonial que Pérez Mackenna deberá presentar como ministro de Estado. Se especula que su patrimonio podría ser similar o incluso superior al declarado en 2018 por el ex canciller Alfredo Moreno, quien comunicó tener fideicomisos por US$ 71 millones. La declaración patrimonial del ministro podría revelar la magnitud de sus inversiones y la extensión de sus intereses económicos.
El caso de Pérez Mackenna se suma a una serie de controversias relacionadas con la acumulación de riqueza por parte de altos funcionarios públicos. La falta de transparencia y la opacidad en la gestión de los bienes privados de los representantes del Estado erosionan la confianza de la ciudadanía y alimentan la percepción de que existe una élite privilegiada que se beneficia de su posición de poder.
La oposición ha exigido una investigación exhaustiva sobre la propiedad del coto de caza y la posible existencia de conflictos de interés. Se ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que se pronuncie sobre el tema y que garantice la transparencia en la gestión del patrimonio de sus funcionarios.
El gobierno, por su parte, ha defendido a Pérez Mackenna, argumentando que su participación en la sociedad Agrícola Manantiales Limitada es legal y que no existe ningún conflicto de interés. Sin embargo, la controversia ha generado una presión pública considerable y ha obligado al gobierno a tomar medidas para evitar que el caso se convierta en una crisis política.
La situación de Pérez Mackenna plantea interrogantes sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos, y de establecer normas más estrictas para prevenir los conflictos de interés. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la integridad de la función pública y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
El coto de caza “La Brama” se ha convertido en un símbolo de la desconexión entre la élite política y la realidad de la mayoría de los chilenos. La imagen del ministro de Relaciones Exteriores cazando ciervos en su propiedad privada contrasta con las dificultades económicas que enfrentan miles de familias en el país. La controversia ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar las desigualdades sociales y de promover una distribución más justa de la riqueza.
