Las Casas Colectivas, un ícono residencial del centro-sur de Guayaquil, se encuentran al borde del colapso social, sumidas en una espiral de violencia que está forzando a sus habitantes a abandonar sus hogares. Lo que alguna vez fue un proyecto de vivienda social digna, construido en 1948 por el arquitecto Héctor Martínez Torres, se ha transformado en un refugio para delincuentes, un punto de venta y consumo de estupefacientes, y un escenario constante de balaceras y asesinatos. El temor se ha instalado en la vida cotidiana de los vecinos, alterando sus rutinas y empujándolos a buscar seguridad en otros sectores de la ciudad.
El pasado 2 de marzo, la violencia se cobró la vida de un hombre de 26 años y un menor de edad en los exteriores del complejo habitacional. Este hecho, lamentablemente, no es aislado. Según testimonios de los residentes, las balaceras son casi una constante, motivadas por la lucha por el control del territorio para el microtráfico de drogas. La situación ha llegado a tal punto que muchos vecinos prefieren no identificarse por temor a represalias, evidenciando el clima de intimidación que impera en la zona.
La degradación física del complejo habitacional es un reflejo del deterioro social que lo aqueja. La fachada se encuentra deteriorada, y los alrededores están plagados de consumidores de droga, fumando o buscando restos de sustancias en las aceras. Esta imagen desoladora contrasta con el propósito original de las Casas Colectivas, que era ofrecer un espacio de vivienda digno para familias de clase media-baja.
Javier Gallo, planificador urbano e integrante del Comité Bicentenario de Guayaquil, explica que con el paso de los años, la zona se deterioró y se convirtió en un refugio para delincuentes. Desde su perspectiva, el conjunto habitacional ha dejado de cumplir el objetivo para el que fue concebido. “Los materiales de construcción como las losas de hormigón de 15 centímetros de espesor ya no cumplen los estándares modernos. A pesar de haber resistido temblores, se requiere demolición”, afirma Gallo.
Ante esta situación, el planificador urbano propone una intervención estatal que incluya la expropiación de los predios, la demolición de las estructuras y la reubicación de los actuales habitantes en nuevos proyectos de vivienda social en otras zonas de la ciudad. Esta medida, aunque drástica, se considera necesaria para recuperar el control del territorio y ofrecer a los residentes un entorno seguro y digno.
Sin embargo, la realidad es que la violencia ya está empujando a las familias a abandonar las Casas Colectivas. En algunos casos, los departamentos se venden por montos que no superan los 200 dólares, lo que evidencia la desesperación de los propietarios por deshacerse de sus bienes en una zona que se ha vuelto inhabitable.
Lorena, una vecina del sector, describe la situación como insostenible. “Ya aquí no se puede vivir, no hay seguridad. Aquí el delincuente campea, aquí el drogadicto campea. Este no es un lugar apropiado para que habite ninguna familia. Ya ni los niños salen a jugar”, lamenta.
El temor también ha afectado a los comerciantes de los alrededores, quienes han reducido sus horarios de atención o han optado por cerrar más temprano para evitar quedar expuestos a hechos violentos durante la noche. “Antes uno podía quedarse hasta más tarde, ahora no. A las seis o siete de la noche, ya todo el mundo recoge porque no se sabe qué puede pasar”, comenta el dueño de un negocio en la zona, quien prefiere mantener su identidad en reserva.
Los vecinos insisten en que la presencia policial es intermitente y no logra frenar el avance de las economías ilegales. Denuncian que los grupos delictivos tienen un sistema de inteligencia que les permite controlar todos los movimientos en la zona. “Aquí los grupos delictivos tienen un sistema de inteligencia que es de temer. Ellos saben todo: quién entra, quién sale, todo lo controlan”, declara Lorena.
El caso de Roberto Quiroz, quien relata cómo fue interceptado por sujetos armados en moto mientras se dirigía a visitar a sus primos, es un ejemplo de la inseguridad que se vive en el sector. El incidente, ocurrido en la calle José Mascote, cerca de Calicuchima, lo obligó a cancelar sus planes familiares y a alertar a sus familiares sobre la situación.
La situación de las Casas Colectivas es un reflejo de la crisis de seguridad que atraviesa Guayaquil y el país en general. La falta de oportunidades, la pobreza y la presencia de grupos delictivos organizados han contribuido a la degradación de este emblemático complejo habitacional, que alguna vez fue un símbolo de esperanza para las familias de clase media-baja.
La intervención estatal, la inversión en proyectos de vivienda social y la implementación de políticas de seguridad ciudadana son medidas urgentes para revertir esta situación y ofrecer a los habitantes de las Casas Colectivas un futuro más seguro y digno. De lo contrario, este ícono residencial corre el riesgo de convertirse en un fantasma del pasado, un recordatorio de los desafíos que enfrenta Guayaquil en su lucha contra la delincuencia y la exclusión social. La urgencia de una solución es palpable, ya que cada día que pasa, más familias se ven obligadas a abandonar sus hogares, dejando atrás un legado de sueños rotos y esperanzas perdidas. La ciudad no puede permitirse perder este patrimonio social, ni mucho menos condenar a sus habitantes a vivir en un estado de constante temor e inseguridad.
