Once presuntos criminales murieron en un operativo de la Marina de México en el estado de Sinaloa, epicentro de una sangrienta disputa por el control territorial del Cartel de Sinaloa. El incidente, ocurrido este jueves 19 de marzo de 2026, se suma a la creciente ola de violencia que azota la región desde finales de 2024, dejando un saldo de miles de muertos y desaparecidos. La operación, según informó el Gabinete de Seguridad, se desarrolló en diversos municipios de Sinaloa, con foco en inmuebles vinculados a la facción conocida como Los Mayos, liderada por Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente preso en Estados Unidos.
El despliegue militar incluyó la intervención en un domicilio presuntamente utilizado por miembros de Los Mayos. Posteriormente, el personal naval localizó otro inmueble asociado al mismo grupo, donde se desencadenó un intenso tiroteo con los integrantes de la organización criminal. El enfrentamiento resultó en la muerte de once presuntos delincuentes, y la incautación de armas de alto poder. Además, un individuo identificado como miembro de la facción de “El Mayo” Zambada fue detenido durante la operación.
Un elemento particularmente llamativo del operativo fue la detención, y posterior liberación, de Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada. Según fuentes locales, Zambada fue detenida en el marco de la operación, pero posteriormente fue puesta en libertad sin cargos formales. La situación ha generado interrogantes sobre el alcance de la investigación y la estrategia de las autoridades mexicanas en su lucha contra el narcotráfico.
Mónica Zambada ha estado en el radar de las autoridades estadounidenses desde 2007, cuando fue incluida en acusaciones relacionadas con su presunta participación en empresas utilizadas para el lavado de dinero. En 2019, fue sancionada por Washington, pero posteriormente fue eliminada de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de EE.UU. Su breve detención y posterior liberación reavivan el debate sobre la capacidad del gobierno mexicano para desmantelar las estructuras financieras del Cartel de Sinaloa.
La escalada de violencia en Sinaloa se intensificó tras la detención de “El Mayo” Zambada en julio de 2025, un evento que fue precedido por la entrega del líder del Cartel a las autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líder de la facción conocida como Los Chapitos. Esta traición desató una guerra interna dentro del Cartel de Sinaloa, con Los Chapitos buscando consolidar su control sobre la organización.
Estados Unidos declaró al Cartel de Sinaloa como un grupo terrorista el año pasado, reconociendo la amenaza que representa para la seguridad nacional. La designación ha intensificado la presión sobre el gobierno mexicano para tomar medidas más enérgicas contra el narcotráfico. Sin embargo, la complejidad de la situación y la arraigada corrupción en las instituciones mexicanas dificultan la implementación de estrategias efectivas.
Las cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) revelan la magnitud de la crisis en Sinaloa. Desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado más de 1.800 muertes y más de 2.400 desapariciones forzadas en el estado. Estas cifras alarmantes reflejan la brutalidad de la guerra entre los carteles y el impacto devastador en la población civil.
El Gabinete de Seguridad mexicano ha asegurado que mantiene una fuerte presencia en la zona y que el operativo continúa con el objetivo de proteger a la población. Sin embargo, la persistencia de la violencia y la falta de resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico generan escepticismo entre la ciudadanía. La población de Sinaloa vive en un estado de constante temor, atrapada entre el fuego cruzado de los carteles y la ineficacia de las autoridades.
La detención y liberación de Mónica Zambada, junto con la muerte de once presuntos criminales, son solo los últimos capítulos de una historia de violencia y corrupción que se escribe a diario en Sinaloa. La guerra entre Los Chapitos y Los Mayos parece no tener fin a la vista, y la población civil sigue siendo la principal víctima de este conflicto. La situación exige una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses, que aborde las causas profundas del problema y proteja a los ciudadanos inocentes. La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de violencia en México, y la necesidad de una solución duradera se vuelve cada vez más urgente. El futuro de Sinaloa, y de México en su conjunto, depende de la capacidad de las autoridades para restaurar el estado de derecho y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
