El ex fiscal regional oriente, Manuel Guerra, ha sido formalizado por corrupción y enviado a prisión preventiva tras una investigación que revela una “estructura de crédito corruptivo” vinculada a figuras prominentes del mundo político chileno, incluyendo al exministro del Interior, Andrés Chadwick. La decisión, tomada por el juez Guillermo Rodríguez del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, marca un hito en la historia judicial del país, siendo la primera vez que un exfiscal regional es encarcelado por delitos de corrupción.
La abogada María Inés Horvitz, quien renunció al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en septiembre de 2023 tras 33 años de servicio, ha sido una voz clave en la exposición de estos hechos. En una extensa entrevista con Ciperchile en diciembre pasado, Horvitz denunció la resistencia del CDE a querellarse en casos clave como el de los convenios y el caso Penta, donde Guerra habría recalificado los delitos para favorecer a los dueños de empresas Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano, permitiéndoles acceder a un juicio abreviado en lugar de un juicio oral.
Horvitz describió la actuación de Guerra como una “traición”, afirmando que el exfiscal prometió llevar el caso Penta a juicio oral, pero en cambio, “nos hizo a un lado de manera descarada y nunca nos dio una explicación” y “suprimió hechos de la acusación”. Añadió que esta acción fue “hecha maliciosamente” y que, años después, se descubrió que Guerra también estuvo involucrado en los sobreseimientos en la causa de la Minera Dominga, un proyecto que la familia Piñera vendió a Penta.
Tras la decisión del juez Rodríguez de declarar a Guerra como un peligro para la sociedad, Horvitz expresó su satisfacción, afirmando que “creo que por fin han quedado muy claros todos los hechos corruptos y delictivos que realizó Guerra por un buen lapso, y que perjudicó tantas causas por estar vendido a un sector político”. Calificó la resolución judicial como “un fallo extremadamente contundente y muy bien fundado”, destacando su importancia histórica dada la alta investidura de Guerra.
El fallo judicial detalla un patrón de conducta que el juez Rodríguez denominó “estructura de crédito corruptivo”. Este patrón implica la realización de favores a personas poderosas con la expectativa de recibir una “deuda” que luego se cobra o intenta cobrar. En el caso de Guerra, los objetivos de este cobro eran, según el juez, el exministro del Interior, Andrés Chadwick.
Las pruebas presentadas ante el tribunal incluyen chats entre Guerra y Luis Hermosilla, exjefe de gabinete del Ministerio del Interior, que revelan comunicaciones desde 2016 en las que Guerra buscaba conocer la postura de la UDI y tomar decisiones de fondo en el caso Penta. En enero de 2018, Guerra informó a Hermosilla su intención de “dejar negociado el proceso”, a pesar de la oposición de otros fiscales. Posteriormente, reformalizó el caso, eliminando los delitos de soborno y lavado de activos, lo que permitió a los acusados acceder a un procedimiento abreviado con penas menores.
Uno de los chats clave, fechado el 21 de septiembre de 2016, muestra a Guerra preguntando a Hermosilla sobre la postura de Andrés Chadwick y Santiago Valdés, administrador electoral de Sebastián Piñera, con el objetivo de “tomar decisiones de fondo”. Otro audio, del 11 de enero de 2018, revela la intención de Guerra de “dejar negociado el caso Penta”.
Además, el juez Rodríguez destacó que Guerra reveló a Hermosilla información confidencial sobre la investigación a Santiago Valdés, transmitiendo esta información al entonces ministro del Interior, Chadwick. La comunicación entre Guerra y Hermosilla sugiere una clara expectativa de reciprocidad, con Guerra buscando el apoyo de Chadwick para su propio beneficio.
El juez concluyó que existe una “estructura triangular” entre Guerra, Hermosilla y Chadwick, en la que la información se entregaba a Hermosilla con la expectativa de que fuera transmitida a Chadwick, con el objetivo de posicionar a Guerra ante un sector político que pudiera favorecerlo.
Ante estos hechos, Horvitz ha criticado al Ministerio Público por su manejo del caso, señalando que la solicitud inicial de arresto domiciliario total para Guerra, en lugar de prisión preventiva, sugiere una falta de interés en perseguir las responsabilidades de Chadwick. El CDE aún no ha decidido si ampliará su querella contra el exministro.
Horvitz también ha expresado preocupación por el acceso limitado a los chats entre Hermosilla y otros involucrados, señalando que la fiscal regional oriente, Lorena Parra, ha entregado la información de manera parcial, lo que dificulta la identificación de otras posibles personas implicadas. Además, ha cuestionado la permanencia de Parra a cargo de la causa, dado su vínculo con Hermosilla.
La abogada lamentó que la revelación de estos hechos haya dependido de una grabación de audio, en lugar de una investigación proactiva por parte de las autoridades. A pesar de su satisfacción con el fallo contra Guerra y otros casos recientes de corrupción, Horvitz advirtió que la institucionalidad democrática chilena “no está funcionando como corresponde”.
Finalmente, Horvitz anunció su intención de postular al decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tras la renuncia del actual decano, Pablo Ruiz-Tagle. Uno de sus principales objetivos como decana será fortalecer la formación ética de los futuros abogados. La investigación continúa y se espera que arroje más luz sobre la magnitud de esta red de corrupción y la responsabilidad de otros actores involucrados.
