La alcaldía Cuauhtémoc se encuentra bajo el escrutinio público tras revelaciones de documentos oficiales que contradicen la versión de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sobre el permiso de demolición del inmueble en San Antonio Abad 124, que colapsó el 9 de marzo, cobrando la vida de tres trabajadores. Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México han difundido capturas de pantalla del Sistema de Atención Ciudadana (SACNET) que demuestran que el trámite fue rechazado el 10 de marzo, un día después del fatal derrumbe, y no antes, como había afirmado la alcaldesa.
Esta información ha desatado una fuerte confrontación política entre la alcaldía, gobernada por la oposición, y la administración de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien insiste en que la responsabilidad de la verificación y supervisión recae en la demarcación. La bancada de Morena ha aprovechado esta evidencia para señalar directamente a la alcaldía Cuauhtémoc como responsable del incidente, acusando a Rojo de la Vega de negligencia y posible corrupción.
La cronología detallada del trámite, presentada por los diputados de Morena en conferencia de prensa el 18 de marzo, muestra que la solicitud de demolición se ingresó el 26 de septiembre de 2025. Posteriormente, se emitió una prevención el 28 de octubre, se notificó al solicitante el 4 de diciembre, y finalmente, el trámite fue marcado como “rechazado” el 10 de marzo de 2026 a las 12:02 horas. Esta secuencia de eventos, según los diputados, demuestra que la negativa del permiso ocurrió después del colapso, invalidando la versión de la alcaldesa.
El diputado Paulo García, uno de los principales impulsores de la investigación, declaró que la información fue proporcionada por trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes expresaron su hartazgo ante la corrupción y las prácticas irregulares dentro del gobierno local. “Agradecemos su colaboración para que se llegue a la verdad de este tema”, afirmó García.
La diputada Xóchitl Bravo, por su parte, anunció que la bancada de Morena ha solicitado la intervención de la Secretaría de la Contraloría General y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para investigar el caso y determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes. “Hoy no puede tratar de trasladar la responsabilidad, porque la Constitución y la ley son muy claras. La responsable de que este incidente pasara tiene nombre, apellido y es la alcaldía Cuauhtémoc y la titular”, acusó Bravo.
Además, la bancada de Morena ha señalado que la alcaldía Cuauhtémoc sí realizó verificaciones en otras obras bajo el esquema del acuerdo de facilidades administrativas en el mismo periodo en que no supervisó el inmueble de San Antonio Abad. Como ejemplos, mencionaron intervenciones en la colonia Hipódromo Condesa y zonas aledañas, incluyendo las calles Avenida México 11, Ámsterdam 49, Sonora 141, Avenida México 117 y Antonio Sola 71. Esta inconsistencia en la aplicación de los protocolos de verificación ha reforzado las acusaciones de negligencia y posible favoritismo.
Ante estas acusaciones, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México ha expresado su respaldo a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y ha cuestionado la actuación del gobierno capitalino en el caso. Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN capitalino, argumentó que la centralización de permisos mediante los acuerdos de facilidades administrativas ha limitado la capacidad de las alcaldías para prevenir riesgos.
Gutiérrez criticó la gestión de Clara Brugada, acusándola de centralizar el poder y de obstaculizar la labor de las alcaldías. “Basta de falsos gobernantes que no saben su responsabilidad y ante su negligencia criminal, ineptitud y corrupción, injurian”, sentenció la dirigente del blanquiazul.
Asimismo, Gutiérrez reveló que la alcaldesa solicitó visitas de verificación a inmuebles en demolición que, según dijo, no han sido atendidas por el gobierno capitalino. “Existe un rezago significativo en materia de verificaciones en Cuauhtémoc; tan solo entre octubre de 2025 a marzo del 2026, hay 456 solicitudes de inspección que no da cauce el Gobierno”, afirmó. Añadió que en al menos seis obras dentro de la demarcación no se permitió la verificación por parte de la alcaldía.
En respuesta a esta situación, Gutiérrez solicitó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), a la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (SEVIVIENDA) y al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) que asuman su responsabilidad en la supervisión de inmuebles en demolición, y pidió a la jefa de gobierno, Clara Brugada, que instruya acciones para revertir la falta de verificaciones.
El derrumbe del inmueble en San Antonio Abad 124 ocurrió durante trabajos de demolición el 9 de marzo, cuando tres losas colapsaron mientras los trabajadores desmontaban puertas, ventanas y otros elementos del edificio. En el lugar se encontraban 13 personas, de las cuales una resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Rubén Leñero, tres quedaron atrapadas bajo los escombros y el resto no sufrió afectaciones.
Tras varias horas de labores de rescate, los equipos de emergencia localizaron sin vida a los tres trabajadores: Marcelino Moreno, Iván Raúl Vega Montiel y Angélico Mejía. El operativo de rescate contó con la participación de elementos de la SGIRyPC, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El inmueble, con una antigüedad estimada de entre 50 y 60 años, presentaba daños estructurales derivados de los sismos de 1985 y 2017, por lo que había sido dictaminado para demolición. De acuerdo con la titular de la SGIRyPC, Myriam Urzúa, los permisos para realizar los trabajos fueron otorgados a finales de octubre de 2025 y la demolición inició entre finales de diciembre y enero.
Tras la recuperación de los cuerpos, el inmueble quedó bajo resguardo ministerial, y la FGJCDMX abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del colapso y deslindar responsabilidades. La demolición fue suspendida mientras se desarrollan las indagatorias. La disputa política y las acusaciones cruzadas entre Morena y el PAN complican aún más la investigación y generan incertidumbre sobre el futuro de la reconstrucción urbana en la Ciudad de México.
