El gobierno peruano, en una serie de movimientos que han generado interrogantes a la luz de la reciente crisis política, autorizó la transferencia de casi 1.700 millones de soles para la adquisición de 24 aeronaves de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La aprobación se realizó a través de dos decretos supremos firmados por la ex primera ministra Denisse Miralles y el presidente José María Balcázar, apenas días antes de la dimisión de la exministra y en un contexto de inestabilidad gubernamental.
El Decreto Supremo N°020-2026-EF, publicado el 16 de febrero, habilitó la transferencia de 1.137 millones de soles al Ministerio de Defensa, mientras que el Decreto Supremo N°043-2026-EF, firmado por Miralles y Balcázar y publicado el 17 de marzo, autorizó una transferencia adicional de 550.353.665 soles. En total, se han destinado 1.689.353.665 soles al proyecto de inversión CUI N°2573425, cuyo objetivo es la renovación de la flota de aviones de guerra de primera línea de la FAP.
Este proyecto, que asciende a un costo total estimado de 3.500 millones de dólares (aproximadamente 12.040 millones de soles al cambio actual), busca reemplazar los obsoletos aviones Mirage 2000P y MiG-29, adquiridos en las décadas de 1980 y 1990, muchos de los cuales se encuentran actualmente inoperativos debido a su antigüedad. La necesidad de modernizar la flota aérea peruana es innegable, dada la importancia de mantener la capacidad de defensa y control del espacio aéreo nacional.
La aprobación de estos decretos supremos se suma a una operación de endeudamiento interno previamente autorizada por el expresidente José Jerí a través del Decreto Supremo N°339-2025-EF, que permite la emisión de bonos soberanos por hasta 7.580 millones de soles para financiar parcialmente la compra de los 24 cazas. Esto significa que el gobierno está recurriendo a diversas fuentes de financiamiento para llevar a cabo este ambicioso proyecto.
La especulación sobre el tipo de aeronave que se adquirirá ha sido constante. Inicialmente, se consideró la posibilidad de adquirir los F-16 Block 70 de la empresa estadounidense Lockheed Martin, quienes presentaron una oferta de 12 aeronaves por 3.420 millones de dólares. Sin embargo, el proyecto CUI N°2573425 especifica claramente la adquisición de 24 aeronaves por 3.500 millones de dólares, lo que sugiere que otras opciones también están siendo evaluadas.
Entre las alternativas consideradas se encuentran los aviones suecos Gripen E/F y los aviones franceses Rafale F4. Según fuentes cercanas a la FAP, el Gripen E/F se acerca más a los términos de referencia establecidos para el proyecto, que incluyen la adquisición de 24 aeronaves por un costo total de 3.500 millones de dólares. La decisión final, sin embargo, recae en la Fuerza Aérea del Perú, que es la entidad usuaria y técnica responsable de evaluar las diferentes propuestas y seleccionar la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
El proceso de adquisición ha estado marcado por la discreción y la falta de transparencia. La modalidad de compra directa, bajo la justificación de "secreto militar", ha generado críticas por parte de algunos sectores, quienes exigen mayor claridad y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos. La rapidez con la que se han aprobado los decretos supremos, en un contexto de inestabilidad política, también ha levantado sospechas sobre posibles intereses ocultos.
La aprobación del proyecto de adquisición de los 24 cazas también cuenta con el respaldo del Congreso, lo que indica un consenso político en torno a la necesidad de modernizar la flota aérea peruana. Sin embargo, la falta de información detallada sobre las especificaciones técnicas de las aeronaves, los términos de los contratos y los mecanismos de control y supervisión ha generado preocupación entre algunos legisladores.
La situación se complica aún más con la reciente dimisión de la ex primera ministra Denisse Miralles y la inestabilidad política que atraviesa el país. La incertidumbre sobre el futuro del gobierno y la posible convocatoria a nuevas elecciones podrían afectar la continuidad del proyecto y retrasar la adquisición de los cazas.
En resumen, la autorización de la transferencia de casi 1.700 millones de soles para la compra de 24 aeronaves de combate para la FAP es un tema complejo que involucra aspectos políticos, económicos y de seguridad nacional. La falta de transparencia, la rapidez con la que se han tomado las decisiones y la inestabilidad política que atraviesa el país han generado interrogantes sobre el futuro del proyecto y la necesidad de garantizar una gestión eficiente y responsable de los fondos públicos. La FAP necesita urgentemente renovar su flota, pero el proceso debe ser transparente y estar sujeto a un riguroso control para evitar posibles irregularidades y asegurar que se obtenga el mejor valor por la inversión realizada. El país espera que la modernización de la flota aérea contribuya a fortalecer la capacidad de defensa y control del espacio aéreo nacional, pero también exige que se respeten los principios de transparencia, rendición de cuentas y legalidad en todo el proceso.
