QUITO, 18 de marzo de 2026 – Una ola de allanamientos a figuras políticas prominentes en Ecuador ha desatado una intensa controversia, con expertos legales advirtiendo sobre un posible uso político y selectivo de la herramienta investigativa por parte de la Fiscalía General del Estado. En lo que va del año, cinco políticos han sido objeto de estas intervenciones, generando un debate sobre la independencia judicial y el debido proceso en el país.
Los primeros en ser allanados, el 28 de enero, fueron el asambleísta por Pichincha, Patricio Chávez, y los excandidatos presidenciales Luisa González y Andrés Arauz. La Fiscalía los vincula al caso “Caja Chica”, una investigación sobre presunta delincuencia organizada y lavado de activos. Posteriormente, el 10 de febrero, agentes allanaron la residencia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del caso “Goleada”, también relacionado con presunta delincuencia organizada. El más reciente allanamiento, ocurrido en la madrugada del martes 17 de marzo, fue al domicilio del alcalde Cristian Zamora, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La sucesión de allanamientos ha levantado sospechas entre la comunidad jurídica. María del Mar Gallegos, abogada penalista y docente universitaria, reconoce que el allanamiento es una figura legalmente contemplada en el Código Orgánico Integral Penal, pero cuestiona su justificación en los casos recientes. “Existe un patrón preocupante”, afirma Gallegos. “Parece que esta medida se está aplicando de manera sistemática contra políticos que se oponen al gobierno o que expresan críticas”.
La abogada advierte sobre una posible coordinación entre fiscales y jueces, sugiriendo un abuso de la herramienta investigativa y una aplicación sin el debido sustento jurídico. “Si en el Consejo de la Judicatura hay figuras que responden al Ejecutivo, los jueces se sienten atados de manos para negarse a un allanamiento. Un juez que se oponga podría ser el siguiente en ser investigado”, señala.
Andrés Cevallos, otro abogado penalista, coincide en que los jueces han abandonado su rol como garantes de los derechos ciudadanos, convirtiéndose en “simples notarios de la Fiscalía”. Según Cevallos, los jueces firman órdenes de allanamiento de forma genérica, sin exigir una justificación real y detallada, lo que desnaturaliza la medida y la convierte en un “mecanismo de castigo político”.
Juan Jiménez Guartán, abogado penalista y director de la carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil, enfatiza la necesidad de garantizar la separación de funciones del Estado. A su criterio, los allanamientos son legítimos solo cuando se respetan las garantías del debido proceso y existen “indicios contundentes de la posible comisión de un delito”. Sin embargo, cuestiona la selectividad en su uso, señalando que la Fiscalía investiga a ciertos actores mientras ignora a otros.
Paúl Ocaña, abogado penalista y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, advierte que el uso del allanamiento se vuelve abusivo si la Fiscalía no formula cargos dentro de plazos razonables. “El problema surge cuando, tratándose de un político u opositor, no se formulan cargos posteriormente”, explica Ocaña. “Esa falta de imputación genera dudas sobre la justificación del allanamiento”.
Cevallos sostiene que la justicia en Ecuador opera a dos velocidades. “Se está abusando de esta figura del allanamiento y el síntoma más evidente de que el allanamiento se ha desvirtuado en el Ecuador no solo es a quién se investiga, sino a qué velocidad se lo hace”. Según el abogado, la maquinaria judicial se activa rápidamente cuando se trata de opositores o figuras incómodas, mientras que, en el caso de aquellos cercanos al poder, el sistema se muestra lento y letárgico.
La jurista Gallegos también advierte sobre el clima de tensión política que rodea la ejecución de los allanamientos. Menciona las declaraciones de la asambleísta oficialista Diana Jácome, quien instó a los legisladores opositores a “dormir con pijamas bonitas”, como un ejemplo de expresiones que pueden interpretarse como amenazas. En este contexto, Gallegos considera que el allanamiento “se está convirtiendo en una herramienta de persecución”.
La controversia se agrava en un momento en que la confianza en las instituciones ecuatorianas se encuentra en un punto bajo. La percepción de una politización de la justicia podría erosionar aún más la credibilidad del sistema y generar inestabilidad política. Los expertos coinciden en que es fundamental garantizar la independencia judicial, el debido proceso y la igualdad ante la ley para preservar el estado de derecho y fortalecer la democracia en Ecuador. La comunidad jurídica observa con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos y exige una investigación exhaustiva para determinar si los allanamientos recientes se ajustan a la ley o si constituyen un abuso de poder con fines políticos. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que la justicia se aplique de manera imparcial y equitativa para todos los ciudadanos.
