El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se encuentra en el centro de una controversia interna luego de que Reynaldo Vargas, auditor interno de la institución, interpusiera un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra una calificación de desempeño considerada baja por parte del Consejo. La situación ha generado debate dentro del Conavi, especialmente considerando que Vargas ha liderado los informes de auditoría que han puesto en evidencia posibles sobrecostos en las obras del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), así como “riesgos extremos” en el proyecto de la carretera entre Barranca y Limonal.
Según el acta 15-2026 de la sesión del Consejo de Administración del Conavi, celebrada el 2 de marzo de 2026, Vargas impugnó la calificación recibida. Aunque el acta no especifica la puntuación exacta, fuentes consultadas por este medio revelaron que la calificación habría sido inferior a 80 puntos. Esta cifra adquiere relevancia a la luz de una directriz del Ministerio de Planificación, basada en la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), que establece que dos calificaciones consecutivas de 70% o menos pueden ser causal de despido en la función pública.
La controversia se intensifica al considerar el papel crucial que ha desempeñado Vargas en la identificación de potenciales problemas en proyectos de gran envergadura para el país. Sus informes han alertado sobre riesgos de sobrecostos en las obras de Proeri, un programa vital para la reconstrucción de la infraestructura nacional tras desastres naturales, y han señalado deficiencias significativas en la gestión de riesgos del proyecto Barranca-Limonal, una carretera estratégica para la conectividad regional.
Durante la reunión del Consejo de Administración, el viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, propuso remitir el recurso de revocatoria al ministro del MOPT, Efraím Zeledón, para su consideración. El director del Conavi, Roberto Arguedas, enfatizó la necesidad de evaluar primero la revocatoria y, en caso de no ser admitida, permitir que Zeledón resuelva la apelación en subsidio. “Entonces me parece que debemos de ingresar simplemente a ver si mantenemos o no lo que se dijo en su momento”, declaró Arguedas durante la reunión.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de interrogantes. El director Roy Delgado Alpízar cuestionó el rol de Zeledón, preguntando si actuaría como superior jerárquico o como presidente del Consejo de Administración. La secretaria de actas interina de Conavi, Milagro Alvarado, aclaró que, siguiendo la práctica de años anteriores, el caso sería remitido al Ministro, quien delegaría el análisis del recurso al Viceministerio Administrativo. Alvarado explicó que, ante la presentación de una disconformidad y un recurso de apelación, lo correcto es remitirlo a la viceministra designada para atender este tipo de casos, en un plazo máximo de tres días.
La falta de sustento jurídico sobre los plazos y el procedimiento aplicable para resolver el recurso generó aún más debate. El director Pablo Zeledón Quesada planteó dudas sobre la base normativa que respalda el plazo señalado para atender el trámite, argumentando que cualquier plazo o procedimiento debe estar respaldado por reglamentos del régimen administrativo o disposiciones del Régimen de Servicio Civil. Alvarado confirmó que la consulta previa no especificó el artículo ni la normativa que fundamenta el plazo establecido.
Ante esta situación, el vicepresidente del Consejo, Pablo Camacho Salazar, respaldó la propuesta de solicitar un criterio formal y advirtió que todo acto administrativo debe contar con una adecuada fundamentación jurídica para garantizar la legalidad del proceso. Camacho propuso remitir una consulta a la Dirección de Recursos Humanos del Conavi para que oriente al Consejo sobre el procedimiento correcto para tramitar el recurso presentado por el auditor interno, incluyendo cada una de las etapas del debido proceso.
Inicialmente, el director Roberto Arguedas Pérez sugirió solicitar el criterio al departamento legal de la institución para evitar errores procesales. Sin embargo, Camacho explicó que el Departamento de Relaciones Laborales de Recursos Humanos, integrado por abogadas especialistas en procedimientos administrativos, es la instancia tradicionalmente recurrida en estos casos.
La preocupación por los plazos para resolver el recurso también se manifestó. El director Roy Delgado Alpízar señaló que, si el plazo aplicable fuera de tres días, el Consejo tendría que recibir el criterio jurídico antes del jueves para poder tomar una decisión dentro del plazo establecido. Zeledón aclaró que, en ausencia de una norma especial, podría aplicarse la normativa general prevista en la Ley General de la Administración Pública, la cual establece un plazo de ocho días de carácter ordenatorio para responder este tipo de gestiones.
Finalmente, el Consejo aprobó por unanimidad solicitar a la Dirección de Gestión del Recurso Humano del Conavi un criterio sobre el procedimiento a seguir para atender el recurso, con el objetivo de conocerlo en la sesión del 5 de marzo y proceder con la resolución correspondiente.
La labor de la Auditoría es fundamental para fiscalizar el manejo efectivo de los recursos públicos y señalar irregularidades. En este contexto, los informes de Vargas han revelado deficiencias significativas en la gestión de proyectos clave para el país. Por ejemplo, la auditoría señaló que el Conavi carece de un expediente institucional para gestionar planes de riesgo inminente en proyectos como la sustitución del puente sobre el río María Aguilar, la construcción de obras de estabilización en la Ruta Nacional N.° 415 y la construcción de obras de estabilización en la Ruta Nacional N.° 36. La documentación relacionada con estos proyectos permanece bajo custodia exclusiva de la firma implementadora de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
En cuanto a las obras entre Barranca y Limonal, la auditoría advirtió recientemente que en la gestión de riesgos prevalecen “controles débiles o insuficientes, incapaces de prevenir la materialización de riesgos”. Además, se identificó una insuficiencia de personal en la Unidad Ejecutora del proyecto, ya que solo hay tres funcionarios a pesar de que se proyectó un equipo de 10 colaboradores.
El director del Conavi, Mauricio Sojo, ha declarado que la calificación del funcionario no guarda relación con su labor. Por su parte, el auditor Reynaldo Vargas ha declinado hacer comentarios sobre el tema. La situación plantea interrogantes sobre la independencia de la función de auditoría interna y la posible influencia de intereses políticos o económicos en la evaluación del desempeño de los funcionarios que desempeñan un papel crucial en la fiscalización de los recursos públicos. El desenlace de este caso podría tener implicaciones significativas para la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la infraestructura vial en Costa Rica.
