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Caracas, Venezuela – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este lunes a sectores “extremistas” de intentar paralizar el transporte público en Caracas, mientras que transportistas exigían un aumento significativo de las tarifas y la devolución de vehículos retenidos. La jornada, marcada por un paro parcial, generó incomodidad en los usuarios y una respuesta del gobierno que busca minimizar el impacto y deslegitimar la protesta.
La denuncia de Rodríguez, transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), calificó el intento de paro como una acción destinada a obstaculizar el trabajo y la movilidad de los ciudadanos. “Intentaron parar el transporte en la ciudad capital y mi llamado es a que Venezuela trabaje y que dejen trabajar a quien quiera trabajar”, declaró la mandataria, instando a la “normalidad” en las actividades diarias.
Sin embargo, la realidad en las calles de Caracas fue más compleja. EFE constató que, si bien un número considerable de unidades de transporte seguían operando, las paradas de autobús presentaban una mayor afluencia de personas de lo habitual, evidenciando las dificultades para movilizarse. Medios locales reportaron que el paro tuvo un impacto más notorio durante las horas de la mañana, provocando largas colas en los paraderos y una mayor congestión en el Metro de Caracas, el principal sistema de transporte subterráneo de la capital.
La raíz del conflicto radica en las demandas de los transportistas, quienes solicitan un aumento del 100% en la tarifa mínima, elevándola a 120 bolívares. Esta cifra, aunque aparentemente modesta, representa una proporción significativa del salario mínimo mensual, que actualmente se sitúa en 130 bolívares (aproximadamente 26 centavos de dólar según la tasa de cambio oficial). Los transportistas argumentan que el actual costo del pasaje es insuficiente para cubrir los gastos de mantenimiento de los vehículos, el combustible y otros insumos esenciales, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector.
Además del aumento de la tarifa, los transportistas exigen la devolución de las unidades que han sido retenidas por las autoridades por operar con tarifas no oficiales. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre los operadores, quienes temen represalias por ajustar los precios a un nivel que consideren justo.
La respuesta del gobierno a estas demandas ha sido, hasta el momento, evasiva. Rodríguez rechazó categóricamente cualquier intento de “impedir el derecho a la libre movilidad” e invitó a los transportistas a participar en el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, una iniciativa lanzada por el gobierno chavista en enero pasado con el objetivo de establecer un diálogo con diversos sectores de la sociedad.
“Todos, sin excepción, van a ser escuchados, (…) sus aspiraciones, sus problemas, pero yo lamento mucho que, desde el exterior, con un teléfono, se siguen activando sectores extremistas del país”, afirmó la mandataria, insinuando la existencia de una injerencia extranjera en la protesta. Esta acusación, recurrente en el discurso oficialista, busca deslegitimar las demandas de los transportistas y atribuirlas a intereses externos.
En paralelo a las declaraciones de Rodríguez, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, anunció la implementación de un “plan de contingencia” para mitigar los efectos del paro. Según Meléndez, los diferentes entes de la alcaldía pusieron a disposición sus propias unidades de transporte para facilitar la movilidad de los ciudadanos hacia sus lugares de trabajo y otros destinos.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) también se sumó a las acciones gubernamentales, asegurando a través de su cuenta de Instagram que brindaba apoyo a la “población afectada por el paro” con el despliegue de sus propias unidades de transporte.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas ha sido cuestionada por la oposición y por los propios usuarios, quienes denuncian la insuficiencia de las unidades de transporte disponibles y la persistencia de las largas colas en las paradas.
El opositor y exgobernador César Pérez Vivas criticó duramente las declaraciones de Rodríguez, argumentando que el gobierno busca silenciar cualquier forma de protesta o disidencia. “Ahora ningún gremio, sindicato o sector social puede ejercer el derecho a la manifestación o a la huelga porque sale la señora Delcy Rodríguez a calificarlos de ‘extremistas’ que acatan órdenes del exterior”, expresó Pérez Vivas en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
La situación del transporte público en Venezuela es un reflejo de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país. La falta de inversión en infraestructura, la escasez de repuestos y la hiperinflación han deteriorado significativamente el sistema de transporte, dejando a los ciudadanos con opciones limitadas y costosas para movilizarse. El paro de este lunes, aunque de alcance parcial, pone de manifiesto la creciente frustración de los transportistas y la necesidad de encontrar soluciones urgentes y sostenibles para garantizar el derecho a la movilidad de la población venezolana. El gobierno, por su parte, se aferra a su discurso de confrontación y deslegitimación, sin ofrecer alternativas concretas para abordar el problema. La tensión persiste y el futuro del transporte público en Caracas sigue siendo incierto.
