Una demanda por indemnización de perjuicios ha sacudido al mercado de la seguridad privada en Chile, involucrando a la empresa Tepillé y a Comercial Manzini Limitada, fabricante de alimentos con sede en Quinta Normal. La firma alimentaria acusa graves incumplimientos en el servicio de vigilancia contratado, lo que habría facilitado un millonario robo durante el feriado de Fiestas Patrias de 2024.
Según la acción judicial presentada, Comercial Manzini Limitada contrató los servicios de Tepillé el 3 de mayo de 2021, un acuerdo que se reforzó con anexos firmados en febrero de 2023. La empresa se vio atraída por una oferta comercial que prometía un nivel de efectividad del 99%, monitoreo constante las 24 horas y, crucialmente, un sistema de “back-up de energía e internet” diseñado para mantener operativo el sistema de seguridad incluso ante cortes eléctricos prolongados, de hasta 72 horas.
La promesa de un sistema de respaldo robusto fue un factor determinante en la decisión de Manzini, dada la importancia de proteger sus instalaciones y productos, especialmente considerando el valor de su inventario y la continuidad de su producción. La empresa necesitaba una garantía de seguridad ininterrumpida, y Tepillé, según la demanda, se presentó como la solución ideal.
Sin embargo, la realidad distó mucho de lo prometido. Durante el feriado de Fiestas Patrias, entre el 17 y el 23 de septiembre, un corte de suministro eléctrico afectó a la zona donde se ubica la planta de Manzini. La empresa acusó que el sistema de respaldo contratado, supuestamente capaz de operar durante 72 horas sin energía externa, simplemente no funcionó.
Esta falla crítica dejó a la fábrica sin vigilancia efectiva durante varios días. Aprovechando la situación, delincuentes ingresaron al recinto y sustrajeron una cantidad significativa de bienes de la compañía. La demanda detalla que el sistema de seguridad no solo falló en su función principal de disuadir y detectar intrusos, sino que tampoco alertó oportunamente a Carabineros ni registró los hechos, impidiendo una respuesta rápida y efectiva.
La situación ha generado una profunda preocupación en el sector de la seguridad privada, ya que pone en tela de juicio la veracidad de las ofertas comerciales y la capacidad de las empresas para cumplir con los compromisos adquiridos. La confianza de los clientes en estos servicios es fundamental, y un incidente de esta magnitud puede tener un impacto negativo en toda la industria.
En primera instancia, el tribunal dictaminó que Tepillé incumplió el contrato y ordenó el pago de una indemnización de aproximadamente 45 millones de pesos. El fallo judicial reconoció la negligencia de la empresa de seguridad y su responsabilidad en los daños sufridos por Comercial Manzini.
Sin embargo, la disputa legal aún no ha terminado. Comercial Manzini considera que la indemnización otorgada es insuficiente para cubrir la totalidad de los perjuicios sufridos. La empresa estima que las pérdidas totales ascienden a 69 millones de pesos, incluyendo el valor de las especies sustraídas y otros daños asociados al robo. Por lo tanto, ha presentado un recurso ante la Corte de Apelaciones, buscando que se reconozca el monto total de los daños reclamados.
El caso ha puesto de relieve la importancia de una revisión exhaustiva de los contratos de seguridad privada, así como la necesidad de establecer mecanismos de control y fiscalización más rigurosos para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad. Las empresas que contratan estos servicios deben exigir garantías concretas y verificar la capacidad real de los proveedores para responder ante situaciones de emergencia.
Además de las implicaciones legales y financieras, el incidente ha generado un debate sobre la responsabilidad de las empresas de seguridad en la protección de los bienes de sus clientes. ¿Es suficiente con ofrecer un servicio de vigilancia básica, o deben asumir un compromiso más amplio que incluya la implementación de sistemas de respaldo confiables y la capacitación adecuada de su personal?
La demanda de Comercial Manzini también plantea interrogantes sobre la regulación del sector de la seguridad privada en Chile. ¿Existen normas claras y efectivas que protejan los derechos de los consumidores y garanticen la calidad de los servicios? ¿Es necesario fortalecer la supervisión y fiscalización de las empresas de seguridad para prevenir incidentes similares en el futuro?
El caso Tepillé-Manzini es un llamado de atención para toda la industria de la seguridad privada. Las empresas deben priorizar la transparencia, la honestidad y el cumplimiento de sus compromisos, ya que la confianza de los clientes es su activo más valioso. Asimismo, las autoridades deben fortalecer la regulación y fiscalización del sector para garantizar la seguridad y protección de los bienes de los ciudadanos y las empresas.
La Corte de Apelaciones revisará el recurso presentado por Comercial Manzini, y se espera que su decisión tenga un impacto significativo en el futuro de la seguridad privada en Chile. El resultado de este proceso judicial podría sentar un precedente importante para casos similares y contribuir a mejorar la calidad y confiabilidad de los servicios de seguridad en el país. La empresa Tepillé, por su parte, enfrenta un desafío importante para recuperar su reputación y demostrar su compromiso con la seguridad y la protección de sus clientes.
