Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha rechazado categóricamente la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de establecer un arancel cero en el comercio bilateral entre ambos países. La decisión, anunciada este sábado, se basa en el argumento de que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela crean un campo de juego desigual para los productores venezolanos, imposibilitando una competencia justa y equitativa.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez fue enfática al señalar que, si bien la iniciativa de Petro es bienvenida en principio, su implementación en las condiciones actuales es inviable. “Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado (…) no podemos ir en igualdad de condiciones”, afirmó la mandataria, según reportó la agencia EFE. Esta declaración subraya la profunda preocupación del gobierno venezolano por el impacto de las sanciones en su capacidad para participar en acuerdos comerciales beneficiosos.
La presidenta encargada argumentó que la prioridad del gobierno es proteger el aparato productivo nacional antes de avanzar hacia una apertura comercial plena con Colombia. En esencia, Rodríguez considera que, mientras las sanciones persistan, cualquier acuerdo comercial que no tenga en cuenta esta realidad solo serviría para perjudicar a los productores venezolanos, quienes se verían incapaces de competir con empresas colombianas que no están sujetas a las mismas restricciones.
El rechazo a la propuesta de Petro se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno venezolano para denunciar los efectos nocivos de las sanciones y exigir su levantamiento. Rodríguez aprovechó la ocasión para reiterar su petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que elimine definitivamente las medidas económicas que pesan sobre Venezuela. “Presidente Trump, es el sentir de un pueblo (…) que América Latina pueda marchar junto a un crecimiento acompasado en equilibrio y donde Venezuela también dé su aporte al crecimiento regional”, expresó la mandataria.
La insistencia en el levantamiento de las sanciones como condición previa para la recuperación económica y la normalización de las relaciones comerciales es una constante en el discurso del gobierno venezolano. Rodríguez ha argumentado repetidamente que estas medidas han obstaculizado el desarrollo del país, han afectado la calidad de vida de los ciudadanos y han impedido la diversificación de la economía.
En un contexto relacionado, Rodríguez anunció el ingreso de 300 millones de dólares a un fondo recientemente creado para la “protección social”. Estos recursos provienen de una “venta extraordinaria” de fueloil, un combustible derivado del petróleo. Según explicó, el objetivo del fondo es mejorar los ingresos de los trabajadores y financiar programas en áreas clave como salud, alimentación y vivienda. Sin embargo, la mandataria no ofreció detalles específicos sobre el mecanismo de distribución de estos recursos, lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia y la eficacia del fondo.
La creación de este fondo se produce tras la captura, en enero, de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un evento que, según el gobierno venezolano, motivó la creación de dos fondos soberanos. Uno de estos fondos está destinado a programas sociales, como el recién anunciado, y el otro está orientado a la recuperación de servicios públicos. La estrategia del gobierno venezolano parece ser la de utilizar los ingresos derivados de nuevas inversiones en petróleo y gas para financiar programas sociales y reconstruir la infraestructura del país.
A pesar de las tensiones persistentes con Estados Unidos, Rodríguez celebró la reanudación de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, destacando la reciente izada de la bandera estadounidense en la embajada de Estados Unidos en Venezuela por primera vez en siete años. “Muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor en los Estados Unidos, en nuestra embajada”, afirmó la mandataria, anticipando la pronta reapertura de la embajada venezolana en Washington.
Rodríguez se mostró optimista sobre la posibilidad de avanzar hacia relaciones “de respeto” con Estados Unidos, en medio de un proceso de acercamiento diplomático que se ha producido tras años de ruptura entre ambos países. Este acercamiento, aunque aún frágil, podría abrir nuevas oportunidades para la cooperación económica y política entre Venezuela y Estados Unidos.
Sin embargo, el rechazo a la propuesta de arancel cero de Petro y la insistencia en el levantamiento de las sanciones sugieren que el gobierno venezolano sigue siendo cauteloso y exige garantías de que cualquier acuerdo comercial o político sea justo y equitativo. La situación económica de Venezuela, marcada por años de crisis y sanciones, exige una estrategia pragmática y realista que priorice la protección de los intereses nacionales y la recuperación del aparato productivo. La postura de Delcy Rodríguez refleja esta estrategia, dejando claro que Venezuela no está dispuesta a aceptar acuerdos que puedan perjudicar a sus productores y perpetuar su dependencia económica. El futuro de las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia, y su relación con Estados Unidos, dependerá en gran medida de la evolución de las sanciones y de la voluntad de todas las partes de encontrar soluciones mutuamente beneficiosas.
