La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua ha denunciado este sábado la creciente represión y la “crueldad irrazonable” del régimen sandinista liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los opositores políticos y críticos del gobierno. La denuncia se centra en el trato inhumano que reciben los presos políticos, especialmente aquellos de avanzada edad y con problemas de salud, quienes permanecen detenidos en condiciones deplorables y sin acceso adecuado a atención médica.
El comunicado de la delegación diplomática estadounidense destaca el caso de Brooklyn Rivera Brayan, un ex diputado indígena miskito de 73 años, arrestado el 29 de septiembre de 2023. Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), fue un aliado del gobierno sandinista en la Asamblea Nacional, lo que subraya la amplitud de la represión que afecta a individuos de diversos orígenes políticos e ideológicos. Su detención se produjo en vísperas de las elecciones regionales de marzo de 2024, y posteriormente, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el régimen, canceló la personalidad jurídica del partido Yatama, acusándolo de actos que socavan la independencia y soberanía nacional, e incluso de incitar a la injerencia extranjera, calificándolos como traición a la patria.
La embajada estadounidense enfatizó que Rivera, al igual que otros presos políticos, fue encarcelado simplemente por expresar su desacuerdo con el régimen y se encuentra privado de sus derechos fundamentales en condiciones inhumanas. Esta situación se repite con otros 15 adultos mayores que se encuentran entre los 46 presos políticos actualmente detenidos en Nicaragua, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una organización avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre estos presos se encuentran figuras prominentes como Bayardo Arce y Henry Ruiz, antiguos comandantes de la revolución sandinista, lo que demuestra que la represión no distingue entre opositores actuales y ex aliados.
La crisis política y social que atraviesa Nicaragua se remonta a abril de 2018, pero se intensificó significativamente tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, obtuvo un quinto mandato consecutivo. Estas elecciones fueron ampliamente criticadas por la comunidad internacional debido a la falta de transparencia, la represión de la oposición y la exclusión de candidatos relevantes. Antes de los comicios, los principales contendientes de Ortega fueron encarcelados, y posteriormente fueron expulsados del país, despojados de su nacionalidad y de sus derechos políticos, acusados de “golpistas” y “traición a la patria”.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha deteriorado drásticamente en los últimos años, con informes consistentes de violaciones sistemáticas, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento a periodistas y defensores de derechos humanos, y restricciones a la libertad de expresión y asociación. El régimen sandinista ha cerrado espacios para la disidencia y ha silenciado a las voces críticas, consolidando un control autoritario sobre el país.
La denuncia de la Embajada de Estados Unidos se suma a las crecientes preocupaciones expresadas por organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos de todo el mundo. La comunidad internacional ha instado al régimen de Ortega-Murillo a liberar a los presos políticos, respetar los derechos humanos y permitir un diálogo inclusivo para abordar la crisis política y social que afecta a Nicaragua.
El caso de Brooklyn Rivera Brayan es particularmente preocupante debido a su edad y estado de salud. Su detención y la cancelación de la personalidad jurídica de su partido, Yatama, representan un ataque directo a la representación política de las comunidades indígenas y a la diversidad cultural del país. La represión contra Yatama también refleja la estrategia del régimen de desmantelar cualquier forma de oposición organizada y de controlar todos los aspectos de la vida política y social en Nicaragua.
La embajada estadounidense ha reiterado su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua y ha instado al régimen a permitir el acceso a organizaciones independientes de derechos humanos para que puedan monitorear las condiciones de detención y verificar el trato que reciben los presos. La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Nicaragua y está considerando posibles medidas para presionar al régimen de Ortega-Murillo para que respete los derechos humanos y restaure la democracia en el país.
La persistencia de la represión y la falta de voluntad del régimen para entablar un diálogo significativo con la oposición sugieren que la crisis en Nicaragua podría prolongarse en el tiempo, con consecuencias devastadoras para la población y para la estabilidad de la región. La comunidad internacional enfrenta el desafío de encontrar formas efectivas de apoyar a la sociedad civil nicaragüense y de presionar al régimen para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y democracia. La situación exige una respuesta coordinada y contundente para evitar que la crueldad del régimen de Ortega-Murillo continúe causando sufrimiento y socavando las esperanzas de un futuro mejor para Nicaragua.
