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¡REBELIÓN DE ALCALDES! Gobierno en jaque por impuestos

Los jefes comunales de Huechuraba y Lo Barnechea, ambos del mismo sector político del gobierno, advirtieron que eliminar las contribuciones sería “fiscalmente irresponsable” y plantearon reformar el sistema sin afectar el financiamiento municipal. En medio del debate tributario impulsado por el nuevo gobierno, dos alcaldes de derecha —Maximiliano Luksic (Huechuraba) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea)— cuestionaron públicamente una de las propuestas que ha circulado en su propio sector político: la eliminación de las contribuciones a la propiedad. Seguro: Es seguro leer más

¡REBELIÓN DE ALCALDES! Gobierno en jaque por impuestos

Los alcaldes de Huechuraba y Lo Barnechea, figuras prominentes del sector político oficialista, han alzado la voz en contra de una propuesta que ha ganado terreno en el debate tributario impulsado por el nuevo gobierno: la eliminación de las contribuciones a la propiedad. Maximiliano Luksic, alcalde de Huechuraba, y Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, advirtieron que la supresión de este impuesto sería “fiscalmente irresponsable” y plantearon la necesidad de reformar el sistema actual sin comprometer el financiamiento de las municipalidades.

Esta inusual disidencia dentro del mismo bloque político del gobierno subraya la complejidad del debate tributario y la existencia de fuertes divergencias incluso entre sus propios aliados. La propuesta de eliminar las contribuciones a la propiedad, inicialmente presentada como una medida para aliviar la carga impositiva de los ciudadanos, ha generado preocupación en el mundo municipal, que ve en este impuesto una fuente crucial de ingresos para financiar servicios básicos y proyectos de desarrollo local.

Luksic y Alessandri argumentan que la eliminación de las contribuciones dejaría un vacío financiero significativo en las arcas municipales, obligando a reducir servicios esenciales como educación, salud, seguridad y aseo urbano. Ambos alcaldes coinciden en que, si bien es necesario revisar el sistema tributario para hacerlo más justo y eficiente, la eliminación de este impuesto no es la solución.

“Entendemos la necesidad de aliviar la carga tributaria de las familias, pero no podemos hacerlo a costa del financiamiento de los municipios”, declaró Luksic en una conferencia de prensa. “Eliminar las contribuciones sería un golpe devastador para las finanzas locales y afectaría directamente la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Alessandri, por su parte, enfatizó la importancia de buscar alternativas que permitan mantener el flujo de recursos hacia las municipalidades. “Necesitamos una reforma tributaria integral que aborde las desigualdades y promueva el crecimiento económico, pero sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales”, afirmó. “Las municipalidades somos la primera línea de defensa en la prestación de servicios a la ciudadanía y necesitamos recursos para cumplir con nuestra misión”.

La postura de Luksic y Alessandri se suma a las críticas expresadas por otros alcaldes de diferentes sectores políticos, quienes también han advertido sobre los riesgos de eliminar las contribuciones a la propiedad. La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) ha manifestado su preocupación por esta propuesta y ha solicitado al gobierno iniciar un diálogo amplio con los gobiernos locales para buscar soluciones consensuadas.

El debate tributario en Chile se ha intensificado en los últimos meses, tras la llegada al poder de un nuevo gobierno que prometió una reforma profunda del sistema impositivo. Entre las propuestas que se han discutido se encuentran la eliminación de las contribuciones a la propiedad, el aumento de los impuestos a las grandes fortunas y la creación de nuevos impuestos a las empresas.

La propuesta de eliminar las contribuciones a la propiedad ha sido defendida por algunos sectores del gobierno, quienes argumentan que este impuesto es regresivo y afecta desproporcionadamente a las familias de menores ingresos. Sin embargo, los críticos señalan que esta medida podría generar un desequilibrio financiero en las municipalidades y obligarlas a recortar servicios esenciales.

La disidencia de Luksic y Alessandri pone de manifiesto la complejidad de este debate y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la necesidad de aliviar la carga tributaria de los ciudadanos y la importancia de garantizar el financiamiento adecuado de los gobiernos locales. La discusión se centra ahora en la búsqueda de alternativas que permitan reformar el sistema tributario sin comprometer la sostenibilidad financiera de las municipalidades.

Expertos en finanzas públicas coinciden en que la eliminación de las contribuciones a la propiedad requeriría la implementación de nuevas fuentes de financiamiento para las municipalidades. Entre las opciones que se han planteado se encuentran la creación de un fondo común municipal, el aumento de los recursos provenientes del gobierno central y la implementación de nuevos impuestos locales.

Sin embargo, estas alternativas también presentan desafíos y podrían generar nuevas controversias. La creación de un fondo común municipal, por ejemplo, podría generar disputas entre las diferentes regiones y municipios por la distribución de los recursos. El aumento de los recursos provenientes del gobierno central podría limitar la autonomía financiera de las municipalidades. Y la implementación de nuevos impuestos locales podría aumentar la carga tributaria de los ciudadanos.

En este contexto, la postura de Luksic y Alessandri se presenta como un llamado a la prudencia y a la búsqueda de soluciones consensuadas. Ambos alcaldes instan al gobierno a iniciar un diálogo amplio con los gobiernos locales y a considerar cuidadosamente los impactos de cualquier reforma tributaria en las finanzas municipales. La estabilidad financiera de las municipalidades es fundamental para garantizar la prestación de servicios básicos y el desarrollo local, y cualquier medida que ponga en riesgo esta estabilidad debe ser analizada con cautela. El futuro del financiamiento municipal en Chile está en juego, y la decisión que tome el gobierno tendrá consecuencias significativas para la calidad de vida de los ciudadanos.

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