Caracas, Venezuela – La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció este sábado una flagrante “justicia selectiva” en el país, tras la negativa de la amnistía a su abogado, Perkins Rocha, a pesar de la reciente ley promulgada por el gobierno interino. La ley, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez bajo la presión de Washington tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, ha generado controversia por su aplicación discrecional y la persistencia de la represión política.
Rocha, de 63 años y asesor legal de Machado, fue detenido en agosto de 2024 en el marco de una ola de arrestos que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo, un proceso electoral denunciado por la oposición como un fraude. Su caso se ha convertido en un símbolo de la inconsistencia y el carácter político de la amnistía, que se suponía debía aliviar la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela.
Actualmente, Rocha se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 8 de febrero, sometido a estrictas medidas de control que incluyen un grillete electrónico, vigilancia policial las 24 horas y la obligación de reportarse a las autoridades cada tres horas. A pesar de haber solicitado formalmente el beneficio de la amnistía, su petición fue denegada por la justicia venezolana, lo que ha desatado una ola de críticas y denuncias por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos.
“Negar la amnistía SELECTIVAMENTE es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca”, expresó Machado a través de su cuenta en la red social X. La líder opositora enfatizó que la negativa a otorgar la amnistía a Rocha es una clara señal de que el gobierno interino no está comprometido con una verdadera transición democrática.
Machado también recordó el reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que advirtió sobre la persistencia de prácticas represivas por parte del régimen venezolano. “Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados: LIBRES!”, subrayó la Nobel de la Paz, exigiendo la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos por razones políticas.
La ley de amnistía, aunque presentada como un gesto de buena voluntad por parte del gobierno interino, ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales (ONG) que alertan sobre su insuficiencia y su aplicación discrecional. Estas organizaciones señalan que la ley exige a los posibles beneficiarios solicitar la amnistía ante los mismos tribunales que los sentenciaron, lo que genera un conflicto de intereses y pone en riesgo la imparcialidad del proceso.
A pesar de las críticas, el gobierno interino ha anunciado un proceso de excarcelaciones desde el 8 de enero, cinco días después de la captura de Maduro. Según datos proporcionados por el Foro Penal, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, se han liberado a 690 presos políticos desde entonces. Además, el Parlamento ha informado que al menos 253 presos políticos han sido liberados desde la promulgación de la ley el pasado 19 de febrero, y se han otorgado 7.000 libertades plenas a personas con medidas cautelares.
Sin embargo, estas cifras no reflejan la totalidad de la situación. El Foro Penal estima que aún quedan más de 500 personas detenidas por razones políticas en Venezuela, lo que demuestra que la amnistía no ha logrado resolver por completo el problema de la represión política en el país.
El caso de Perkins Rocha pone de manifiesto las limitaciones de la ley de amnistía y la persistencia de la voluntad política de reprimir a la oposición. La negativa a otorgarle el beneficio de la amnistía, a pesar de su condición de abogado y asesor legal de una líder opositora de renombre, sugiere que el gobierno interino está utilizando la ley como una herramienta para mantener a raya a sus oponentes y consolidar su poder.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación de los presos políticos en Venezuela y ha instado al gobierno interino a garantizar el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la ley de amnistía. Sin embargo, la falta de avances significativos en este sentido plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno interino con una verdadera transición democrática.
La situación de Perkins Rocha, con su grillete electrónico y su vigilancia constante, es un recordatorio de la fragilidad de la libertad en Venezuela y de la necesidad de seguir luchando por la liberación de todos los presos políticos. La denuncia de María Corina Machado y la presión de la comunidad internacional son fundamentales para garantizar que la amnistía se aplique de manera justa y equitativa, y para que todos los venezolanos puedan disfrutar de sus derechos y libertades fundamentales. El futuro de la democracia venezolana depende, en gran medida, de la capacidad de superar la justicia selectiva y construir un sistema judicial independiente e imparcial.
