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Lima, Perú – Un juez de investigación declaró infundado el requerimiento fiscal de nueve meses de prisión preventiva contra el sacerdote Marco Agüero, permitiéndole recuperar su libertad mientras continúa la investigación por presuntos tocamientos indebidos cometidos en una parroquia de San Borja contra feligresas adultas y menores de edad. La decisión ha generado una ola de reacciones encontradas, desde el alivio de los seguidores del religioso hasta la indignación de las presuntas víctimas y sus representantes.
El sacerdote Agüero permaneció detenido en instalaciones del Departamento de Investigación Criminal de San Borja durante varios días, mientras la Fiscalía Especializada de Lima Centro intentaba, sin éxito, obtener la medida coercitiva más severa contra él. La fiscalía argumentaba la existencia de riesgos procesales que, a su juicio, justificaban la prisión preventiva, incluyendo la posibilidad de que el sacerdote obstaculizara la investigación, intimidara a testigos o huyera del país.
Sin embargo, el juez consideró que los argumentos presentados por la fiscalía no eran suficientes para justificar una medida tan drástica como la prisión preventiva. En su resolución, el juez enfatizó la importancia de garantizar el derecho a la libertad del investigado, así como la presunción de inocencia, principios fundamentales del debido proceso.
La salida del sacerdote de la dependencia policial estuvo marcada por un significativo despliegue de seguridad y la presencia de un numeroso grupo de parroquianos que le brindaron un cálido apoyo público. Los feligreses, muchos de ellos visiblemente emocionados, corearon cánticos y aplaudieron al sacerdote al momento de su liberación. Agüero, por su parte, optó por no emitir declaraciones ante la prensa que aguardaba en el exterior del recinto, limitándose a saludar a sus seguidores y abordar un vehículo que lo esperaba.
Las acusaciones contra el sacerdote Agüero son graves y detalladas. Las denuncias, presentadas por mujeres adultas y adolescentes, describen presuntos tocamientos indebidos ocurridos durante celebraciones litúrgicas y actividades pastorales en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría. Las denunciantes afirman que los hechos ocurrieron en un contexto de abuso de poder y aprovechamiento de la vulnerabilidad de las feligresas, quienes confiaban plenamente en el sacerdote.
La Quinta Fiscalía Especializada de Lima Centro no se quedó conforme con la decisión judicial y, de inmediato, interpuso un recurso de apelación. Los fiscales argumentan que la liberación del sacerdote representa un riesgo para la investigación, ya que podría permitirle influir en los testigos o destruir pruebas. Además, sostienen que la gravedad de los delitos imputados justifica la aplicación de una medida cautelar más severa.
La decisión del Poder Judicial ha generado una profunda controversia en un caso que ha conmocionado a la feligresía del distrito de San Borja. Las víctimas, respaldadas por el testimonio de múltiples testigos presenciales, han expresado su frustración y temor ante la posibilidad de que el sacerdote quede impune. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia han manifestado su preocupación por la falta de protección a las víctimas y han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva y transparente.
La Arquidiócesis de Lima, por su parte, emitió un comunicado oficial en el que reconoce la gravedad de las imputaciones contra el sacerdote Agüero. La institución eclesiástica se comprometió a brindar toda la colaboración requerida por las autoridades civiles en el marco de la investigación penal, reafirmando su compromiso con la justicia y la protección de las víctimas.
Asimismo, el Arzobispado de Lima anunció la suspensión preventiva del sacerdote de sus funciones ministeriales mientras se desarrolla el proceso judicial. Paralelamente, se inició una investigación canónica interna conforme a las normas de la Iglesia Católica, con el objetivo de determinar la responsabilidad del sacerdote en los hechos denunciados y aplicar las sanciones correspondientes.
Es importante destacar que la salida en libertad del sacerdote Agüero no implica la resolución definitiva de los cargos que pesan en su contra. El recurso de apelación presentado por la Fiscalía podría modificar la situación procesal del sacerdote, pudiendo incluso llevar a su reclusión preventiva. La decisión final recaerá en una sala superior del Poder Judicial, que analizará los argumentos de ambas partes y determinará si existen elementos suficientes para mantener o revocar la medida cautelar.
El caso del sacerdote Agüero ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas de abuso sexual en el ámbito religioso, así como la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las investigaciones de este tipo de delitos. La sociedad peruana espera que las autoridades competentes actúen con firmeza y diligencia para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia, protegiendo los derechos de las víctimas y previniendo la impunidad. La atención pública permanece fija en el desarrollo de este caso, que ha generado un profundo debate sobre la confianza en las instituciones y la necesidad de proteger a los más vulnerables.
