El sector educativo dominicano se encuentra sumido en un ciclo de reformas continuas, impulsadas desde la Presidencia y las autoridades ministeriales, que ha generado una profunda inestabilidad y pone en riesgo el desarrollo a largo plazo del sistema. Desde 2021, con la llegada del denominado “Cambio”, se han anunciado modelos educativos, planes decenales, pactos, reformas curriculares, cambios legislativos e incluso una propuesta de fusión institucional entre el Ministerio de Educación (MinerdRD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), evidenciando una preocupante falta de visión estratégica y coherencia en las políticas educativas.
La situación se agrava si se considera la reciente historia del sector. Tras la pandemia, el discurso oficial ha oscilado entre la recuperación del sistema, el Modelo Educación para Vivir Mejor, el Decreto 365-23 que prioriza el nivel pre-universitario, el Plan Horizonte 2034 y, más recientemente, una nueva reforma legislativa y curricular integral anunciada en la rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026. Esta sucesión de iniciativas, lejos de fortalecer el sistema, lo ha sumido en un estado de confusión y desorientación.
El problema fundamental no reside en la necesidad de reformar, sino en la imposibilidad de permitir que las políticas educativas maduren y produzcan resultados verificables. Un plan decenal, por definición, debería ofrecer estabilidad estratégica, pero la presentación de una reforma integral apenas un año después de su anuncio transmite un mensaje claro: el marco anterior no era suficiente. Esta rápida sustitución de instrumentos estratégicos genera una señal de improvisación en lugar de coherencia, minando la confianza en el sistema y dificultando la implementación efectiva de las políticas.
La inestabilidad se ve exacerbada por la constante rotación ministerial. Desde 2021, el MinerdRD ha tenido tres ministros – Roberto Fulcar, Ángel Hernández y Luis Miguel De Camps – cada uno con estilos y prioridades distintas. Fulcar se enfocó en la continuidad educativa durante la crisis sanitaria y en el Modelo Educación para Vivir Mejor; Hernández, en el ordenamiento administrativo y en la elaboración de un anteproyecto para sustituir la Ley 66-97; y De Camps, con una nueva hoja de ruta y un enfoque renovado de gobernanza. En el Mescyt, tras una prolongada etapa bajo la dirección de Franklin García Fermín, también se produjo un relevo en medio del debate sobre la fusión institucional.
Cada cambio ministerial implica la llegada de nuevos equipos, prioridades, indicadores y narrativas, lo que se traduce en un reacomodo permanente del sistema educativo. Lo que desde la perspectiva política puede presentarse como renovación, para el sistema educativo representa una interrupción constante de los procesos y una pérdida de tiempo y recursos. En un sector donde las transformaciones se observan en horizontes de diez años o más, la estabilidad del liderazgo técnico no es un lujo, sino una condición básica para el éxito.
Otro factor clave en la actual situación es la participación constante de la Presidencia en las definiciones estratégicas del sector. Las grandes iniciativas han sido anunciadas directamente desde el Poder Ejecutivo, generando un efecto paradójico: aunque existe continuidad política en la figura presidencial, hay discontinuidad operativa dentro del sector. En la práctica, se produce un ciclo constante de redefinición estratégica sin consolidación institucional, lo que impide la construcción de un sistema educativo sólido y sostenible.
El caso de la Ley General de Educación 66-97 es particularmente ilustrativo. El 19 de marzo de 2024, una comisión designada por el ministro Ángel Hernández presentó una propuesta de anteproyecto para modificarla, tras dos años de discusiones. Sin embargo, pocos meses después, el ministro Sigmund Freund presentó una propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública que incluía la fusión entre el MinerdRD y el Mescyt. Este momento elegido refuerza la percepción de improvisación y de que el sector aún busca su modelo definitivo. Plantear una reorganización administrativa de gran escala mientras coexisten planes decenales, nuevas hojas de ruta ministeriales y una reforma curricular integral genera un mensaje confuso y desorientador para todo el sistema.
La política educativa dominicana parece avanzar mediante ciclos sucesivos de “relanzamiento”. Cada etapa se presenta como la gran transformación “histórica”, pero antes de que sus efectos puedan evaluarse emerge una nueva narrativa. Esto no es innovación; es inestabilidad estratégica. El Gobierno ha impulsado numerosas estrategias, pero pocas han contado con el tiempo o la estabilidad necesarios para demostrar resultados sostenidos. Tres ministros en el MinerdRD, dos en el Mescyt y reformas sucesivas anunciadas desde la Presidencia han generado la percepción de un sector que avanza por impulsos políticos más que por una visión institucional.
La educación no necesita otra gran reforma anunciada desde un podio. Necesita algo menos espectacular y mucho más exigente: continuidad, coherencia, criterio técnico y paciencia estratégica. Es fundamental establecer políticas educativas a largo plazo, basadas en evidencia y en el consenso de los actores relevantes, y garantizar la estabilidad del liderazgo técnico para asegurar su implementación efectiva. Solo así se podrá construir un sistema educativo dominicano capaz de responder a los desafíos del siglo XXI y de contribuir al desarrollo sostenible del país. La constante búsqueda de la “gran transformación” ha resultado contraproducente, generando un sistema en permanente estado de reforma, incapaz de consolidar avances y de ofrecer una educación de calidad a todos los dominicanos. Es hora de priorizar la estabilidad, la coherencia y la visión a largo plazo en la política educativa dominicana.
