BRASÍLIA – La polémica en torno al fin de la escala laboral 6x1 en Brasil se intensifica, con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el Congreso Nacional en desacuerdo sobre la mejor vía para alcanzar una reducción de la jornada laboral. Mientras el Ejecutivo defiende un proyecto de ley que establece una jornada de 40 horas semanales, la Cámara de Diputados analiza una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que propone una jornada aún más reducida de 36 horas semanales y la eliminación definitiva de la escala 6x1.
La situación ha generado preocupación en los círculos gubernamentales, ya que existe el temor de que una de las promesas electorales clave de Lula no se concrete. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara, Pedro Uczai, ha advertido que el gobierno podría verse obligado a presentar un proyecto de ley con urgencia constitucional si percibe que el Congreso está dilatando deliberadamente la discusión sobre la PEC. Esta medida forzaría a los diputados a analizar la propuesta en un plazo máximo de 45 días, bajo pena de paralizar la agenda del pleno de la Cámara.
Actualmente, la PEC se encuentra en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara, donde se evalúa su compatibilidad con la Constitución. El relator de la PEC, Paulo Azi, ha aprobado la realización de cuatro audiencias públicas para recabar opiniones de diversos sectores de la sociedad. La primera audiencia, celebrada el pasado martes 10, contó con la participación del ministro de Trabajo, Luiz Marinho. La próxima audiencia, programada para el miércoles 18, tendrá como invitada a la subsecretaria de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda, Débora Freire.
Si se mantiene el ritmo de una audiencia por semana, la última se llevaría a cabo en la semana del 30 de marzo, lo que permitiría al relator presentar su informe. Sin embargo, existe la posibilidad de que se solicite un plazo adicional para la votación, lo que podría retrasar la etapa de la CCJ hasta mediados de abril.
En caso de ser aprobada en la CCJ, la PEC deberá ser analizada por una comisión especial, que tendrá hasta 40 sesiones para elaborar su informe. Con un ritmo de tres sesiones por semana, esta fase podría extenderse hasta el receso parlamentario.
La lentitud en la tramitación de la PEC ha generado críticas por parte de algunos diputados del PT, como Lindbergh Farias, quien ha denunciado un supuesto movimiento dentro de la Cámara para obstaculizar el avance de la propuesta. Uczai comparte esta evaluación y considera que el gobierno debe anticiparse a este escenario.
“Si el gobierno siente que están protelando en la comisión (de Constitución y Justicia de la Cámara), si percibe que (la discusión) va a avanzar más allá de abril, debería tomar una decisión y enviar a la Cámara (un proyecto de ley) con urgencia (constitucional)”, afirmó Uczai.
El gobierno también podría optar por apoyar uno de los proyectos sobre el tema que ya tramitan en la Cámara. La próxima semana, la Comisión de Trabajo votará una propuesta de la diputada Daiana Santos, que se alinea con los principales puntos defendidos por el gobierno: una jornada de 40 horas semanales y una escala 5x2 (cinco días de trabajo por dos de descanso) sin reducción salarial. El ministro Luiz Marinho no ha descartado esta posibilidad.
Uczai acusa a parlamentarios de derecha de intentar bloquear la agenda, afirmando que “no quieren votar” y que buscan “jugar para después de las elecciones”. Sin embargo, también señala que, si se llega a votar, “quiero verlos poner la huella y votar en contra”.
El líder del PT cuestiona la necesidad de las audiencias públicas en la etapa de la CCJ, preguntándose si se trata de discutir aspectos legales o constitucionales, o si simplemente se busca dilatar la discusión sobre el fondo del asunto.
Uczai minimiza el riesgo de que una eventual iniciativa del gobierno de enviar un proyecto de ley sobre el tema genere tensiones con el presidente de la Cámara, Hugo Motta, quien ha determinado que el asunto se analice a través de la PEC en busca de protagonismo para el Congreso.
“No creo que vaya a haber desgaste con el presidente Hugo Motta, en la medida en que él se convenza de que la sociedad tiene que debatir y decidir antes de las elecciones”, afirma Uczai. “Es una agenda suya y él se beneficia”.
El parlamentario destaca que existe un consenso dentro del Congreso en torno a la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, con una escala 5x2 y sin reducción salarial. Sin embargo, reconoce que la aprobación de la propuesta dependerá de la correlación de fuerzas en la sociedad.
“Si las federaciones y confederaciones comienzan efectivamente a construir una narrativa que consigue cambiar la opinión pública, facilita que protelen”, dice. “Pero si no logran cambiar la opinión pública, la discusión avanza”.
La situación actual refleja la complejidad de la agenda laboral en Brasil y la dificultad de conciliar las expectativas del gobierno, los intereses de los trabajadores y las preocupaciones del sector empresarial. El desenlace de esta disputa tendrá un impacto significativo en la vida de millones de trabajadores brasileños y en la competitividad de la economía del país. La presión aumenta a medida que se acercan las elecciones, y el gobierno se enfrenta al desafío de cumplir su promesa electoral sin comprometer la estabilidad política y económica. La próxima semana será crucial para determinar el rumbo de esta importante discusión.
