El presidente Yamandú Orsi presidió este jueves la primera sesión del Gabinete de Primera Infancia, marcando un hito en la política social uruguaya y señalando un compromiso gubernamental sin precedentes con la protección de los niños y adolescentes del país. La reunión, que tuvo lugar en Montevideo, representa la formalización de un equipo de trabajo aprobado en 2024 a través de la Ley de Garantías, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La iniciativa busca, según las autoridades, erradicar la fragmentación existente en las políticas dirigidas a la infancia y construir respuestas unificadas ante las complejas problemáticas que afectan a los más jóvenes.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, ofreció una rueda de prensa al término de la sesión, donde enfatizó la importancia de la presencia del presidente Orsi. “Marca la jerarquía que tiene para el gobierno esta política, la cual es central en la preocupación de la ciudadanía”, declaró Civila. El ministro reconoció abiertamente las fallas del Estado en la protección de la infancia, refiriéndose a casos dolorosos que se han repetido a lo largo de los años. “Venimos de casos dolorosos que se reiteran a lo largo de los años”, admitió, añadiendo que existen “fallas en los protocolos” que deben ser corregidas.
El Gabinete de Primera Infancia se propone, por lo tanto, revertir estos errores a través de un “trabajo integral y unificado de las distintas instituciones del Estado”. Civila insistió en que no habrá “excusas” para no abordar los problemas de las infancias, buscando una coordinación efectiva entre los diferentes organismos estatales involucrados en la protección de los derechos de los niños y adolescentes. La idea central es que todos los actores relevantes trabajen en conjunto, compartiendo información y recursos, para garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante situaciones de riesgo o vulnerabilidad.
La creación de este gabinete se produce en un contexto particularmente sensible, marcado por la reciente tragedia del adolescente Jonathan Correa, asesinado a golpes por su propio padre. El caso, que conmocionó a la opinión pública uruguaya, puso de manifiesto las deficiencias en los sistemas de protección infantil y la necesidad de una revisión profunda de los protocolos existentes. Sobre este caso específico, Civila aseguró que “hay investigaciones administrativas en curso en distintos ámbitos” y reconoció que “hubo fallas reiteradas del Estado a lo largo de los años” en la atención a la familia de Jonathan.
El Gabinete de Primera Infancia no se limitará a abordar casos de violencia extrema como el de Jonathan Correa. Su objetivo es mucho más amplio y abarca la prevención de todas las formas de maltrato, la promoción del desarrollo infantil temprano, el acceso a la educación y la salud, y la garantía de un entorno familiar y comunitario seguro y protector. Se espera que el gabinete impulse la implementación de políticas públicas basadas en evidencia científica y adaptadas a las necesidades específicas de cada niño y adolescente.
La Ley de Garantías, que dio origen al Gabinete, establece un marco legal para la protección de la infancia, definiendo los derechos de los niños y adolescentes y las responsabilidades del Estado en su garantía. La ley también establece mecanismos de control y supervisión para asegurar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de protección infantil.
La iniciativa del gobierno de Yamandú Orsi ha sido recibida con cautela por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia. Si bien valoran positivamente la creación del Gabinete y la atención que el gobierno está prestando a este tema, advierten que la implementación efectiva de las políticas públicas requerirá un compromiso sostenido y una asignación adecuada de recursos.
Algunos expertos señalan que uno de los principales desafíos que enfrentará el Gabinete será superar la burocracia y la falta de coordinación entre las diferentes instituciones estatales. La experiencia ha demostrado que, en muchos casos, la información relevante no fluye adecuadamente entre los organismos involucrados, lo que dificulta la detección temprana de situaciones de riesgo y la intervención oportuna.
Otro desafío importante será garantizar la participación de los niños y adolescentes en la toma de decisiones que les afectan. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los niños tienen derecho a expresar su opinión y a que esta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les conciernen. El Gabinete de Primera Infancia deberá asegurar que se cumpla este derecho, creando espacios de participación para que los niños y adolescentes puedan expresar sus necesidades y preocupaciones.
La sesión inaugural del Gabinete de Primera Infancia representa un paso importante en la dirección correcta. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del gobierno para traducir sus buenas intenciones en acciones concretas y para garantizar que todos los niños y adolescentes uruguayos tengan la oportunidad de crecer en un entorno seguro, protector y propicio para su desarrollo integral. La ciudadanía observa con atención y espera resultados tangibles que demuestren un verdadero compromiso con la protección de la infancia. El futuro de los niños y adolescentes de Uruguay está en juego.
