El gobierno dominicano ha lanzado una ofensiva integral contra el comercio ilícito, formalizando una respuesta estatal coordinada que incluye una auditoría nacional de permisos y licencias comerciales. La iniciativa, anunciada tras una reciente sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, busca frenar la competencia desleal, proteger la economía nacional y salvaguardar la salud del consumidor. La estrategia se basa en la fusión de inteligencia de mercado y el endurecimiento del control fiscal, anticipando una mejora significativa en la trazabilidad y la protección de las inversiones formales en todo el territorio dominicano.
La Mesa de Coordinación, que se reunió en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), integró las áreas de inteligencia y fiscalización de los ministerios de Industria, Comercio y MiPymes, Hacienda y Economía. Esta integración representa un bloque único de acción estatal, que coordinará esfuerzos con organismos ejecutores clave como la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom). La colaboración interinstitucional es fundamental para el éxito de la estrategia, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva ante las actividades ilícitas.
El ministro de Industria, Comercio y MiPymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó la importancia de haber “institucionalizado el diálogo” entre el sector público y privado. Según Sanz Lovatón, la inteligencia de mercado proporcionada por los gremios empresariales se ha convertido en políticas públicas vinculantes, demostrando el compromiso del gobierno con el sector productivo. “El Estado está escuchando al sector productivo. Cada inquietud presentada por los gremios ha sido catalogada y ahora se traduce en acciones concretas de fiscalización y revisión de permisos”, afirmó el ministro.
Sanz Lovatón calificó el comercio ilícito como “un ataque directo a la competitividad del país”, subrayando la necesidad de combatir la competencia desleal y proteger la salud del consumidor. El funcionario aseguró que toda actividad comercial en el país debe enmarcarse en la legalidad y que el Estado se compromete a “nivelar el terreno de juego” para las industrias que cumplen con las normativas. Esta declaración refleja la determinación del gobierno de crear un entorno empresarial más justo y equitativo.
La auditoría nacional, que será el pilar central de la estrategia, implica una revisión exhaustiva de los permisos y licencias comerciales existentes. Se adoptarán nuevas métricas de trazabilidad y se fortalecerán los sistemas de control fiscal para garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Este proceso ha sido validado tanto por el liderazgo público como por los principales referentes empresariales del país, lo que demuestra el amplio consenso en torno a la necesidad de combatir el comercio ilícito.
La sesión de la Mesa de Coordinación contó con la participación de altos funcionarios del gobierno, incluyendo el ministro de Hacienda, Magín Díaz; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; y el director ejecutivo de Pro-Consumidor, Eddy Alcántara. El sector privado estuvo representado por Juan José Attías, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la organización. La presencia de estos líderes gremiales subraya que las medidas no son decisiones unilaterales del gobierno, sino el resultado de un proceso de escucha y articulación con los sectores productivos.
La colaboración público-privada permitirá transitar hacia un marco regulatorio más estricto y transparente frente a la evasión fiscal y el comercio ilegal, dos problemáticas que históricamente han restringido el desarrollo formal del mercado dominicano. La implementación de este marco regulatorio más riguroso se espera que impulse la formalización de las empresas y aumente la recaudación fiscal.
El paquete de medidas pone un énfasis particular en la protección del consumidor y la consolidación de un entorno competitivo para los actores que cumplen la ley. Las autoridades indicaron que la implementación de la auditoría nacional y sus nuevos mecanismos de fiscalización iniciará en los próximos meses, con la expectativa de reducir sustancialmente la incidencia del comercio ilícito. Se espera que esta reducción tenga un impacto positivo en la economía nacional, generando más empleos y aumentando la inversión.
La auditoría forma parte de una ofensiva más amplia cuyo impacto se medirá tanto en los niveles de recaudación como en la equidad en la competencia empresarial. Sanz Lovatón y los representantes empresariales presentes en la mesa de coordinación ratificaron este compromiso, destacando la importancia de crear un entorno empresarial más justo y transparente. Se espera que la iniciativa contribuya a fortalecer la economía dominicana y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Los detalles específicos de la auditoría nacional, incluyendo los criterios de evaluación y los plazos de implementación, serán anunciados en las próximas semanas. Las autoridades han asegurado que el proceso será transparente y que se brindará a las empresas la oportunidad de presentar sus argumentos y corregir cualquier irregularidad. El objetivo final es crear un sistema comercial más justo y eficiente, que beneficie a todos los actores involucrados. La respuesta del sector privado ha sido mayoritariamente positiva, reconociendo la necesidad de combatir el comercio ilícito y de fortalecer la economía nacional. Se espera que la colaboración entre el sector público y privado continúe siendo un pilar fundamental en la implementación de esta estrategia.
