El Gobierno peruano ha anunciado un conjunto de medidas urgentes tras la crisis energética desencadenada por la deflagración del gasoducto en Megantoni, Cusco. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, lideró una conferencia de prensa donde se detallaron las acciones que se implementarán para mitigar el impacto en la población y asegurar la continuidad de los servicios básicos, priorizando a los sectores más vulnerables. La situación ha generado preocupación por un posible desabastecimiento de gas natural en Lima y Callao, afectando a más de 2 millones de familias.
La premier Miralles enfatizó que el objetivo principal es racionalizar el uso del gas natural, garantizando el suministro para los hogares. Para ello, se liberarán reservas estratégicas de combustible y se intensificará la supervisión para evitar el alza injustificada de precios en los grifos. El gobierno ha advertido que no tolerará la especulación y el acaparamiento de combustibles, y ha puesto en marcha operativos de control a través de Indecopi y Osinergmin, con sanciones severas para quienes infrinjan las normas.
El ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, anunció medidas específicas para proteger a los sectores más vulnerables. El Vale FISE se incrementará temporalmente de S/ 20 a S/ 30 durante los próximos 30 días, beneficiando a 1.3 millones de familias y ayudándolas a afrontar posibles variaciones en el costo del gas doméstico. Además, el Estado asumirá el pago de la cuota mínima mensual de la deuda por conversión a gas natural de los taxistas, lo que representa un beneficio de S/ 120 por conductor, buscando aminorar el impacto del incremento de los combustibles en el sector transporte.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, el ministro Ángelo Alfaro explicó que se está trabajando en estrecha coordinación con las principales empresas del sector, como Cálidda, TGP, Pluspetrol, Repsol y Kallpa, para gestionar la crisis técnica. Alfaro señaló que la demanda de GLP ha aumentado debido a la migración de la industria, que previamente utilizaba gas natural. “La información se está actualizando día a día de acuerdo al comportamiento del mercado”, afirmó. Para agilizar la distribución, se flexibilizarán ciertas normativas, liberando exigencias para superar los cuellos de botella en el transporte de combustibles líquidos y gas. El ministro de la Producción, César Quispe, confirmó que las empresas importadoras de GLP cuentan con stock suficiente para cubrir el consumo de la población y los sectores productivos.
El ministro de Transportes, Aldo Prieto, garantizó el suministro de combustible para la flota de 6 mil buses que operan en la capital, incluyendo el Metropolitano, los corredores complementarios y el sistema AeroDirecto. Esta medida busca evitar la paralización de la ciudad y proteger el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. La recolección de basura en distritos como Villa El Salvador, que se vio afectada por la falta de gas en los camiones compactadores, ha sido priorizada dentro del decreto de emergencia, al ser considerada un servicio esencial de salud pública.
En el ámbito laboral, el ministro Óscar Fernández anunció la promoción del teletrabajo en Lima y Callao a partir de la próxima semana, como una medida para reducir la movilidad urbana y, por ende, el consumo de combustible. Se instó a las empresas privadas a adoptar esta modalidad o a adelantar vacaciones en sectores industriales donde la operatividad dependa del suministro de gas. En el sector educativo, se confirmó que todos los colegios de Lima y Callao pasarán a modalidad de clases remotas durante una semana, con el fin de minimizar el desplazamiento de estudiantes y docentes.
La seguridad es una prioridad para el gobierno. El ministro Alfaro hizo un llamado de atención a los taxistas que utilizan vehículos con gas natural, advirtiéndoles sobre el peligro de instalar adaptadores para GLP. “Es un acto criminal de aquellas personas que están vendiendo adaptadores de gas natural para GLP”, enfatizó, explicando que la diferencia de presión representa un riesgo de explosión.
El gobierno ha declarado un estado de emergencia que permitirá agilizar la toma de decisiones y la implementación de medidas necesarias para afrontar la crisis. Se espera que estas acciones permitan estabilizar el suministro de combustible y minimizar el impacto en la población y la economía del país. La situación sigue siendo monitoreada de cerca por las autoridades, quienes se comprometen a mantener informada a la ciudadanía sobre los avances y las nuevas medidas que se implementen. La colaboración entre los diferentes ministerios y las empresas del sector es fundamental para superar esta crisis y garantizar el bienestar de la población peruana. Se espera que en los próximos días se pueda evaluar la magnitud real de los daños en el gasoducto y establecer un cronograma para su reparación, lo que permitirá restablecer el suministro normal de gas natural en la región afectada.
