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San Juan de Lurigancho (SJL) se ha convertido en escenario de una escalofriante ola de violencia, con dos asesinatos ocurridos en menos de una semana que han sembrado el pánico entre sus habitantes. El más reciente, perpetrado en la madrugada del 6 de marzo de 2026, ha dejado a un hombre acribillado de más de 15 disparos en plena vía pública, a escasos metros de una central de monitoreo del Serenazgo y frente a una capilla, evidenciando la audacia de los criminales y la creciente sensación de inseguridad en el distrito.
El incidente, según reportes de nuestro corresponsal Michael Sánchez, tuvo lugar en el pasaje Santa Rosa, dentro de la urbanización Zárate. Vecinos relataron haber sido despertados por una ráfaga de disparos provenientes de una mototaxi que se detuvo brevemente en el lugar. De ella descendió un individuo, quien sin mediar palabra, abrió fuego contra la víctima a quemarropa. La brutalidad del ataque dejó al hombre sin vida en el acto, sumiendo a la comunidad en un estado de shock y temor.
Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida, aunque las autoridades presumen que podría tratarse de un ciudadano extranjero. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha desplegado un operativo para acordonar la zona y recabar pruebas que permitan esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables. La cercanía del lugar del asesinato a la central de monitoreo del Serenazgo ha generado interrogantes sobre la efectividad del sistema de seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
Este nuevo episodio de violencia se suma al ocurrido el pasado 22 de febrero, cuando Ronald Márquez Sotelo, dueño de la discoteca “Terraclub”, fue asesinado a sangre fría en la cuadra 2 de la calle Wiracocha. En ese entonces, tres atacantes abordaron a Márquez, quien intentó defenderse disparando con su propia arma, pero finalmente sucumbió a las heridas. Las investigaciones revelaron que Márquez venía siendo víctima de extorsiones por parte de bandas criminales, a las que había dejado de pagar el cupo exigido, desencadenando así el ataque.
La muerte de Márquez, de 49 años, ha puesto de manifiesto la presencia de redes de extorsión que operan en SJL, aprovechándose de la vulnerabilidad de los comerciantes y empresarios. La situación ha generado una profunda preocupación entre los vecinos, quienes temen convertirse en las próximas víctimas de la delincuencia.
La repetición de estos hechos violentos ha desatado una ola de críticas hacia las autoridades locales y nacionales, a quienes se acusa de no tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. Los residentes de SJL exigen una mayor presencia policial, la implementación de estrategias de prevención del delito y la mejora de los sistemas de vigilancia y monitoreo.
Las cámaras de seguridad instaladas en el sector del último asesinato podrían ser clave para identificar a los autores del crimen y reconstruir los hechos. Sin embargo, la calidad de las imágenes y la cobertura del sistema son aspectos que aún están siendo evaluados por los investigadores.
La PNP ha anunciado que se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, así como se están realizando entrevistas a testigos y vecinos para obtener información que pueda conducir a la captura de los responsables. Se ha establecido un equipo especial de detectives para investigar el caso y se ha ofrecido una recompensa por información que permita identificar a los autores del crimen.
La situación en SJL es crítica y exige una respuesta urgente por parte de las autoridades. La ciudadanía se siente abandonada y vulnerable ante la creciente ola de violencia que azota el distrito. Es necesario implementar medidas integrales que aborden las causas de la delincuencia, fortalezcan la seguridad ciudadana y restauren la confianza de los vecinos en las instituciones del Estado.
El incremento de la criminalidad en SJL no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una tendencia preocupante que se observa en otras zonas de Lima Este. La falta de oportunidades, la pobreza, la desigualdad social y la presencia de bandas criminales son factores que contribuyen a la proliferación del delito.
Para abordar este problema de manera efectiva, es necesario implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y social, fortalezcan la educación y la salud, y generen oportunidades de empleo para los jóvenes. Asimismo, es fundamental fortalecer la capacidad de la PNP, mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y promover la participación ciudadana en la prevención del delito.
La comunidad de SJL se encuentra en estado de alerta y exige una solución inmediata a la crisis de inseguridad que vive el distrito. La muerte de estos dos hombres es un llamado de atención a las autoridades y a la sociedad en su conjunto. Es hora de tomar medidas drásticas para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos y construir un futuro más seguro para todos. La impunidad no puede seguir siendo la norma. La justicia debe llegar a los responsables de estos crímenes y enviar un mensaje claro a los delincuentes: la ley no permitirá que sigan sembrando el terror en las calles de Lima.
